En San Quintín el sol no cae: embiste. No baja del cielo como una bendición sino como un látigo. Azota la nuca, parte los labios, resquebraja la tierra y se queda horas enteras encima de los hombros de las mujeres y los hombres que, antes de que amanezca por completo, ya andan hincados entre los surcos, cortando fresas con la espalda hecha nudo, arrancando jitomates con las manos curtidas, persiguiendo el jornal como quien persigue una tregua. Ahí, en ese pedazo remoto de Baja California, donde la patria comienza geográficamente, ocurre algo que hasta hace poco parece improbable: por decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum la justicia empieza por fin a tocar la puerta de los jornaleros agrícolas.
No es un gesto menor. No es un acto de protocolo. No es la típica excursión burocrática que se anuncia con fanfarrias y se olvida al día siguiente. Es una señal política de fondo: el Estado mexicano llega a San Quintín para empezar a saldar una deuda que los gobiernos del pasado dejaron pudrirse bajo el sol y entre los surcos. Porque si algo queda claro es que lo ocurrido no nace de la casualidad ni de la inercia administrativa: nace de una instrucción presidencial, de una decisión de intervenir en una región donde por años reinó la explotación y donde la riqueza de la tierra convive obscenamente con la pobreza de quienes la trabajan.
San Quintín es una paradoja con polvo en los zapatos. La tierra da frutos delicados, casi aristocráticos: fresas, frambuesas, tomates de piel tersa, listos para viajar empacados hacia el norte, hacia los anaqueles impecables de los supermercados de Estados Unidos, donde nadie sospecha que detrás de cada caja reluciente hay una mujer que se levanta de madrugada, un hombre con las vértebras molidas, una familia entera viviendo a medias para que otros vivan a manos llenas. Aquí la tierra es rica y los jornaleros son pobres. No hay mejor resumen de la infamia.
Bajo una lona que apenas sirve para negociar con los rayos de ese sol encabronado, casi medio gabinete presidencial se planta en la colonia Nueva Era para inaugurar el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas. Y ahí está justamente el tamaño del momento: no se inaugura sólo un edificio, se abre el primer punto visible, concreto y tangible del Plan de Justicia para San Quintín, lanzado por la Presidenta Claudia Sheinbaum apenas dos meses antes. Dos meses. En un país acostumbrado a promesas sexenales que no aterrizan nunca, lo de San Quintín tiene el peso de un hecho extraordinario: la Presidenta promete y el gobierno cumple.
Esa rapidez política tiene nombre y rostro. Claudia Sheinbaum dice en enero que está ahí para cumplir, y el gobierno federal regresa a cumplir. No manda un recado. No patea el asunto para después. No deja a San Quintín archivado en el cajón de los pendientes eternos. Llega para poner en marcha una ruta de justicia social en favor de los más olvidados entre los olvidados: los jornaleros agrícolas, muchos de ellos indígenas triquis, mixtecos y zapotecos, muchos de ellos mujeres, muchos de ellos víctimas de contratos inexistentes, de violencia laboral, de servicios básicos ausentes.
La secretaria Ariadna Montiel en entrevista con el periodista César Huerta. Foto: Rodrigo González “Eneas” | Polemón
La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, llevó al acto una noticia que parece sencilla pero que, vista de frente, sacude: el censo de 30 mil familias reveló que en San Quintín hay más jornaleras que jornaleros. Más mujeres que hombres sosteniendo el campo, cargando cubetas, cortando fruta, resistiendo el calor, padeciendo no sólo la explotación sino además el hostigamiento, la violencia económica, el desprecio patronal, el ninguneo machista. Ese dato, por sí solo, vuelve todavía más profunda la dimensión histórica de lo ocurrido: por primera vez el gobierno federal está construyendo un mecanismo específico para escuchar, proteger y acompañar a esas mujeres, no desde la distancia, sino desde el territorio mismo donde viven y trabajan.
Y ahí aparece el verdadero corazón del plan de justicia en San Quintín. El Centro no es un capricho, ni una ocurrencia administrativa ni un edificio puesto para salir en la foto. Es un lugar donde las y los jornaleros pueden tramitar su acceso a los programas sociales sin tener que aventarse el viaje hasta Ensenada, como si la pobreza además tuviera que pagar peaje. Ahí las y los adultos mayores pueden acceder a su pensión; las mujeres mayores de 60 años también; niñas y niños pueden recibir la beca Rita Cetina; las y los jóvenes estudiantes aspiran a la Benito Juárez; otros más acceden a Jóvenes Escribiendo el Futuro; y las personas con discapacidad cuentan con un apoyo que les permite no vivir en el desamparo. Es decir: el bienestar deja de ser una palabra bonita en el discurso para convertirse en una puerta abierta en medio del desierto.
