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Por César Huerta
Mientras Estados Unidos exige a México cooperación total en temas de seguridad, narcotráfico y migración, el gobierno de Donald Trump mantiene congeladas cientos de solicitudes de extradición presentadas por autoridades mexicanas, incluyendo casos ligados a corrupción, lavado de dinero, delincuencia organizada y hasta expedientes relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La Presidenta Claudia Sheinbaum exhibió este jueves una realidad incómoda para la relación bilateral: Washington no ha entregado a ninguno de los 269 prófugos reclamados por México desde 2018.
Entre ellos aparece el exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado en México de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso ilícito de atribuciones y facultades, pero protegido de facto en territorio estadounidense bajo el argumento de que “no hay pruebas suficientes” para detenerlo y extraditarlo.
La revelación de Sheinbaum golpea directamente uno de los discursos favoritos de la derecha mexicana: el de la supuesta “colaboración ejemplar” de Estados Unidos en el combate a la corrupción y al crimen.
Porque mientras México ha entregado decenas de personas reclamadas por Washington, del otro lado de la frontera siguen viviendo tranquilamente personajes buscados por las autoridades mexicanas.
Cabeza de Vaca: prófugo protegido
El caso más político es el de Cabeza de Vaca. El exgobernador panista abandonó México después de que la Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de aprehensión en su contra. Desde entonces ha permanecido en Estados Unidos librando una batalla legal mientras el PAN insiste en presentarlo como “perseguido político”.
Ahora Sheinbaum confirmó que México solicitó su detención y extradición, pero las autoridades estadounidenses se negaron a proceder argumentando falta de pruebas.
La decisión resulta particularmente sensible porque el exmandatario tamaulipeco fue durante años uno de los principales aliados del bloque conservador y mantiene influencia dentro del panismo nacional.
El caso Gómez Mont y las factureras
Pero Cabeza de Vaca no es el único personaje protegido por Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum también mencionó el caso de Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario señalado por delincuencia organizada y acusado de participar en un desfalco multimillonario mediante factureras durante el paso de Miguel Ángel Osorio Chong por la Secretaría de Gobernación.
Álvarez Puga es esposo de la exconductora de TV Azteca, Inés Gómez Mont, ambos prófugos desde hace varios años.
Las autoridades mexicanas los acusan de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, pero Estados Unidos tampoco ha querido detenerlos ni entregarlos a México.
El caso se convirtió en símbolo de los excesos y redes financieras opacas que operaron durante el viejo régimen priista, particularmente mediante empresas fantasma, factureras y contratos simulados.
Los Zaga Tawil y el fraude al Infonavit
Otro expediente atorado es el de los hermanos Rafael y Elías Zaga Tawil, acusados de un multimillonario fraude relacionado con recursos del Infonavit.
México los reclama por delincuencia organizada, pero Estados Unidos rechazó la extradición bajo un argumento revelador: sus delitos “no son violentos” y no representan un riesgo para la seguridad estadounidense.
Es decir, aunque en México se les acusa de causar daños patrimoniales multimillonarios, eso no basta para que Washington considere prioritaria su entrega.
Ninguno ha sido entregado
Las cifras expuestas por Sheinbaum son demoledoras. Desde el primero de enero de 2018 hasta el 13 de mayo de este año, México presentó 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos y no ha recibido a ninguno de los reclamados.
De esas solicitudes:
36 fueron rechazadas.
233 siguen pendientes.
183 corresponden a extradiciones formales.
50 son solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
Además, en 47 de esos casos Estados Unidos pidió a México información adicional y más pruebas.
Entre las solicitudes congeladas existen casos particularmente delicados para el Estado mexicano, incluyendo personas vinculadas a redes de facturación ilegal y dos expedientes relacionados con Ayotzinapa.
“Para que vean que es recíproco. México pide reciprocidad. ¿Por qué no han entregado a ninguno si son casos relevantes, si hay reciprocidad?”, cuestionó Sheinbaum.
Ayotzinapa también espera
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, detalló que entre los casos pendientes aparecen José Ulises N y Pablo N, alias El Transformer, presunto integrante de Guerreros Unidos vinculado a la desaparición de los 43 normalistas.
En ambos casos, explicó, Estados Unidos solicitó información adicional y más pruebas.
También mencionó el caso de William N, acusado de trata de personas, cuya extradición fue negada.
Velasco explicó que México ha cumplido con los procedimientos legales y diplomáticos: la Cancillería recibe las solicitudes, las turna a la Fiscalía General de la República y posteriormente se judicializan ante jueces federales. Sin embargo, del otro lado de la frontera los expedientes siguen atorados.
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