Cientos de personas marchan por el centro de la ciudad de Guadalajara en el tercer día de protestas por la muerte del joven Giovanni López. Foto: Cuartoscuro.
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Seis años después del asesinato de Giovanni López, Jalisco arrastra denuncias por represión policial que alcanzan a los gobiernos de Alfaro y Lemus hasta hoy.
Montserrat Antúnez
18/09/2026 - 12:05 am
Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).– Seis años después de que la muerte de Giovanni López bajo custodia policial desatara una de las mayores protestas contra el abuso de autoridad en Jalisco y una respuesta de las fuerzas de seguridad marcada por detenciones arbitrarias, golpes y desapariciones por horas durante el Gobierno de Enrique Alfaro, uno de los policías implicados finalmente fue sentenciado. Pero las denuncias por la manera en que las autoridades responden a quienes protestan o confrontan al poder no han desaparecido: este año hubo nuevos arrestos durante movilizaciones contra el aumento al transporte y, recientemente, un joven que reclamó directamente al Gobernador Pablo Lemus por la calidad del agua terminó detenido.
Héctor Eliab “N”, expolicía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, fue condenado a 14 años privado de la libertad por su responsabilidad en la muerte de Giovanni López Ramírez y deberá pagar 752 mil 800 pesos como reparación integral del daño. La Fiscalía de Jalisco informó que el antiguo agente reconoció su culpabilidad por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad.
La sentencia llega más de seis años después de aquel 4 de mayo de 2020 en el que Giovanni, trabajador de la construcción de 30 años, fue detenido por policías municipales en Ixtlahuacán de los Membrillos. Su familia sostuvo desde el principio que el motivo fue que no utilizaba cubrebocas, cuyo uso formaba parte de las medidas implementadas durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Su hermano Cristian grabó el arresto: Giovanni pedía ayuda mientras varios agentes lo sometían y lo introducían en una patrulla.
Un expolicía fue condenado por homicidio calificado y abuso de autoridad tras reconocer su culpabilidad en el caso de Giovanni López, detenido en pandemia.
Para el colectivo 5 de junio Memoria, formado por sobrevivientes de la represión a manifestantes que pedían justicia para Giovanni, la condena a uno de los policías por el homicidio es insuficiente porque no atiende la violencia estructural de la policía municipal y la estatal, no hay ninguna sanción para mandos de la policía ni garantías de no repetición.
"El policía sentenciado tiene superiores, esa policía municipal también depende de un municipio y del estado... no se llegó a quien tiene el mando", expuso Jaime, integrante del colectivo, que también denuncia la falta de investigaciones a los policías estatales responsables de violentar a manifestantes el 5 de junio de 2020.
Inés, una de las activistas del colectivo, recordó que en Guadalajara, donde se reprimió a manifestantes por este caso, la Fiscalía local se limitó a suscribir un acuerdo reparatorio con algunas de las personas afectadas, pero ni en esos casos los compromisos se han cumplido. Como parte del acuerdo, los policiales involucrados debían tomar cursos de capacitación y presentar reportes públicos sobre ellos, algo que no ocurrieron. Además, enfatizó que siguen enfrentándose a una simulación porque los policías identificados son sólo de "chivos expiatorios" ante las decenas que participaron.
"Fue toda la Fiscalía la que participó en el operativo. Estamos hablando de cientos de personas, de las cuales tres llegaron a un proceso. Es una simulación lo que ha hecho el Gobierno", planteó.
El colectivo 5 de junio Memoria insiste en investigar y sancionar a policías involucrados en la tortura y desaparición forzada de las personas detenidas durante la jornada de protestas; el colectivo insiste en investigar los casos como desaparición forzada porque la Fiscalía local ocultó la información de su paradero a sus familias durante horas .
La sentencia en el caso Giovanni
Candelaria Ochoa, académica y actual Diputada local, recordó que el caso ocurrió en medio de las medidas impuestas durante la pandemia y sostuvo que la responsabilidad no puede quedar reducida a un solo agente. “Fue muy desafortunado el caso del asesinato de Giovanni López, porque en ese momento Enrique Alfaro decidió que todos debíamos salir con cubrebocas a la calle y que quien no siguiera esas instrucciones iba a tener una sanción. Lo que nunca se pudo valorar lo suficiente es que esa sanción podía ser perder la vida, como el caso de este chico que en Ixtlahuacán de los Membrillos estaba cenando con su tía y su hermano y que fue detenido por no usar cubrebocas”.
