Documentos oficiales revelan el perfil y adscripción real de los involucrados — El delegado Aranza Aguilar enfrenta señalamientos de posible complicidad en red de corrupción federal
Reynosa, Tamaulipas — Marzo 2026 — El escándalo del IMSS Tamaulipas alcanza una nueva y gravísima dimensión: la Fiscalía General de la República (FGR) se presentó en el Hospital General Regional No. 270 de Reynosa para entregar citatorios en el marco de una investigación por presunto robo de medicamentos que involucra directamente al Dr. Enrique Silva Salazar, encargado de la dirección del HGR 270, y a los administradores de los hospitales HGR 270 y HGZ 15: Gerardo Garza Contreras y Javier Hiram Pérez Morales. Lo que ocurrió a continuación revela la profundidad de la red de protección que opera al interior del hospital: los citatorios no fueron recibidos, por instrucción de una trabajadora sindicalizada que actúa como consejera jurídica informal de los señalados.
LA FGR TOCA LA PUERTA: LOS CITATORIOS QUE NADIE QUISO RECIBIR
De acuerdo con información recabada por este medio, agentes de la FGR se presentaron en el HGR 270 para entregar citatorios relacionados con una investigación activa de robo de medicamentos contra Enrique Silva Salazar y los administradores hospitalarios. Quien los atendió fue el Dr. David Josué Moctezuma Obregón, recientemente comisionado como Coordinador de Jornada Acumulada del hospital.
Moctezuma Obregón, según los testimonios recabados, se negó a recibir los citatorios y argumentó ante el agente de la FGR que “no había médico encargado” en ese momento, pretexto que las fuentes califican de falso y orquestado. La instrucción de no recibir los citatorios habría venido directamente de Zai Migdalia Zamora Torres, una trabajadora sindicalizada adscrita formalmente al área de personal del HGR 270, pero que el Dr. Enrique Silva Salazar utiliza en la práctica como su abogada personal y asesora jurídica informal dentro de la dirección del hospital.
Negarse a recibir citatorios de una investigación federal y mentir sobre la situación del hospital ante un agente de la FGR constituye, en el marco legal mexicano, una conducta que puede configurar obstrucción de la justicia, delito de competencia federal.
¿QUIÉN ES DAVID JOSUÉ MOCTEZUMA OBREGÓN? LOS DOCUMENTOS HABLAN
La Declaración Patrimonial y de Intereses registrada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno con fecha de recepción 20 de mayo de 2025, en versión pública, revela datos clave sobre este funcionario:
Su cargo formal registrado es Residente 3, en el HGZ 15, área de adscripción: Atención Médica. Su nivel jerárquico es Operativo (A) u Homólogo. Su ingreso anual neto declarado asciende a $237,103 pesos. Su formación académica registrada es Licenciatura en Medicina por la Universidad Valle de México, con título obtenido en febrero de 2021.
La Constancia de Situación Profesional expedida por la SEP (Folio 003411196) confirma que Moctezuma Obregón tiene Licenciatura en Medicina (titulado el 26 de septiembre de 2020) y Especialidad en Urgencias Médico Quirúrgicas por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con cédula expedida el 12 de febrero de 2026 — es decir, apenas semanas antes de los hechos aquí narrados.
El contraste es estridente: un médico registrado formalmente como Residente 3 en el HGZ 15, con especialidad recién obtenida y sin la antigüedad institucional requerida, aparece ejerciendo funciones de Coordinador de Jornada Acumulada en el HGR 270, recibiendo a agentes de la FGR y tomando decisiones de alto impacto legal en nombre del hospital. Esto solo es posible mediante una comisión irregular, y según el Reglamento Interior del IMSS, únicamente el delegado tiene facultades para emitir comisiones de este tipo. Lo que apunta directamente a José Luis Aranza Aguilar como responsable de autorizar —o de no supervisar— este movimiento.
