El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, dejó que el Cártel de los Arellano Félix creciera a sus anchas a cambio de una paz efímera en el estado que gobernó con la bandera panista en 1989.Así lo revela el artículo de investigación sobre la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 1993, publicado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, basado principalmente en el libro El cártel. Los Arellano Félix: la mafia más poderosa en la historia de América Latina, de Jesús Blancornelas y otras investigaciones periodísticas y testimonios.Ahí se reproduce un informe militar según el cual “El Chapo“, hoy preso en Estados Unidos, dijo que los Arellano Félix eran protegidos por el entonces gobernador Ernesto Ruffo, y que su hermano Claudio Ruffo, tendría vínculos empresariales con ellos.Tras la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989, los hermanos Benjamín, Ramón y Eduardo Arellano Félix asumieron el control de la plaza de Tijuana como una organización independiente al Cártel de Guadalajara que dirigía Rafael Caro Quintero.De acuerdo con el artículo, en 1993 la revista Proceso y el semanario Zeta publicaron que el cártel habría ofrecido 300 mil dólares al entonces gobernador Ernesto Ruffo Appel para que cooperara con la organización. Según esa versión, Ruffo rechazó el dinero, pero habría planteado que no perseguiría al grupo criminal mientras éste evitara desatar una ola de violencia en Baja California.
Carlos Cota, autor de la investigación, sostiene que ese supuesto entendimiento terminó tras el asesinato, en 1991, del agente de la entonces Dirección Federal de Seguridad, Rigoberto Campos, hecho que obligó a las autoridades estatales a iniciar investigaciones y colocó al Cártel Arellano Félix bajo mayor atención federal.De acuerdo con el artículo, en 1993 la revista Proceso y el semanario Zeta publicaron que el cártel habría ofrecido 300 mil dólares al entonces gobernador Ernesto Ruffo Appel para que cooperara con la organización. Según esa versión, Ruffo rechazó el dinero, pero habría planteado que no perseguiría al grupo criminal mientras éste evitara desatar una ola de violencia en Baja California.
Carlos Cota, autor de la investigación, sostiene que ese supuesto entendimiento terminó tras el asesinato, en 1991, del agente de la entonces Dirección Federal de Seguridad, Rigoberto Campos, hecho que obligó a las autoridades estatales a iniciar investigaciones y colocó al Cártel Arellano Félix bajo mayor atención federal.Asimismo, recuerda que Ruffo respondió públicamente a esas publicaciones mediante una carta enviada a Proceso, en la que negó haber pactado con el grupo criminal y aseguró que sus declaraciones fueron tergiversadas, diferenciando entre una búsqueda de mantener la paz y una supuesta colaboración con la organización.
“En 1994, Jesús Blancornelas recibió una carta del embajador de México en Francia, Ignacio Morales Lechuga, cuyo contenido habla acerca de la gestión de Ernesto Ruffo Appel, que no sólo fue ineficiente en el tema de la seguridad pública en Baja California, sino que activamente protegía a la mafia local de los Arellano Félix”, se lee en la investigación.
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