El caso escándalo en el que está involucrado el magistrado Alexandre de Moraes, repudiado por la derecha, amenaza la campaña presidencial de Lula a dos semanas de las elecciones.
24/09/2026 - 10:00 pm
Ciudad de México, 24 de septiembre
(SinEmbargo).– A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales de Brasil, un escándalo por el colapso de un banco ha salpicado al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, uno de los más poderosos del país, símbolo, durante los últimos años, de la ofensiva judicial contra Jair Bolsonaro y su movimiento, y al mismo tiempo se ha convertido en una amenaza inesperada para la reelección del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El escándalo ha pegado directamente a la campaña presidencial de 2026 de Brasil. Ha salpicado de forma directa a los dos grandes bloques políticos de Brasil en plenas elecciones presidenciales por igual, según Deutsche Welle.
Flávio Bolsonaro (hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato presidencial) está bajo investigación formal por corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas. Pruebas de la Policía Federal sugieren que solicitó cerca de 26 millones de dólares a Daniel Vorcaro —fondos desviados del banco— con la fachada de financiar una película biográfica sobre su padre.
Y el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva también ha recibido duros golpes. Tras ser encarcelado, el propio Vorcaro comenzó a colaborar con la justicia, y sus confesiones apuntan a presuntos pagos ilegales recibidos por miembros actuales de la administración federal, alcaldes y gobernadores.
Sin embargo, la prensa, que en el pasado impulsó a la ultraderecha brasileña incluso durante la inestabilidad política que llevó a un intento de Golpe de Estado, lo ha centrado en Lula, en una abierta injerencia en una elección cerrada.
El hijo del expresidente Jair Bolsonaro es investigado por posible blanqueo de capitales. Foto: Daniel Ramalho, Xinhua
Alexandre de Moraes es señalado por sus presuntos vínculos con Daniel Vorcaro, el banquero acusado de encabezar uno de los mayores fraudes financieros de la historia brasileña. El escándalo inició cuando André Mendonça, juez nombrado por Jair Bolsonaro, hizo público un informe policial que sugiere que De Moraes podría haber intercambiado decenas de mensajes con Vorcaro.
En mensajes de texto aparentemente enviados al juez, el banquero pidió ayuda para evitar su arresto. En otros intercambios con asociados, Vorcaro mencionó haber pagado millones a un bufete de abogados dirigido por la esposa del juez.
Hasta el momento, la policía brasileña no ha determinado qué respondió De Moraes por mensaje de texto ni si ayudó a Vorcaro de alguna manera. No obstante, las revelaciones sobre Banco Master ofrecieron a los adversarios del juez una oportunidad extraordinaria. Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y principal rival de Lula en las elecciones de octubre, ha utilizado las acusaciones para pedir la salida de Moraes y vincular políticamente al magistrado con el Presidente. “Votar por Lula es votar por Alexandre de Moraes”, dijo recientemente Bolsonaro ante una multitud de partidarios.
Moraes no es un juez cualquiera. Durante años encabezó investigaciones contra Jair Bolsonaro y sus aliados, intervino contra redes acusadas de difundir desinformación y tuvo un papel central en los procesos que finalmente llevaron al expresidente a prisión. Para la derecha bolsonarista, el magistrado se convirtió en símbolo de lo que denuncia como una persecución judicial. Para sus defensores, en cambio, Moraes fue una de las figuras institucionales que contuvieron los intentos de Bolsonaro y sus seguidores de desconocer las elecciones y atacar las instituciones democráticas.
Según los documentos, refiere la agencia estadounidense Associated Press, los investigadores creen que Vorcaro actuó en distintas ocasiones siguiendo consejos de De Moraes. El banquero también agradeció a la justicia en respuestas a mensajes que la policía no pudo leer y habló sobre las supuestas conversaciones en otros mensajes con sus amigos.
Golpe de Estado
Los documentos desclasificados por Mendonca, indican los mismos reportes, también mostraron que de Moraes revisó un contrato entre Vorcaro y su esposa, Viviane Barci de Moraes, por un valor de 130 millones de reales brasileños (unos 26 millones de dólares), que ya era público.
Los abogados de la esposa de De Moraes declararon el martes que el magistrado de la Corte Suprema revisó el documento para asegurarse de que no existiera conflicto de intereses con su cargo. Los abogados añadieron que De Moraes nunca se pronunció en casos relacionados con Banco Master o Vorcaro.
La divulgación de estos documentos se da semanas antes de unas elecciones extremadamente polarizadas, por lo mismo han alimentado acusaciones de que partes de la investigación están siendo utilizadas con fines electorales.
