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Por Jasminia DP
MAY 1, 2023
Amanda García González, la magistrada federal que votó a favor de descongelar las cuentas de la esposa de García Luna, mantiene en la estructura del 17 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa a su “familiar” Alberto Limón Lasón González. Ambos aparecen como directivos de un rancho que supuestamente ha defraudado por alrededor de 70 millones de pesos, al menos, a 11 particulares. En su modus operandi, Limón se ostenta como “dueño” de la empresa –de la que en realidad es socio mayoritario– y se encarga de buscar “inversionistas” para aparentes proyectos agropecuarios. En el proceso de convencimiento hace alarde de su puesto en el Consejo de la Judicatura Federal y su parentesco con la magistrada. Las víctimas no vuelven a ver su dinero y las denuncias no avanzan en el Poder Judicial, reveló una investigación de Contralínea.
La magistrada federal del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, es tesorera de una empresa agropecuaria que supuestamente ha sido utilizada para defraudar. El encargado de captar recursos –que según denuncias son estafados a inversionistas es secretario del mismo Tribunal y se presenta como “familiar” de la magistrada. Al mismo tiempo es socio y presidente del Consejo de Administración de la empresa agropecuaria. La juzgadora fue quien el 21 de febrero pasado votó, junto con sus pares del Tribunal, Rolando González Licona y Eduardo Baltazar Robles, el desbloqueo de las cuentas de : Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, quien ese mismo día era encontrado culpable de narcotráfico en Estados Unidos.
Corporación Rancho San José, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (SPR de RL de CV), es el nombre de la unidad económica acusada de presuntamente participar en los fraudes. Está asentada en 23 hectáreas del poblado y municipio Doctor Mora, en Guanajuato. Se dedica, formalmente, a la cosecha de hortalizas y vegetales de exportación hacia Estados Unidos, como indican documentos del Registro Público de la Propiedad del estado.
Demandas penales y mercantiles dan cuenta de, al menos, 11 personas defraudadas por alrededor de 70 millones de pesos, de acuerdo con dos sistemas de bases de datos de información legal y judicial consultados por Contralínea. Al monto se deben sumar los intereses ordinarios y moratorios que han generado los incumplimientos de pago, se advierte.
Según la información documental recabada, las personas defraudadas habrían entregado a Limón Lasón González cantidades que van desde los 460 mil a los 22 millones de pesos, entre 2017 y 2022.
Un documento del Registro Público de Comercio de San José Iturbide, Guanajuato –del cual Contralínea posee copia– da cuenta de la estructura de la empresa utilizada en los supuestos fraudes. Fechado el 8 de octubre de 2018, consigna la realización el 27 de julio de ese año de una asamblea ordinaria y otra extraordinaria para actualizar la representación de Corporación Rancho San José, SPR de RL de CV.
Los integrantes del Consejo de Administración, según el instrumento, son: Alberto Limón Lasón González, presidente; José Ramón Martínez Zepeda, secretario, y Julio Ricaud Garza, tesorero. Mientras, los del Consejo de Vigilancia: Alejandra González Fernández, presidenta; Roberto Limón Lasón Roldán, secretario, y Amanda Roberta García González, tesorera.
Es decir, la jefa de Limón Lasón González en el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, y al mismo tiempo su “familiar” –la magistrada García González–, es la encargada de vigilar y administrar los recursos que ingresan al Corporativo Rancho San José.
Todas las personas que se dicen estafadas celebraron contratos para “invertir” en la empresa agropecuaria a cambio de recibir rendimientos mensuales de entre el 5 y el 9 por ciento, más tasas de hasta el 10 por ciento en caso de moratoria, relata el medio.
La magistrada García González, por su parte, omitió informar de su participación en la Corporación Rancho San José en la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses que presentó el 24 de mayo de 2022 ante el propio Poder Judicial de la Federación. En el documento se puede observar que es propietaria de siete bienes inmuebles –un edificio y seis casas– que adquirió entre 1985 y 2017 por 24 millones 198 mil pesos. En la mayoría de los casos, pagó de contado. También posee tres vehículos de lujo: una camioneta Infiniti, un automóvil Jaguar y una camioneta Outlander.
Alberto Limón Lasón González es un licenciado en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), graduado en 2011 y, según su credencial expedida por el Consejo de la Judicatura Federal, con número 00668, es “secretario de tribunal del 17mo. Tribunal Colegiado en Mat. Administrativa del 1er. Cto.” (sic).
En las cuentas de redes sociales tanto de la magistrada y como del secretario abundan las fotografías de reuniones familiares en las que ambos aparecen festejando cumpleaños o incluso, vacacionando. Y también, por separado, dan cuenta de una vida de lujos y derroche.
Según las denuncias, Alberto Limón Lasón González se hace pasar como “legítimo propietario” del Rancho, cuando en realidad es socio mayoritario de la empresa Corporación Rancho San José. Una de ellas, que data de 2018, establece que el objeto del contrato es “crear una sociedad de inversión para la adquisición y producción de hortalizas”. Mediante este instrumento recibió más de 3 millones, por ejemplo.
En las cláusulas del contrato se señala que como resultado de la asociación, el asociante recibiría como rendimiento el 9 por ciento del valor de lo aportado. Uno de los pagarés, de más de una decena con que cuenta Contralínea, está fechado el 3 de noviembre de 2020 por 3 millones, más el 3 por ciento mensual de los intereses ordinarios y del 5 por ciento de intereses moratorios.
En audios, de los cuales Contralínea posee copia, se escucha a Limón Lasón discutir con algunas de sus víctimas. En ellos reconoce haber recibido millones de pesos y asume que no tiene ya ese dinero. Conforme las discusiones suben de tono, se ufana de haber recibido incluso dinero sin documentar y les espeta a sus interlocutores: “¡Bendito Dios y agradezco a la corte celestial” (que obtuvo ese dinero abusando de la confianza sin que quedara registro en algunos de los casos). Incluso, en uno de los audios se le escucha decir: “¡Déjense venir..!” y “¡Háganle como quieran, yo no voy a pagar nada!”
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