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Por Ulises Rodríguez López
Representantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) intentaron defender el presupuesto solicitado para el ejercicio 2024 ante la Cámara de Diputados y terminaron por confirmar los gastos onerosos y el despilfarro de recursos públicos que tanto se ha denunciado en el PJF.
Como parte de las discusiones sobre el Presupuesto de Egresos Federal (PEF) 2024, Dimpna Gisela Morales González, Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intentó defender el presupuesto solicitado por el Poder Judicial para el próximo año.
No obstante, en su intento de argumentar y para responder preguntas de los legisladores, terminó por confirmar que se destinan casi 400 millones de pesos para las comidas de poco más de mil 700 personas de los altos rangos del PJF.
Fue el legislador morenista Hamlet Almaguer, quien cuestionó a la funcionaria sobre el destino de 386.3 millones de pesos que se gastan bajo el concepto de “Productos Alimenticios para Personas Servidoras Públicas Superiores del Consejo de la Judicatura Federal“.
La Oficial Mayor intentó defender dicha partida presupuestal argumentando que el monto no necesariamente refleja que todo se utilice, ni tampoco que los mil 767 funcionarios a quienes se les destina el dinero lo usen al 100%.
Empero, aún así la cantidad es considerable; los 386.3 millones están destinados para las comidas de mil 767 personas, si contamos que el año tiene 226 días hábiles, el monto destinado para alimentos de los altos mandos del CJF es de 967.34 pesos al día.
Dimpna Morales también intentó argumentar que 6 de los 13 fideicomisos que podrían desaparecer, están ligados a los “derechos laborales” de los trabajadores del Poder Judicial.
Estos derechos abarcan, pensiones “complementarias” y apoyos médicos “extraordinarios”. Y aseguró que el presupuesto solicitado está ligado a “garantizar el acceso a la justicia“.
“Si revisan a detalle el proyecto de presupuesto podrá observar que cada peso considerado está orientado a financiar su operación, es decir para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia y ampliar su alcance, sobre todo a la luz de las nuevas obligaciones establecidas por las reformas recientemente aprobadas”, defendió la funcionaria.
Con respecto a los supuestos recursos excedentes de presupuestos anuales que se han acumulado e integrado a los fideicomisos irregulares, la Oficial Mayor sostuvo que los recursos “derivan de los esfuerzos que hacemos los entes públicos para ajustar nuestro gasto de operación y que a través de esos esfuerzos nosotros podemos contener el gasto, al cierre del ejercicio pueden resultar disponibilidades por diferentes razones que pueden derivar de contratos abiertos, de diferencias cambiarías, y de algunos otros conceptos”.
Por ello, sostuvo que en el Poder Judicial no se quedan con los excedentes de sus recursos asignados, sino que surgen los recursos que se acumulan en los fideicomisos. Mientras que los excedentes del presupuesto se reintegran en su totalidad a la Tesorería de la Federación.
Finalmente, de nuevo Hamlet Almaguer cuestionó sobre el hallazgo en 2018 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de los fideicomisos del Poder Judicial, hecho en el que aseguró que hubo irregularidades.
La Oficial Mayor reconoció que en 2018 la ASF realizó fiscalizaciones, entre las cuales revisó los fideicomisos del PJF. Sin embargo, defendió que en ninguna parte de los informes realizados se encuentra que la Auditoría reportara una ilegalidad con respecto a la conformación de los fideicomisos o un manejo inadecuado de los mismos, sino que el órgano federal emitió solamente “recomendaciones”.
Tan solo la SCJN solicitó para 2024 un total de 6 mil 109 millones de pesos, de los cuales, más de 2 mil millones de pesos se destinarían a partidas como actividades deportivas, utensilios de cocina, alimentos, bonos, seguros de gastos médicos, telefonía celular y gasolina para los 11 ministros, por lo que desde Morena analizan un ajuste en su presupuesto.
El total del presupuesto solicitado por el Poder Judicial, encabezado por la Ministra Presidenta Norma Piña, contempla un presupuesto de 84 mil 792 millones de pesos, casi 4% mayor al asignado en 2023.
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