Las
Comisiones de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables declararon
procedente la iniciativa promovida por el Diputado Sergio Arturo Ojeda
Castillo, que reforma el artículo 1269 del Código Civil del Estado.
Esta
modificación busca garantizar el acceso equitativo a la justicia e
inclusión de las personas con discapacidad auditiva, al reconocer
expresamente la Lengua de Señas Mexicana como un medio válido para la
manifestación de la voluntad en actos jurídicos.
Asimismo, la
iniciativa propone que el consentimiento pueda expresarse mediante
medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, homologando
así la legislación estatal con el Código Civil Federal.
En
Tamaulipas, más de 74 mil personas enfrentan una limitación auditiva y
más de 33 mil tienen discapacidad auditiva, de acuerdo con cifras del
INEGI y del Gobierno de México.
La Diputada Elvia Eguía Castillo
destacó que esta acción legislativa responde a estándares
internacionales que garantizan el respeto a los derechos humanos y la
seguridad jurídica, fortaleciendo el compromiso con la armonización en
materia de derechos civiles y políticos.
"Con esta reforma, se
establecerá claridad en la regulación para evitar interpretaciones
arbitrarias y garantizar que todas las personas puedan ejercer su
voluntad de manera libre y efectiva en procedimientos administrativos,
jurídicos y contractuales", subrayó la legisladora.
Durante el
análisis en comisiones, representantes de distintos grupos vulnerables
participaron de manera virtual y expresaron su respaldo a la iniciativa.
Entre ellos, la maestra Fanny Eréndira Ramírez Barraza, directora de la
USAER y miembro de la Coordinación del Movimiento Estatal de Personas
con Discapacidad de Aldama, Tamaulipas, enfatizó la importancia de esta
reforma.
"El acceso a la comunicación es un derecho fundamental, y
la falta de reconocimiento de la Lengua de Señas Mexicana en la
legislación civil genera barreras injustas para miles de tamaulipecos
con discapacidad auditiva", afirmó Ramírez Barraza.
La reforma fue aprobada por unanimidad y turnada al Pleno Legislativo para su aprobación final.
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