CIUDAD DE MÉXICO — El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que el estado de Chihuahua debe modificar su legislación electoral para incluir la injerencia extranjera como causal de nulidad en las elecciones locales.
La decisión, aprobada por unanimidad a partir de un proyecto elaborado por la ministra Sara Irene Herrerías, establece que el Congreso chihuahuense incurrió en una falta al no adecuar su marco jurídico a lo estipulado en el artículo 41 constitucional. Esta disposición federal —reformada en mayo pasado— estableció la intervención o injerencia externa como motivo válido para anular un proceso electoral, aunque la legislación secundaria correspondiente a nivel federal aún no ha sido emitida.
La controversia por el crimen organizado y la nulidad
El mandato de la Suprema Corte forma parte de la revisión a diversas impugnaciones contra la reforma electoral de Chihuahua. En este mismo contexto, el máximo tribunal generó polémica al invalidar y rechazar que el Congreso estatal pudiera establecer la intervención del crimen organizado como causal de nulidad para las elecciones locales.
Esta última determinación fue criticada por la gobernadora de la entidad, quien argumentó que la disposición eliminada por la Corte tenía como propósito central frenar la intervención de la delincuencia en los procesos comiciales del estado. Sin embargo, la SCJN consideró que ciertas reglas de la reforma electoral local restringían de manera injustificada los derechos de la ciudadanía a ser votada, así como la autodeterminación de los propios partidos políticos.
Próximos pasos para el Congreso local
Tras esta resolución, el Poder Legislativo de Chihuahua se encuentra obligado a realizar las adecuaciones necesarias a la brevedad. Durante el análisis, el pleno de la Corte también señaló que la entidad mantenía pendientes de armonización otras disposiciones clave, como aquellas relativas al nepotismo y a las prohibiciones de reelección consecutiva de cara a los próximos procesos electorales.
La instrucción de la SCJN busca garantizar que los marcos normativos estatales se apeguen estrictamente al diseño constitucional federal, evitando así un desfase legal que comprometa la certeza de las elecciones en la entidad.
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