a Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo contra la Reforma a la Ley Minera propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por mayoría en el Congreso que restringe las concesiones y quita la prioridad a la minería sobre otras actividades humanas.
La Segunda Sala de la SCJN otorgó el amparo a Emiliano Ruíz Hernández quien solicitó una concesión minera en octubre de 2019, sin embargo el quinto transitorio de la reforma minera de AMLO establece que las solicitudes de exploración y explotación serán desechadas. Esto para cumplir con la reforma aprobada por el Legislativo que pretende que ya no se otorguen nuevas concesiones mineras.
Los Ministros Javier Laynez, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán establecieron que este artículo es inconstitucional por considerarlo retroactivo. Y señalaron que el demandante tiene derecho a que se resuelva su solicitud.
“El quejoso tiene el derecho a que su solicitud sea resuelta de acuerdo con las normas vigentes a la época en que la formuló, en octubre de 2019. Sin embargo, sin justificación alguna, el transitorio impugnado dispone que esas solicitudes serán desechadas sin mayor trámite y esto resulta violatorio del principio de irretroactividad de la ley en perjuicio del gobernado”, dice la sentencia.
No obstante, la Ministra Lenia Batres y la Ministra Yasmin Esquivel, cuestionaron la concesión del amparo solo por el tema del quinto transitorio, cuando el Pleno tiene pendiente la acción respectiva, que podría llevar a la invalidez con efectos generales de toda la reforma.
La reforma minera de López Obrador fue aprobada en abril de 2023 y contiene puntos importantes en materia de delitos mineros, como no garantizar la seguridad de los trabajadores de las minas. Además de garantizar la prioridad del agua para el consumo humano y no para las actividades mineras como lo había establecido el expresidente Carlos Salinas de Gortari.
Asimismo, incluía reglamentaciones para beneficiar la protección del medio ambiente, a los pueblos originarios y la reducción de plazos de las concesiones.
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