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Por Ulises Rodríguez López
Apartir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó la prisión preventiva oficiosa contra las “factureras”, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) disparó la detección de este delito en un 533%.
Las factureras son empresas o personas físicas que simulan operaciones inexistentes con el fin de evadir obligaciones fiscales. Y de acuerdo con los datos del SAT, en 2022 el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda (SHCP) sólo notificó a 15 contribuyentes por haber detectado inconsistencias en sus comprobantes fiscales o facturas.
Sin embargo, en 2023, con corte a noviembre, esta cifra se disparó a 98, de los cuales 12 ya se encuentran como definitivos y en otros 86 se mantiene la presunción de que simularon operaciones, por lo que estos últimos aún pueden hacer uso de algún medio de defensa para desestimar los hallazgos del SAT.
El repunte de factureros coincide con la eliminación de la prisión preventiva oficiosa a presuntos factureros decidida por SCJN, según dio a conocer la periodista Dora Villanueva en La Jornada.
La medida, de acuerdo con autoridades hacendarias y tributarias, servía más como un inhibidor para pequeños y medianos contribuyentes; mientras sus efectos penales estaban más enfocados hacia la delincuencia organizada y de cuello blanco.
Incluso, la Fiscalía General de la República (FGR) notificó que que sólo 12 personas habían sido sujetas a prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales, menos de uno por ciento de los mil 714 presuntos factureros publicados por el SAT entre 2020 y 2022.
Hasta la fecha hay 12 mil 768 contribuyentes de los que el SAT ha presumido emitieron facturas sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para operar.
De estos 10 mil 798 contribuyentes fueron catalogados como definitivos, es decir, que se comprobó su actividad ilícita. Mientras que mil 442 presentaron un medio de defensa ante la acusación y la sentencia les fue favorable. Finalmente, 197 más se mantienen bajo la presunción de haber facturado operaciones inexistentes, incluso algunos se encuentran en ese limbo desde 2014..
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