Pero no sólo eso. Las y los jornaleros pueden denunciar con mayor facilidad las injusticias laborales cuando son víctimas del abuso de los patrones, de los rancheros o de esos administradores de la miseria que durante años se comportan como si la ley terminara en la entrada del campo. Las mujeres, además, cuenta la secretaria Citlalli Hernández, pueden denunciar las violencias machistas que tantas veces son tratadas como asunto privado o simple costumbre patronal. Y no sólo denunciar, también pueden acceder a atención psicológica y acompañamiento, a una mano institucional tendida ahí donde antes sólo hubo silencio.
El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, habla de contratos, de pensiones por incapacidad, de formalización laboral y de acompañamiento ante quejas. Dice, en otras palabras, que los derechos no son concesiones de los patrones ni propinas de las empresas exportadoras. Dice, con una claridad que debería avergonzar a los viejos gobiernos, que garantizar seguridad social no es un detalle administrativo sino una obligación patronal, pues durante décadas, los dueños de la tierra hicieron fortunas mientras el Estado miraba hacia otro lado; pero ahora, por instrucción presidencial, el Estado empieza a mirar de frente a los jornaleros.
Luego viene el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, con la promesa de mesas de afiliación, de 150 trámites diarios, de un módulo móvil del IMSS que brinda servicios de salud mientras los ingenieros militares terminan las obras para reconvertir los hospitales rurales en hospitales de zona. No se trata de una mejora cosmética: se trata de pasar de 30 a 80 camas, de sumar más médicos especialistas, de habilitar dos quirófanos y de contar con equipo para hemodiálisis y atención contra el cáncer. Todo eso suena técnico, sí, pero traducido al idioma de la calle significa algo brutalmente sencillo: que en San Quintín la salud deja de ser un privilegio para empezar a ser un derecho.
El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, dice algo que debería quedar grabado en la entrada de cada rancho agroexportador: no queremos una agricultura rica con jornaleros pobres. Ahí está todo. La obscenidad del modelo anterior. La indecencia de las ganancias privadas montadas sobre la miseria colectiva. La postal grotesca de los productos perfectos saliendo rumbo a Estados Unidos mientras aquí faltan agua, drenaje, luz y justicia. Y es precisamente contra esa lógica, la de un campo próspero para unos cuantos y brutal para los de abajo, es que se levanta el plan impulsado por Sheinbaum.
Se habla también de plaguicidas dañinos, de negocios irregulares, de riesgos para la salud, de electrificación, de carreteras, de desarrollo urbano, de centros de cuidado infantil, de becas, de vivienda, de servicios básicos. Y entonces queda claro que lo de ese día no es una obra aislada: es el arranque visible de una transformación más amplia. Una intervención de fondo. Una respuesta construida desde el censo, desde la escucha y desde una lógica humanista. O dicho sin vueltas: la 4T entra de lleno a una región donde el neoliberalismo agrícola deja riqueza para las empresas y abandono para el pueblo.
Quizá el mejor modo de nombrarlo sea éste: es el Estado poniéndole un alto a los capataces. Es el Estado diciéndoles a los dueños del dinero y de la tierra que ya no pueden seguir amasando fortunas a costa de jornaleros sin contratos ni derechos. Es quitarle un poquito a los que tienen todo para darle lo básico a los que no tienen nada. Y en un país tan deformado por los privilegios, un acto tan elemental termina pareciendo una revolución.
Y sin embargo, en medio del abuso, el campo conserva una belleza terca, casi inexplicable, que sólo pueden nombrar quienes lo trabajan con el cuerpo entero como Marcelina Quiroz, quien llegó a San Quintín hace cuarenta años, desde Chalcatongo, Oaxaca, cuando apenas era una muchacha de 13 o 14 años. Y ahí sigue, con la voz serena de quien ve pasar media vida entre surcos, camiones de jornal y amaneceres prematuros. Su relato no necesita adornos: un día de trabajo en San Quintín comienza a las cuatro de la mañana, cuando hay que levantarse para hacer el lonche; sigue a las 5:40, cuando hay que agarrar el camión; después viene el traslado al campo, la entrada al comedor, el lonche rápido, y luego, a las siete, arranca la jornada: tomar el carrito, ir a cortar fresas, o levantar basura para que el área permanezca limpia y la fruta no se contamine. Así transcurre la vida en el valle: entre el frío de la madrugada y el sol que más tarde cae como castigo.
