Las tres nuevas consejeras del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) buscan elevar su sueldo mensual neto de 87 mil 821.02 pesos a poco más de 135 mil, y para ello, pretenden violar la Ley de Austeridad con lo que ganarían incluso más que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Se trata de las consejeras María de los Ángeles Gil Sánchez, Maira Melisa Guerra Pulido y Cecilia Aída Hernández Cruz, quienes el pasado 4 de noviembre presentaron una demanda al Tribunal Electoral local en contra de un acuerdo de la Junta Administrativa que fija su salario en dicha cantidad.
Las consejeras apelan a algo que llaman “principio de igualdad salarial”, pues tres de sus compañeros, Erika Estrada, Sonia Pérez y Ernesto Ramos, también impugnaron esa percepción por una mayor y actualmente perciben una remuneración neta de 135 mil 779.36 pesos mensuales.
Su sueldo se complementa con 2 mil 200 pesos mensuales de vales de despensa, 14 mil 500 ese concepto para fin de año, 500 pesos de vales para un pavo, así como aguinaldo de 40 días de salario bruto y prima vacacional equivalente a 30 por ciento de su sueldo neto.
Sin embargo, consideraron que no es suficiente. La pretensión salarial de las consejeras, contrasta con el salario neto de Sheinbaum, quien devenga 133 mil 332.97 pesos mensuales, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública.
La presidenta del IECM, Patricia Avendaño, es la única que se ha ajustado al nuevo tabulador, por lo que su salario es de 87 mil pesos mensuales netos.
Las consejeras pidieron, además, que en cualquier documento, acuerdo o resolución con motivo de la demanda se borren sus datos personales como nombres y apellidos ya que no quieren ser identificadas; también solicitaron el retiro del juicio de los estrados para que no pudiera ser consultado de manera pública.
En su demanda firmada el 29 de octubre, las consejeras refieren que la Junta Administrativa viola los principios de igualdad jurídica y salarial, autonomía e independencia, pues el hecho de ganar menos que tres de sus compañeros vulnera su “derecho a recibir un pago idéntico al de ellos, lo que sería idóneo para respetar nuestro derecho a ejercer el cargo en condiciones de igualdad de trato, como funcionarias con la misma calidad”.
Añaden que recibir un salario menor que el de sus compañeros, “afecta el valor de la dignidad”.
La existencia de consejerías electorales que reciben un trato o remuneración de primera y otros de segunda evidentemente afecta el valor de la dignidad, en su lugar, debe prevalecer una interpretación que reconozca nuestro derecho a una remuneración justa.
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