MONTERREY, NUEVO LEÓN.— La liberación de tres personas detenidas durante operativos federales en Monterrey y San Pedro provocó una nueva ola de críticas contra el Poder Judicial, luego de que la jueza María de los Ángeles Padrón Banda evitara responder públicamente sobre su decisión.
El caso tomó fuerza tras darse a conocer que elementos federales habían realizado cateos en distintos inmuebles vinculados con investigaciones de seguridad y presuntas actividades ilícitas. Sin embargo, tres de los cuatro detenidos recuperaron su libertad por determinación judicial.
Se han comparado este tipo de actuaciones con prácticas atribuidas durante años a gobiernos del PRIAN, señalados históricamente por presuntos actos de protección, impunidad y decisiones cuestionadas dentro del sistema de justicia.
La ausencia de explicaciones públicas por parte de la jueza alimenta aún más los cuestionamientos, principalmente entre sectores ciudadanos que exigen mayor transparencia en decisiones relacionadas con personas investigadas por delitos graves.
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