R E G E N E R A C I Ó N S O C I A L
Por Oscar Alvizo
El pasado mes diciembre del 2025, la diputada local por Río Bravo y la parte sur de ciudad Reynosa, Francisca “Paquita” Castro Armenta, presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 13 BIS AL CAPÍTULO 1, "CONTRATACIÓN" DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, además de la de Estudios Legislativos Primera, donde se estudia su posible entrada en vigor.
El objetivo de la iniciativa es establecer, en el marco de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, un principio que permita a las dependencias y entidades públicas implementar mecanismos de verificación de idoneidad para el personal que tenga contacto directo con niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad u otros grupos en situación de vulnerabilidad, siempre bajo criterios de necesidad proporcionalidad y respeto a los derechos humanos, sin establecer prohibiciones absolutas ni requisitos discriminatorios.
De acuerdo con OMS, "el maltrato de las personas mayores es un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza.
En su exposición la diputada riobravense afirmó que este tipo de violencia constituye una violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; la violencia por razones económicas o materiales; el abandono; la negligencia; y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto".
Es importante destacar que la violencia, en cualquiera de sus formas tiene consecuencias en la integridad emocional y física de las personas mayores, por eso es importante reconocerla, prevenirla y atenderla.
Las ventajas de implementar esta disposición son múltiples:
En primer lugar, se previenen riesgos de violencia y abuso en instituciones públicas y privadas.
En segundo lugar, se fortalece la confianza ciudadana en el gobierno y en las instituciones encargadas de la protección de la población vulnerable.
En tercer lugar, se armoniza la legislación estatal con los compromisos internacionales y nacionales, evitando posibles sanciones o señalamientos por incumplimiento de tratados internacionales.
Además, esta medida se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, particularmente con el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas), que busca promover sociedades pacíficas e inclusivas, y con el ODS 3 (Salud y bienestar), que garantiza una vida sana y promueve el bienestar de todos.
De esta manera, agregó, estaremos posicionando a Tamaulipas como un estado comprometido con la protección de los derechos humanos y con la construcción de instituciones sólidas en beneficio de nuestra gente”.
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