Ciudad de México — La Fiscalía General de la República (FGR) ha integrado a las investigaciones del denominado caso Ruffo un nuevo paquete de evidencias contables, bancarias y logísticas que revelan una vasta red dedicada al tráfico ilícito de hidrocarburos y al blanqueo de capitales a escala nacional.
Las pruebas, obtenidas tras una serie de cateos simultáneos a inmuebles y oficinas corporativas en el norte del país, incluyen bitácoras de transporte, facturación alterada mediante empresas de papel y registros informáticos con el esquema detallado del despacho ilegítimo de combustible. De acuerdo con fuentes ministeriales, los documentos permiten trazar de forma directa la ruta del combustible robado y de contrabando desde los puntos de extracción y desembarque hasta su distribución final en estaciones de servicio que operaban bajo fachada legal.
El hallazgo fortalece la hipótesis central del Ministerio Público Federal: la existencia de una estructura logística altamente organizada que aprovechaba vacíos regulatorios y la presunta complicidad de intermediarios financieros para mover miles de barriles diarios de diésel y gasolina sin pagar impuestos ni dejar rastro contable. Entre la evidencia asegurada destacan dispositivos de almacenamiento digital cifrados que contienen listados de pagos a terceros, identidades de operadores logísticos y transferencias hacia cuentas bancarias en el extranjero.
Representantes de la Fiscalía señalaron que los peritajes financieros y en informática forense permitieron identificar transferencias por cientos de millones de pesos giradas en años recientes. Estos recursos habrían sido inyectados a compañías del sector inmobiliario y de servicios de transporte para dispersar el capital ilícito y ocultar a los beneficiarios finales de las operaciones.
Con este nuevo conjunto de elementos probatorios, las autoridades preparan la solicitud de nuevas órdenes de aprehensión contra empresarios, apoderados legales e intermediarios del sector energético salpicados en la trama. Asimismo, la FGR notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para el bloqueo preventivo de cuentas bancarias asociadas a las empresas involucradas, marcando un giro decisivo en el avance procesal del caso.
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