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Por César Huerta
Una jueza federal vinculó a proceso a un ex alto funcionario de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y a siete de sus colaboradores por presuntamente dictar un laudo fraudulento que provocó un daño de 16.7 millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Patricia Sánchez Nava, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, procesó a José Cruz Franco Mendoza, quien hasta el año pasado presidió la Junta Número 4 de la JFCA, así como a sus exsubordinados por delitos contra la administración de justicia. Pese a la gravedad del caso, no se les impusieron medidas cautelares.
La juzgadora concluyó que los acusados formaron parte de un “plan delictivo” para validar una demanda laboral falsa que obligó al ISSSTE a pagar prestaciones de nivelación salarial e incapacidad permanente por un accidente automovilístico que nunca ocurrió.
Instalaciones de la JFCA.
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) señaló que los supuestos beneficiarios del engaño fueron Christian Ibarra Martínez y Ana Gabriela Rodríguez Margarito.
Además de Franco Mendoza, fueron procesados:
Rosa Tapia Nieto, representante de los trabajadores en la Junta
Moisés Islas Ruiz, representante de los patrones
Raúl Escobedo Pérez, ex auxiliar de la Junta Especial
Ana María Guadalupe Villegas Villegas, auxiliar de Junta Especial
Julio Sereno Celaya, secretario de acuerdos
María Nohemí Aline Herrera Gutiérrez y Armando Velázquez González, actuarios judiciales
Salvo Franco y Escobedo, todos los demás continúan laborando en la JFCA. Es la primera vez que servidores públicos en activo de este organismo —adscrito a la Secretaría del Trabajo— son llevados a proceso penal.
El modus operandi
Según la investigación, el 21 de junio de 2022, la Junta Número 4 admitió una demanda en la que los trabajadores Olga Juana Cortez Ramírez, Christian Ibarra y Ana Gabriela Rodríguez reclamaron plazas y reajustes salariales.
La FEMCC asegura que prácticamente todo el procedimiento fue fraudulento:
Ibarra nunca otorgó carta poder a su abogado, pero aun así la demanda avanzó.
El ISSSTE jamás fue notificado; se enteró cuando Banca Afirme informó del embargo a una de sus cuentas.
En octubre de 2022, los apoderados ampliaron la demanda para reclamar una plaza con mayor salario y prestaciones, además de la pensión de invalidez.
Alegaron un accidente vial en julio de 2021 en Parque Lira, Miguel Hidalgo, con las mismas secuelas para ambos: lesiones graves en columna y cervicales, uso de aparatos ortopédicos y pérdida del 60% de la vista.
El caso abre un precedente: por primera vez, un tribunal vincula a proceso a funcionarios en activo de la JFCA por un fraude contra el ISSSTE.
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