Marcelina no habla desde el resentimiento sino desde la experiencia dura. Dice que el trabajo del campo es pesado, que pasarse el día agachada acaba por descomponer la cintura, que la espalda cobra factura, que una semana de jornal se gana doblando el cuerpo para llevar comida a la mesa y para darles estudio a los hijos. Dice también, con una sencillez que desarma, que muchas veces no hay de otra: que por no tener estudios tiene que andar ahí, en el campo. Y, sin embargo, en su testimonio no hay amargura. Hay otra cosa: dignidad. Porque Marcelina sabe el peso del trabajo, pero también sabe su belleza.
Lo dice como quien defiende un mundo que otros sólo ven de lejos: trabajar entre fresas, tomate, pepino, chícharo, calabacitas, arándano y moras puede ser cansado, sí, puede ser duro, sí, pero también es bonito. Bonito porque el campo no huele a llanta ni a gasolina ni a smog como la ciudad. Bonito porque mientras una trabaja, el aire trae olor a fresa dulce, a tomate recién cortado, a hoja verde. Bonito porque, incluso en la fatiga, el campo conserva una pureza que la mancha urbana ya perdió. Marcelina lo dijo mejor que cualquier funcionario: el campo cansa, pero también da una satisfacción que no se parece a ninguna otra.
Y cuando habla del nuevo Centro de Atención Integral, su voz adquiere otro tono: el de la utilidad concreta, el de la esperanza. Dice que sí les servirá, y mucho, porque ahora ya no tienen que ir hasta Ensenada para resolver lo que necesitan. “Ocupamos algo, nos acercamos”, resume, con esa economía de palabras de la gente sabia. Después habla de la vejez, que para los jornaleros no es una idea abstracta sino una amenaza diaria: hoy todavía puede trabajar, aunque tiene problemas de columna; hoy todavía puede ganarse su propio dinerito; hoy todavía no pide apoyo porque siente que puede seguir. Pero sabe que llega el tiempo en que ya no. Y cuando ese tiempo llega, espera que el Estado no la deje sola. Por eso dice, sin vueltas, que está bien lo que hace la presidenta Claudia Sheinbaum, porque cuando uno llega a cierta edad ya no puede trabajar, ya no puede doblar la espalda todo el día, ya no puede seguir arrancándole al cuerpo lo que el cuerpo ya no tiene para dar.
Blanca Méndez, por su parte, cuenta una rutina parecida, marcada también por la madrugada y el desgaste. Se levanta a las cuatro de la mañana y sale faltando quince o veinte minutos para agarrar el camión. Lo suyo no es queja, sino una frase seca y honesta: es pesado trabajar en el campo. Luego viene la risa, como si el humor fuera otra forma de defensa: “Ey, eso nos pasa por no estudiar”. Pero detrás de la broma asoma una verdad amarga: en México, demasiada gente termina doblada sobre la tierra porque no tiene otra opción.
Y aun así, tampoco en Blanca aparece la amargura. También ella encuentra algo bueno en esa rutina desgastante. Dice que trabajar en el campo es bonito. Que una conoce mucha gente. Que una se distrae. Que hay trabajos pesados, otros fáciles, un poco de todo, pero que están bien, a gusto. Lo dice sin solemnidades, con esa manera tan del pueblo de nombrar la resistencia sin convertirla en discurso. Como Marcelina, Blanca no romantiza el jornal; simplemente se niega a dejar que la dureza le robe del todo la mirada limpia.
Luego está el sol. Siempre el sol. Ese animal bravo de San Quintín que no da tregua y obliga a cubrirse el rostro para no salir quemadas. Blanca lo cuenta entre risas, pero lo que describe es otra forma cotidiana del desgaste: los reflejos que pegan duro, la piel que se resiente, la necesidad de taparse para sobrevivir a la jornada. En el fondo, su testimonio vuelve a decir lo mismo que todo San Quintín viene diciendo desde hace años: aquí se trabaja demasiado, se gana poco y se resiste mucho.
Antonio de Jesús López, abre otro plano. Presidente y representante de la autoridad tradicional municipal de la comunidad de Nuevo San Juan Copala, del pueblo triqui, Antonio habla no sólo como jornalero migrante sino como hombre de comunidad. Dice que llega a San Quintín a los 14 o 15 años, que tiene ya 35 o 36 viviendo ahí, que incluso pasa más tiempo en esa franja de Baja California que en su pueblo natal. “Somos más de aquí que de nuestro pueblo natal”, resume. Nunca se olvida el origen, pero la vida termina ocurriendo en otro sitio, bajo otro sol, en otra tierra donde también hay que pelear por ser visto.