¿QUIÉN ES ZAI MIGDALIA ZAMORA TORRES? LOS DOCUMENTOS TAMBIÉN HABLAN
La Declaración Patrimonial de Zai Zamora Torres, recibida el 15 de mayo de 2025, la registra como Auxiliar Universal de Oficinas en el Hospital General Regional 270, con función principal: Administrativa. Su ingreso anual neto declarado es de $208,360 pesos. Su formación académica es Licenciatura en Derecho por la Universidad Tamaulipeca, más un técnico en contabilidad.
Aquí el problema es doble. Primero: Zai Zamora Torres es una trabajadora sindicalizada adscrita a personal, no una asesora jurídica contratada para la dirección del hospital. Utilizarla como consejera legal informal de un director en investigación por delitos federales representa una usurpación de funciones y un conflicto de interés grave que atenta directamente contra los derechos de los compañeros sindicalizados que ella debería proteger — incluyendo a las víctimas de acoso que han denunciado a Silva Salazar.
Segundo: al instruir a David Moctezuma para no recibir citatorios de la FGR, Zamora Torres podría haber incurrido en obstrucción de la justicia federal, lo que la expone a consecuencias penales de carácter federal independientemente de su estatus sindical.
EL MARCO LEGAL: LO QUE PODRÍA CONFIGURARSE
Los hechos descritos, de acreditarse, podrían encuadrar en las siguientes figuras jurídicas:
En materia de Faltas Administrativas Graves (Ley General de Responsabilidades Administrativas): Abuso de Funciones (Art. 57), Tráfico de Influencias (Art. 59), Peculado (Art. 53) y Enriquecimiento Oculto u Ocultamiento de Conflicto de Interés (Art. 60).
En el Código Penal Federal: Ejercicio Ilícito del Servicio Público (Art. 214), Coalición de Servidores Públicos (Art. 216) y Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades (Art. 217).
En materia de irregularidades específicas del IMSS: Usurpación de Funciones Administrativas, Violación a la Carrera Administrativa y al Escalafón, y Comisiones emitidas fuera del marco normativo institucional.
Adicionalmente: Obstrucción de la justicia federal por negativa a recibir citatorios y por proporcionar información falsa a un agente de la FGR.
LA PREGUNTA QUE YA NO PUEDE EVITARSE
Con una investigación activa de la FGR por robo de medicamentos, con citatorios rechazados por instrucción interna, con un médico recién egresado ejerciendo funciones de coordinador mediante comisión que solo el delegado puede autorizar, con una trabajadora sindicalizada fungiendo como escudo legal de un director acusado, y con un patrón acumulado de violencia, corrupción y protección mutua que ya involucra a múltiples hospitales del estado, la pregunta es inevitable:
¿El delegado José Luis Aranza Aguilar es parte de esta red de protección? ¿Recibe beneficios del esquema de robo de medicamentos? ¿O simplemente ha decidido, por razones que deberá explicar ante las autoridades, proteger a un grupo de funcionarios que operan al margen de la ley dentro de su delegación?
Cualquiera de las respuestas posibles lo coloca en una situación de responsabilidad institucional y potencialmente penal que ya no puede ser ignorada ni por Zoé Robledo ni por las autoridades federales competentes.
SE EXIGE:
Intervención inmediata de la FGR para garantizar la entrega de los citatorios y la continuidad de la investigación por robo de medicamentos. Investigación por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sobre las comisiones irregulares dentro del IMSS Tamaulipas. Revisión urgente por parte del Dr. Zoé Robledo de todas las comisiones autorizadas o toleradas bajo la gestión de Aranza Aguilar. Separación cautelar inmediata de Enrique Silva Salazar, David Moctezuma Obregón, Gerardo Garza Contreras, Javier Hiram Pérez Morales y Zai Migdalia Zamora Torres mientras se desarrollan las investigaciones. Auditoría de medicamentos en el HGR 270 y HGZ 15 por la ASF y la UIF.
El que nada debe nada teme. El que rechaza citatorios de la FGR tiene mucho que explicar.
Redacción / Reynosa, Tamaulipas — Marzo 2026.
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