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ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADA
Por corrupción, gobierno del Estado cancela proyecto de construcción de C-5 en Reynosa y la prestación para servicio de Red de Seguridad Pública
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jueves, 29 de junio de 2023 · 05:54
El gobierno de Tamaulipas determinó rescindir el contrato de Asociación Pública Privada (APP) por más de 4 mil millones de pesos con la desarrolladora Tres10, debido a las irregularidades, deficiencias e incumplimientos de dicha empresa en la construcción del C-5 de Reynosa y la prestación para el Servicio de Red de Seguridad Pública en el Estado, considerado el más grande monumento a la corrupción, simulación, desfalco y robo al pueblo de Tamaulipas por parte del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
El 27 de junio del 2019, con la autorización y complicidad del Congreso del Estado, entonces dominado por legisladores del Partido Acción Nacional,
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García Cabeza de Vaca, a través de representantes legales de la empresa, suscribieron un contrato de asignación directa por 4,058,456,111 (cuatro mil cincuenta y ocho millones, cuatrocientos cincuenta y seis mil, ciento once pesos), a liquidarse en seis años, comprometiendo recursos federales, además de constituir un fideicomiso irrevocable para garantizar el pago a Tres10, contratando como fiduciaria a BancaMIFEL.
El contrato tenía como finalidad: el equipamiento del monitoreo y enlace estatal de video y vigilancia urbana, identificación vehicular carretera y demás infraestructura relacionada; el diseño, construcción, adecuación y equipamiento del C5; la remodelación, adecuación y equipamiento de los Centros de Mando Regionales y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura respectiva a lo largo de la vigencia del contrato.
Tras las reformas en el Congreso del Estado que permitieron reincorporar el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C-5) de la Fiscalía General de Justicia al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, se inició un proceso exhaustivo de revisión de la operación y funcionamiento del contrato otorgado a la empresa Tres10, lo que permitió descubrir múltiples incumplimientos por parte del desarrollador, destacando un sobreprecio significativo en la inversión realizada, pues según el avalúo preliminar el monto invertido no supera los 1,500 millones de pesos, lo que hace presumir corrupción, colusión y complicidades en el proceso de contratación y ejecución de este proyecto.
Debido a las irregularidades y controversias, el mes de mayo de este año se inició el proceso de rescisión de contrato notificando a la empresa desarrolladora información sobre los incumplimientos, trabajos inconclusos, deficiencias en el servicio y la omisión de la fianza que garantizaba el mantenimiento del proyecto.
El proceso de revisión y rescisión del contrato derivó en la suspensión de pagos a la empresa, los cuales ascienden a más de 60 millones de pesos mensuales.
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