De acuerdo con un informe de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, el cobro se realizó mediante deducciones al financiamiento público ordinario del partido durante 2023. Hasta el momento, el CEN del PRI no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.
La multa fue impuesta originalmente por el Consejo General del INE el 27 de marzo de 2023. La autoridad electoral sancionó al PRI con una reducción del 25% de su financiamiento público mensual destinado a gastos ordinarios, hasta completar el monto total. La sanción respondió a la recepción ilegal de recursos públicos por parte del partido durante 2015, en el marco de la llamada “nómina secreta” operada desde el gobierno de Cesar Duarte Jáquez.
El PRI impugnó la sanción ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Sin embargo, los magistrados confirmaron la multa por unanimidad el 27 de julio de 2023, dentro del expediente SUP-RAP-121/2023. En su resolución, el Tribunal señaló que las multas pendientes del partido “se deben a que ha realizado conductas indebidas” y que la sanción es acorde con el efecto disuasivo que deben tener este tipo de castigos.
La “nomina secreta”
La sanción se originó a partir de una denuncia presentada el 4 de junio de 2018 por Stefany Olmos Loya, entonces titular de la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua, como parte de la Operación Justicia para Chihuahua.
Se trató de la segunda multa que el INE impuso al PRI derivada de esta operación anticorrupción, impulsada durante la administración de Javier Corral Jurado (2016-2021). La primera sanción, por 36.5 millones de pesos, se aplicó en julio de 2018 por la retención de una parte del sueldo de personal estatal para entregarlo al partido.
De acuerdo con la investigación del INE, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua expedía cheques a nombre del Servicio PanAmericano de Protección. La empresa cobraba los cheques y el efectivo era entregado al entonces tesorero estatal, Joaquín Francisco Hernández Vega, para su resguardo en una caja fuerte de la dependencia.
Durante 2015 se entregaron 39 millones 166 mil 666 pesos a Pedro Mauli Romero Chávez, entonces secretario de Finanzas y Administración del PRI estatal, documentados en 13 recibos firmados por él mismo; Romero Chávez recibió posteriormente una condena de 3 años y 4 meses de prisión por corrupción.
Mezquitic Aguirre declaró ante el Ministerio Público que el mecanismo de pagos obedecía a un acuerdo entre Duarte Jáquez y el entonces presidente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, coordinado por Gerardo Villegas Madrigales, Director General de Administración, y Adrián Dozal Dozal, Director de Recursos Humanos. Por su parte, el exsecretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, declaró ante el INE que él no autorizó ni firmó la emisión de esos cheques.
Hacia una reparación del daño al erario
Con esta sanción, la cifra recuperada por la Operación Justicia para Chihuahua alcanza casi 2 mil millones de pesos, a través de las vías administrativa, fiscal y penal. Al menos 11 beneficiarios de la nómina secreta se acogieron a un criterio de oportunidad ante el Ministerio Público, aceptando la comisión del delito y devolviendo el dinero recibido.
En cambio, otros beneficiarios de la nómina, como María Eugenia Campos Galván (actual gobernadora de Chihuahua), César Jáuregui Moreno y Cruz Pérez Cuéllar, nunca devolvieron el dinero público recibido.




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