La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ha enfrentado una serie de escándalos que exhiben corrupción interna, abusos y hasta vínculos con organizaciones criminales, según documentos revelados por investigaciones periodísticas.
Reportes analizados en 2024 por The Associated Press (AP), agencia internacional de periodismo, mostraron una cultura de irregularidades dentro de la DEA en distintos países, donde agentes participaron en esquemas de lavado de dinero, excesos con recursos públicos y conductas ilegales.
Uno de los casos más emblemáticos es el del exagente José Irizarry, quien fue condenado a 12 años de prisión tras admitir que colaboró con cárteles colombianos, desvió millones de dólares y utilizó esos recursos para financiar un estilo de vida de lujo. Él mismo reconoció que no actuaba solo y que varios colegas formaban parte de una red conocida como “Equipo América”.
En sus declaraciones, Irizarry fue más allá al cuestionar la efectividad de la lucha contra el narcotráfico:
“No puedes ganar una guerra no ganable (…) la guerra contra las drogas es un juego”, afirmó, evidenciando el escepticismo dentro de la propia agencia.
Elementos de la DEA en Estados Unidos. Foto Ap / Archivo
Otro caso relevante involucra a Paul Campo, exagente de alto nivel, acusado de colaborar con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según las investigaciones, habría participado en el lavado de millones de dólares, facilitado operaciones financieras y hasta ofrecido apoyo para adquirir armas y equipo.
Los documentos también revelan conductas graves dentro de la institución, como chats entre agentes donde presumían excesos, así como denuncias por abuso sexual y fiestas financiadas por organizaciones criminales. En algunos casos, las sanciones fueron mínimas, lo que ha generado críticas sobre la falta de controles internos efectivos.
REUTERS/Marco Bello/File Photo
Otros nombres también aparecen en esta cadena de irregularidades, como Joseph Bongiovanni, quien utilizó su posición para proteger a narcotraficantes en Nueva York, o el abogado David Macey, acusado de sobornar a exfuncionarios para obtener información confidencial.
Estos casos han puesto en entredicho la integridad de una de las principales agencias antidrogas del mundo, al evidenciar que, en algunos niveles, la línea entre perseguir al crimen y colaborar con él se volvió difusa.
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