El Presidente Lula no está acusado de participar en las presuntas irregularidades atribuidas a Moraes. Pero la ultraderecha intenta construir una asociación política entre ambos: Moraes como supuesto brazo judicial de la izquierda y Lula como beneficiario político de las decisiones que golpearon a Bolsonaro.
Las encuestas muestran que el caso ya ha pegado a Lula. Un sondeo de Datafolha realizado entre el 15 y el 17 de septiembre encontró que 38 por ciento de los entrevistados consideraba a Lula el principal perjudicado por la crisis del Supremo y Banco Master, frente a 31 por ciento que señalaba a Flávio Bolsonaro.
Además, 47 por ciento dijo que el caso tendría algún peso en su decisión presidencial: 36 por ciento respondió que tendría mucha influencia y 11 por ciento, alguna influencia.
Brasil decidió llamar a consultas a su Embajador en Argentina, Julio Bitelli, luego de los insultos que el Presidente Javier Milei lanzó contra Lula da Silva.
El Juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes. Foto: Lucio Tavora, Xinhua
Ante el panorama electoral por el que atraviesa Brasil, Lula ya hace todo lo posible por distanciarse de De Moraes, por lo que, incluso, ha hecho un llamado para que se investigue el caso en el que se ha involucrado al juez.
“Nadie está por encima de la ley”, dijo en una reciente entrevista. Aunque en el pasado ha destacado la defensa que ha hecho a las instituciones. “Puedo asegurarte que Alexandre de Moraes es una persona seria”, comentó en una entrevista a The New York Times en 2025. “Tengo plena confianza en que el poder judicial hará su trabajo”, añadió.
Por su parte, De Moraes ha sugerido que los documentos que lo incriminan podrían haber sido orquestados por actores extranjeros quienes tendrían la intención de interferir en los próximos procesos electorales de Brasil. Asimismo, ha acusado a Mendonça de intentar influir en los resultados de las votaciones.
Mendonça ha sido objeto de duras críticas por haberse saltado los protocolos habituales al hacer público el expediente que involucra a De Moraes. Esta actuación contrasta con el manejo previo que el juez hizo de otros casos sensibles, como cuando mantuvo en estricto secreto, durante meses, una investigación policial sobre Flávio Bolsonaro por supuestos delitos de corrupción y lavado de dinero.
Aunque no ha realizado comentarios directos a la prensa, Mendonça ha rechazado enérgicamente cualquier acusación de sesgo político en la investigación de fraude en torno a Vorcaro, para la cual, luego de de incautación de su teléfono celular, se recuperaron más de 50 mensajes que insinúan intentos de buscar la ayuda de De Moraes para eludir el proceso judicial y evitar un posible arresto.
De Moraes ha despertado gran molestia entre los sectores de la derecha brasileña debido a las investigaciones y procesos, así como a las medidas de censura, que ha implementado contra quienes el Tribunal considera como una amenaza para la democracia, lo que ha afectado principalmente al movimiento bolsonarista.
Por ejemplo, frente a las dudas que Bolsonaro y sus aliados sembraron sobre la transparencia de las máquinas de votación, el juez ordenó a las plataformas digitales eliminar miles de publicaciones y cuentas por difundir desinformación. Asimismo, luego del asalto a sedes gubernamentales, en enero de 2023, por parte de manifestantes inconformes con la victoria de Lula, el magistrado ordenó el arresto de funcionarios de seguridad y condenó a los implicados a dura penas de prisión.
También supervisó el juicio, la condena y la sentencia a 27 años de prisión del expresidente Jair Bolsonaro, tras descubrirse que este y su círculo cercano habían planeado un golpe de Estado e intentado asesinar tanto a Lula como al propio De Moraes.
“Con todos los errores y aciertos propios de una institución conformada por seres humanos, el Supremo Tribunal Federal ha sido, y seguirá siendo, una barrera contra los intentos de socavar el Estado de derecho democrático”, dijo De Moraes durante un evento en 2023.
El caso Bolsonaro trascendió las fronteras de Brasil el año pasado cuando, en un intento por proteger al exmandatario brasileño y evitar que fuera a prisión, el Presidente Donald Trump impuso duras sanciones en contra de De Moraes, y pese a que dichas restricciones fueron levantadas posteriormente, la tensión política se mantiene, debido a que los aliados de Bolsonaro continúan imponiendo presión política ante las autoridades de Estados Unidos con el objetivo de que se restablezcan las sanciones contra el magistrado brasileño.
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