La autopsia determinó que Giovanni López falleció por un traumatismo craneoencefálico. Un informe posterior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco calificó el caso como una “ejecución extrajudicial” y documentó las múltiples lesiones que presentaba Giovanni, además de las fallas en la atención médica que recibió mientras permanecía bajo custodia.
Para Ochoa, la reciente condena deja todavía sin resolver qué ocurrió con los demás policías que participaron en la detención y quién tomó las decisiones que desembocaron en la muerte de Giovanni. “No fue un policía el que detuvo a Giovanni, sino fueron varios, y además alguien dio la orden. Y el caso gravísimo es que lo golpearon hasta llegar a la muerte, o sea, hasta matarlo. Ahí hay un tema que sigue pendiente, que desafortunadamente no tenemos mayor información, pero que debería sancionarse a quien tomó la decisión de golpearlo hasta matarlo”, planteó.
La sentencia del único responsable por este crimen ha vuelto a colocar en la memoria uno de los episodios más graves de abuso policial ocurridos durante el Gobierno de Enrique Alfaro Ramírez y, sobre todo, lo que vino después: las protestas para exigir justicia por Giovanni, la respuesta de las corporaciones de seguridad y las detenciones arbitrarias de decenas de jóvenes. Seis años después, el escenario vuelve a resonar ante casos en los que ciudadanos que reclaman directamente a las autoridades terminan detenidos.
“El caso de Giovanni, aunque en otro espacio y en otro ámbito, es un reflejo muy claro de la forma como Enrique Alfaro y como Pablo Lemus ven el gobierno, la autoridad o la supuesta autoridad del gobierno. Todos recordamos lo del asesinato de Giovanni en el 2020. Recordamos también la manifestación que hubo de protesta porque el gobierno no actuaba en contra de los policías que lo asesinaron y la represión de la Fiscalía General del Estado que detuvo en aquella ocasión a decenas de muchachos y por los cuales en estos días se dictó sentencia en contra de un policía, pero sólo de un policía, cuando también debió haberse investigado a fondo la represión que se cometió contra los estudiantes y los ciudadanos que protestaron por la muerte de Giovanni en Ixtlahuacán de los Membrillos”, expuso en entrevista el periodista Pedro Mellado.
El periodista Mellado también indicó que otro aspecto pendiente por investigar fue la afirmación que hizo Enrique Alfaro cuando, tratando de deslindar a su Gobierno, dijo que muy probablemente la Fiscalía General de Justicia de Jalisco estaba penetrada por alguna expresión del crimen organizado y que de ahí había surgido la orden de reprimir a las y los manifestantes que exigían justicia para Giovanni López.
“Jamás se investigó la afirmación que hizo Enrique Alfaro cuando, tratando de deslindar a su gobierno, afirmó que muy probablemente la Fiscalía General de Justicia de Jalisco estaba penetrada por alguna expresión del crimen organizado y que de ahí había surgido esa orden represiva en contra de los manifestantes por el asesinato de Giovanni López”, señaló Mellado.
Candelaria Ochoa también recordó ese episodio. Expuso que después de las protestas Alfaro habló públicamente de una presunta infiltración de la Fiscalía, pero cuestionó que no se conociera posteriormente una investigación que esclareciera sus propias declaraciones. “No sabemos qué pasó con esa declaración, si nada más la hizo por ocurrencia o porque tenía datos importantes”, señaló.
Un expolicía fue condenado por homicidio calificado y abuso de autoridad tras reconocer su culpabilidad en el caso de Giovanni López, detenido en pandemia.
Giovanni y el “Halconazo tapatío”
Fue hasta junio de 2020, cuando comenzó a circular ampliamente el video de la detención, que cientos de jóvenes tomaron las calles de Guadalajara para exigir justicia. El 4 de junio marcharon hacia el Palacio de Gobierno de Jalisco. Durante la movilización hubo daños al inmueble, patrullas incendiadas y enfrentamientos, pero la jornada terminó también con 28 personas detenidas, entre ellas siete menores de edad.
Ochoa recordó que las manifestaciones se extendieron durante tres días y que la respuesta policial convirtió el reclamo por Giovanni en una protesta más amplia por las violaciones a los derechos humanos.
“Hubo una gran movilización de jóvenes en el estado, en particular en Guadalajara, que salieron a protestar durante tres días, que fueron 4, 5 y 6 de junio, y que reclamaban justicia para Giovanni. Creo que la solidaridad juvenil mostró una potencia muy importante porque, aunque no lo conocían, defendieron los derechos de la juventud y creo que eso fue lo que más destacó en esos tres días”, relató. “Creo que lo que mostró no solamente fue intolerancia, sino también una actitud de violentar los derechos humanos”.
