a Fiscalía General de la República (FGR) investiga un presunto fraude con el que se buscaba obligar al ISSSTE a pagar más de mil 230 millones de pesos a 880 exintegrantes de la desaparecida Policía Federal y de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal.Tanto el ISSSTE como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) denunciaron seis resoluciones laborales que consideran irregulares, ya que ordenaban el pago de indemnizaciones a exagentes que, según las autoridades, ya no tenían derecho a recibir ese beneficio.
La prestación reclamada era una indemnización global equivalente a 45 días del último sueldo, contemplada en la antigua Ley del ISSSTE. Sin embargo, ese beneficio desapareció con la reforma de 2007, por lo que los exagentes estaban sujetos a la nueva legislación y además ya contaban con cuentas individuales de Afore.
Pese a ello, las demandas fueron presentadas en 2021 utilizando la legislación anterior y terminaron siendo admitidas por la entonces Junta Especial Número 42, con sede en Torreón, Coahuila, que resolvió a favor de los demandantes.
La investigación detectó diversas irregularidades. Entre ellas, que la Junta de Torreón no era competente para conocer los casos, debido a que los demandantes provenían de distintos estados del país.
Además, las denuncias no especificaban datos básicos, como el salario de los trabajadores ni la fecha exacta en que ingresaron al servicio, información necesaria para calcular cualquier indemnización. Aun así, los expedientes fueron admitidos y posteriormente resueltos a favor de los exservidores públicos.
La indemnización más costosa ordenaba al ISSSTE pagar 950 millones de pesos a 678 exfuncionarios, monto que forma parte de los más de mil 230 millones de pesos reclamados en los seis expedientes investigados.
Las autoridades informaron que, al detectar las presuntas irregularidades, la JFCA frenó el pago de las indemnizaciones, evitando que los recursos fueran entregados.
Como parte de las acciones derivadas del caso, el 17 de junio de 2024 la Secretaría del Trabajo ordenó la desaparición de la Junta Especial Número 42, mientras la FGR mantiene abierta la investigación para determinar si existieron responsabilidades penales en la tramitación de estos laudos.
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