Antonio agradece el cumplimiento de la promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero no endulza nada. Dice que últimamente baja mucho el trabajo. Dice que hay empresas en los campos agrícolas que abusan de las y los jornaleros, sobre todo cuando no saben defender sus derechos. Dice también algo peor: que los sindicatos que supuestamente tendrían que protegerlos no hacen su trabajo, que “ya les llegaron al precio las empresas”, y que hay funcionarios laborales que tampoco cumplen como deben. En esa frase cabe una historia completa de abandono, simulación y complicidades.
Su testimonio no se queda en la denuncia laboral. También retrata la descomposición que deja el abandono. Dice que hoy muchas familias viven peor que antes, porque si bien en otros años los jóvenes pueden integrarse al trabajo para ayudar a sus padres, ahora ni siquiera eso ocurre. Habla de muchachos que no estudian, de otros que se van a las calles o caen en la drogadicción, de padres y madres que salen a trabajar al campo y dejan solos a sus hijos, expuestos a las malas compañías y a los caminos torcidos que se abren cuando el Estado tarda demasiado en llegar.
Por eso su reconocimiento a Sheinbaum tiene un peso especial. No es un aplauso vacío, sino el reconocimiento de alguien que ve pasar gobiernos enteros sin que nadie voltee hacia los pobres. Antonio recuerda que antes los presidentes y los funcionarios llegaban a las oficinas de la empresa agrícola Los Pinos, no a las colonias, no a las comunidades, no a las casas de los jornaleros. Iban a ver a los dueños, no a los trabajadores. Miraban hacia arriba, nunca hacia abajo. Por eso dice que hoy se da vuelta la hoja. Que desde la visita de la Presidenta sí hay cambios, sí se movilizan funcionarios, sí hay avances en electrificación, pavimentación y agua potable. Falta mucho, desde luego, pero en un lugar acostumbrado al desdén, el movimiento del gobierno es histórico.
Antonio habla también de lo que sigue pendiente: la ampliación de la carretera Transpeninsular para que haya menos tráfico y accidentes los fines de semana y los días festivos. Habla de los baches y la necesidad de seguir mejorando las colonias aledañas. No habla como quien se conforma. Habla como quien agradece lo que ya comienza, pero exige lo que todavía falta. Y acaso ahí está lo más valioso de su voz: en mostrar que el Plan de Justicia para San Quintín no se recibe como limosna, sino como el comienzo de una reparación largamente debida.
En las voces de Marcelina, Blanca y Antonio, en su cansancio, su dignidad y su esperanza, se resume el sentido profundo de la jornada. Porque lo que se mueve ese día en San Quintín no es sólo la inauguración de un edificio, sino algo más hondo: la certeza de que, por fin, una tierra condenada durante décadas al abandono empieza a ser mirada con justicia. Once años después del levantamiento de los trabajadores del campo contra la explotación laboral, el gobierno de Claudia Sheinbaum llega con una respuesta concreta. Por eso aquel acto tiene una densidad que rebasa el protocolo: es una escena de justicia histórica. No plena todavía. No terminada. Pero sí innegable.
MEXICALLI, BAJA CALIFORNIA, 24ABRIL2015.- Los jornaleros de San Quintin marchan por la carretera Transpeninsular para exigir un salario de 200 pesos y demandas sociales. Alrededor de 200 campesinos indígenas iniciaron la caminata desde el poblado Vicente Guerrero hacia San Quintin, alrededor de 200 kilómetros, donde ubican cuatro campamentos de protesta de la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social. Los jornaleros exigen la intervención de la Secretaria de Gobernación, al tiempo que una comitiva de legisladores federales se reunirá con los trabajadores durante la tarde de este viernes.
FOTO: CUARTOSCURO.COM
Falta mucho, desde luego. Sería una indecencia pintar la escena como si la redención aterrizara completa sobre San Quintín. No. Apenas se abre una puerta. Apenas se corta un listón. Apenas comienza una ruta. Pero en este país, donde tantas veces los pobres fueron utilizados como decorado y luego olvidados, no es poca cosa que una Presidenta voltee a ver a los jornaleros de San Quintín y decida actuar rápido, con hechos, con presupuesto, con gabinete, con Estado.
En San Quintín la justicia llega tarde, como llegan casi siempre las cosas buenas a la vida de los pobres. Pero esta vez llega. Y en una tierra donde durante años mandaron los capataces, los rancheros y el olvido, eso ya empieza a ser historia.













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