La respuesta de las autoridades se convirtió entonces en otra parte del caso Giovanni. Al día siguiente se convocó una nueva protesta ante la Fiscalía de Jalisco para exigir la libertad de las personas arrestadas. Distintos reportes documentaron que policías, algunos de ellos vestidos de civil, detuvieron a jóvenes en calles cercanas, los golpearon y los subieron a vehículos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos también reportó arrestos realizados sin los protocolos correspondientes.
Ochoa sostuvo que la violencia se agravó en esa segunda jornada y recordó la presencia de policías sin uniformes y vehículos sin identificación durante las detenciones. “En esa tarde la represión fue peor. Toda represión siempre es gravísima, pero esa tarde fueron policías encubiertos con camionetas encubiertas en donde llevaban armas de fuego, en donde detuvieron cerca de 100 personas y en donde lo que se vio fue que no se había aprendido con la represión de un día anterior, sino al contrario”, sostuvo. “Eso no solamente incendió a los grupos juveniles, a la organización de chicas y chicos, sino a la sociedad entera, y creo que eso es algo que sigue estando pendiente.
2020: La Policía de Alfaro levantó jóvenes, acusó infiltrados y se optó por impunidad
Aquella respuesta policial ocurrió bajo el Gobierno de Enrique Alfaro Ramírez. El propio Alfaro sostuvo que Giovanni no había sido detenido por no utilizar cubrebocas y prometió que su muerte no quedaría impune. Pero las denuncias contra policías estatales crecieron conforme aparecieron videos y testimonios de jóvenes detenidos durante las manifestaciones. Dos agentes de la Fiscalía fueron arrestados por posibles violaciones a los derechos humanos de manifestantes. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también emitió recomendaciones al Gobierno de Jalisco por lo ocurrido durante esas jornadas, recomendaciones que Alfaro dijo aceptar.
El episodio no quedó aislado dentro de su administración. Hubo otros casos de uso de la fuerza y detenciones contra personas que protestaban o cuestionaban al Gobierno estatal. Entre los antecedentes están las detenciones realizadas en 2019 durante las movilizaciones contra el aumento a la tarifa del Tren Ligero. Mellado sostuvo que esos hechos deben leerse junto con otros conflictos sociales en los que, a su juicio, los Gobiernos de Movimiento Ciudadano han recurrido a cuerpos policiales frente a ciudadanos que se oponen a decisiones administrativas.
“Más allá de lo que ha pasado después del asunto de Giovanni, que por sí mismo es muy grave y tiene implicaciones muy fuertes con respecto a la seguridad en Jalisco, lo tendríamos que vincular con el asunto de la declaración que hizo Alfaro cuando dijo que en la acción de la Fiscalía para reprimir a las personas que protestaban por el asesinato de Giovanni había influido alguna expresión del crimen organizado”, señaló.
“En conclusión, no solamente en lo que corresponde al ámbito de la seguridad, también en lo que corresponde a la procuración de justicia y a la represión de las expresiones sociales que se oponen a las decisiones administrativas que toman los gobiernos de Movimiento Ciudadano en Jalisco, para estos gobiernos, tanto para el de Enrique Alfaro como para el de Pablo Lemus, es muy fácil mandar a la policía a que le dé de garrotazos a la gente”, sostuvo Mellado.
Incluso la memoria de aquellas jornadas volvió a provocar una confrontación con el Gobierno estatal. En junio de 2023, autoridades retiraron un antimonumento colocado frente a la Plaza de Armas para recordar a Giovanni y a las víctimas del “Halconazo tapatío”. En ese momento, colectivos denunciaron que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas seguían sin esclarecerse completamente.
El Antimonumento 5J fue instalado para recordar la represión ocurrida los días 4, 5 y 6 de junio de 2020 en Guadalajara.
Ochoa recordó que desde distintos espacios se ha solicitado la reinstalación del memorial y vinculó su retiro con la persistencia de reclamos de justicia. “Pablo Lemus fue el operador de retirar el antimonumento 5 de junio. Hemos solicitado por distintas vías, yo como regidora y luego como diputada, que se reintegre este antimonumento. A pesar de que tienen una orden de un juez, siguen sin cumplirla”, afirmó.
La activista Inés detalló que su colectivo mantiene una batalla jurídica por la restitución del antimonumento. Pese a contar con una suspensión judicial favorable que obliga a las autoridades a reinstalarlo o elabor de una réplica, el gobierno municipal y estatal sigue sin cumplir los mandatos judiciales a su favor.
