Un tribunal federal validó la suspensión que favorece a Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, para así evitar ser aprehendido por haber causado un daño al erario de más de 3 mil millones de pesos con la construcción de 7 estaciones de Policía irregulares.
Fue el Segundo Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México declaró improcedente e infundada la queja que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) contra la suspensión provisional que impide capturar al ex Gobernador de Michoacán, quien asumió el cargo bajo a bandera del PRD.
La ponencia, presentada por Winyber Jiménez Navarrete, secretario en funciones de magistrado, confirma la suspensión de la orden de aprehensión contra el michoacano, asegurando que está “debidamente fundamentada” porque se basa en una jurisprudencia obligatoria para los juzgadores de esta capital.
“Respecto a la procedencia y justificación de la medida cautelar, se considera inoperantes, puesto que el juzgador federal apoyó su decisión en jurisprudencia obligatoria del pleno regional, en materia penal y del trabajo de la región, centro norte, aspecto que en forma alguna es combatida por los recurrentes”, dice la determinación.
El colegiado desechó todos los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR) que había ordenado la captura de Aureoles y dejó firme el fallo de la suspensión provisional dictada en primera instancia.
También confirmó que Aureoles debe pagar una garantía de 52 mil pesos para mantener vigente la protección judicial y su obligación de presentarse en un plazo de 3 días ante una juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente para comparecer en una audiencia inicial.
El 27 de febrero pasado, una juez federal ordenó la aprehensión de Aureoles y siete de sus ex colaboradores por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero. Esto debido a la presunta participación de 2016 al 2021 en la presunta contratación ilegal del desarrollo, arrendamiento y adquisición de siete cuarteles de seguridad pública por un monto total de 3 mil 412 millones 165 mil 310 pesos.
Silvano Aureoles.
La FGR había señalado que desviaron recursos, que pagaron sobreprecios, que las obras se construyeron sin proyectos ejecutivos; y que la empresa no era propietaria de los inmuebles cuando le adjudicaron los contratos. Sin embargo, el exmandatario ha sido beneficiado con amparos y suspensiones para mantenerse libre pero escondido en algún lugar de México.
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