na investigación publicada el 18 de mayo por el medio Drop Site News revela que el gobierno de Chihuahua, encabezado por la gobernadora panista Maru Campos, mantiene una colaboración operativa directa con agencias de Estados Unidos.
Dicha cooperación gira en torno a la Torre Centinela en Ciudad Juárez, un edificio de 18 pisos que ya alberga a 150 trabajadores de inteligencia y cuyo piso 18 está destinado a funcionarios estadounidenses. El proyecto, en marcha desde 2023, coordina una red de más de 8,700 cámaras de videovigilancia, drones, lectores de matrículas y software de reconocimiento facial con inteligencia artificial.
El detonante del conflicto fue el 19 de abril de 2026, cuando dos agentes de la CIA y dos funcionarios de seguridad de Chihuahua murieron en un accidente automovilístico mientras regresaban de un operativo conjunto para desmantelar un laboratorio de metanfetaminas.
Dicho operativo se realizó sin que el gobierno federal mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, fuera notificado. El 23 de abril, Sheinbaum calificó los hechos como una “falta” a la ley y ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar por posibles delitos contra la seguridad nacional.
Hasta el 16 de mayo, la gobernadora Campos publicó el Acuerdo 043/2026, que prohíbe a funcionarios estatales tener contacto directo con agentes extranjeros sin autorización federal, en un aparente intento por alinear la normativa local con la Ley de Seguridad Nacional. No obstante, el gobierno estatal ha sostenido que la colaboración en la Torre Centinela cuenta con “aprobación federal”, sin presentar documentos que lo acrediten. La FGR, por su parte, ha citado a declarar a más de 50 funcionarios de Chihuahua, incluidos mandos de la Fiscalía estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública.
El Artículo 69 de la Ley de Seguridad Nacional mexicana establece que la presencia y operación de agentes extranjeros en territorio nacional requiere autorización expresa de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores.


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