"Pablo Lemus es responsable, junto con Enrique Alfaro, del retiro del Antimonumento 5J, el cual nos siguen todavía debiendo y está en un proceso legal. Tenemos una suspensión ganada que obligaría al Gobierno a reinstalar la pieza, pero Lemus no tiene palabra", planteó.
Lemus y la misma marca de represión
El cambio de Gobernador no terminó con los cuestionamientos sobre el uso de la fuerza frente a las protestas. A comienzos de 2026, el aumento de 9.50 a 14 pesos en la tarifa del transporte público impulsado durante el Gobierno de Pablo Lemus provocó manifestaciones, detenciones y presión social en el Área Metropolitana de Guadalajara.
Organizaciones y activistas acusaron a principios de años al Gobierno estatal de responder con represión a las movilizaciones contra el llamado “tarifazo”. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo documentó entonces señalamientos de detenciones arbitrarias, incomunicación y privaciones de la libertad en el contexto de las manifestaciones.
No obstante, el episodio más reciente ocurrió cuando un hombre reclamó directamente al Gobernador Pablo Lemus por los problemas con el suministro y la calidad del agua. Después del intercambio con el mandatario, policías municipales lo detuvieron y terminó presentado ante un Juez Cívico.
“Hay un dato más reciente también: el asunto de este muchacho que el pasado martes, ahí en la zona centro de Guadalajara, se atrevió a gritarle a Pablo Lemus que se pusiera a trabajar para que resolviera el problema del agua sucia y pestilente que estamos recibiendo en la zona metropolitana”, señaló Mellado.
“Ese muchacho le grita: ‘Ponte a trabajar, Gobernador, porque queremos agua limpia’. Lo detienen y el Juez municipal dice: ‘Bueno, nada más le voy a dar una amonestación y no le voy a imponer ninguna multa ni lo vamos a meter a la cárcel’. Pero es una señal muy clara de la forma autoritaria como se conduce el Gobierno de Pablo Lemus”, añadió el periodista.
Ochoa también se refirió al arresto y lo vinculó con los hechos de 2020. “El día 15 de septiembre fue un hecho muy claro. Por la tarde fue el Grito, él [Pablo Lemus] salió a caminar por la ciudad y un chico le gritó: ‘Queremos agua limpia’. Y la policía de Guadalajara, que está a cargo de Verónica Delgadillo, lo que hizo fue detener a este chico”, relató.
“No les gusta que los critiquen, no les gusta que les muestren que no cumplen con su tarea, como es precisamente garantizar agua limpia”, sostuvo.
El activista Jaime, del colectivo 5 de junio Memoria, alerta una continuación entre los gobiernos de Alfaro y Pablo Lemus en cuanto a la intimidación de la protesta social, también ve con preocupación que, ante las próximas elecciones de 2027, el gobierno busque acallar cualquier manifestación ciudadana.
"Están enviando un mensaje a los colectivos: Quien se atreva a gritar o a decir algo, a manifestarse, ya saben... Están sacando las uñas para que vean que no ser van a quedar tranquilos. No quieren que se vea manchada nada en ninguna protesta contra su mal gobierno", planteó.
Para Mellado, existe una continuidad política entre las administraciones de Alfaro y Lemus que ayuda a explicar, desde su perspectiva, la manera en que ambos Gobiernos han respondido a determinadas expresiones de inconformidad.
“Es la misma visión de gobierno de dos políticos del mismo partido y que además llegaron de la mano a la política, porque hay que recordar que cuando Enrique Alfaro es postulado para la Alcaldía de Guadalajara, él también de alguna manera interviene para que Pablo Lemus sea postulado candidato en Zapopan. Y los dos llegan a las alcaldías de Zapopan y Guadalajara en el 2015”, expuso.
Ochoa coincidió en señalar una continuidad en la respuesta a la crítica pública y planteó que uno de los cambios necesarios sería garantizar que las autoridades escuchen los reclamos ciudadanos sin recurrir a detenciones.
“Lo que se mostró en esta intolerancia fue precisamente lo que son: lo que muestran inmediatamente es la represión porque no tienen otra forma de responderle a las personas”, afirmó. “¿Qué tiene que cambiar? Pues que no lo hagan, que sean tolerantes a la crítica política, porque una esperaría que un Gobierno por lo menos escuche”, dijo.Y ahondó: “otro pendiente es la transparencia, la transparencia y la rendición de cuentas. Yo creo que sigue siendo un tema de mucho debate”.
Montserrat Antúnez
Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia, conflicto de interés y derechos humanos. Conductora del programa Close Up, en el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.
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