Organizaciones nacionales e internacionales de periodistas denunciaron el uso del asedio judicial y la prisión preventiva como mecanismos de censura y represión contra la libertad de prensa y expresión en México, particularmente en estados gobernados por mandatarios emanados de Morena.
A través de un comunicado conjunto, la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX), el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (CONALIPE) y la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP-México) señalaron que estas prácticas se han intensificado en los últimos meses, pese a los llamados públicos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para frenar este tipo de hostilidades contra comunicadores.
El gremio periodístico recordó que estas denuncias han sido expuestas en comunicados previos, notas informativas, columnas periodísticas y foros nacionales e internacionales, como el Congreso Internacional de Medios celebrado en Puebla, así como en reuniones realizadas en Mazatlán y en el Congreso Nacional de la FAPERMEX.
Las organizaciones lamentaron que gobernadores y gobernadoras señalados hayan hecho “oídos sordos” a los exhortos presidenciales, lo que, afirmaron, debilita el liderazgo federal y agrava el clima de hostigamiento contra la prensa.
Cuatro casos emblemáticos
El comunicado documenta cuatro casos recientes considerados graves precedentes contra la libertad de expresión:
El primero corresponde al periodista veracruzano Rafael León Segovia, conocido como “Lafita León”, quien fue detenido el 24 de diciembre en Coatzacoalcos y acusado de delitos graves, entre ellos terrorismo, tras un altercado vial. Las organizaciones consideran esta imputación una aberración jurídica y un precedente peligroso, al estar vinculada —según señalan— a su labor en la cobertura de nota roja en una región marcada por la violencia y la criminalidad.
El segundo caso es el del periodista campechano Jorge González Valdez, de 72 años, quien enfrenta un proceso penal promovido por la gobernadora Layda Sansores. Como medida cautelar, un juez le ordenó dejar de ejercer el periodismo durante dos años y cerrar el medio Tribuna, decisión que el gremio califica como censura directa y una violación a su derecho al trabajo y a la libertad de expresión.
En Puebla, el periodista Rodolfo Ruiz Rodríguez, director del portal e-consulta, fue vinculado a proceso por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Organizaciones como Artículo 19 han advertido irregularidades en el proceso y alertan que el caso se da en un contexto de investigaciones periodísticas críticas hacia autoridades estatales, lo que genera sospechas de represalia.
El cuarto caso señalado es el del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar, autor de la columna “El Zumbido del Moscardón”, quien ha sido objeto de investigaciones administrativas y hostigamiento judicial luego de publicar señalamientos sobre presuntos actos de corrupción y nepotismo en el gobierno estatal. El comunicador ha denunciado incluso amenazas de muerte tras ser exhibido públicamente por el gobernador Salomón Jara Cruz.
Exigen frenar la censura judicial
Las organizaciones periodísticas advirtieron que al histórico problema de asesinatos y desapariciones de periodistas en México ahora se suma el asedio judicial como una nueva forma de represión. De acuerdo con su monitoreo, desde 1983 a la fecha se han registrado 402 asesinatos relacionados con el gremio periodístico, además de 29 desapariciones forzadas.
Ante este panorama, FAPERMEX, CONALIPE y FELAP-México exigieron el cese inmediato del uso del sistema judicial para intimidar a periodistas y reiteraron la urgencia de aprobar la Agenda Legislativa Pendiente del Periodista, la cual consideran un blindaje fundamental para garantizar la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a estar informada.
Finalmente, hicieron un llamado a la presidenta de la República, al Congreso de la Unión, a los gobiernos estatales y a los congresos locales para implementar mecanismos efectivos de protección para periodistas, trabajadores de prensa y sus familias.
“¡Ya basta!”, señalaron, al reiterar su compromiso con la defensa de la palabra libre y el ejercicio periodístico en México.
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