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Por Sam Fouilloux
Publicado27 septiembre, 2026
Ados años de iniciado el gobierno de Claudia Sheinbaum, un total de 53 funcionarios enfrentan procesos judiciales por su probable responsabilidad en ilícitos vinculados con el desvío de recursos y malas prácticas administrativas. El balance fue expuesto este martes desde el recinto presidencial por Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), quien detalló que las conductas más perseguidas penalmente incluyen el enriquecimiento injustificado, el fraude y el ejercicio indebido de atribuciones.
En el ámbito del control interno, la dependencia federal ha aplicado medidas disciplinarias contra 4 mil 193 empleados del sector público. De esta cifra, la gran mayoría corresponde a infracciones menores con 3 mil 528 casos, mientras que el resto engloba faltas graves que van desde la falsificación de documentos y el manejo irregular de información confidencial hasta denuncias por hostigamiento y autorizaciones de pagos improcedentes.
Por otro lado, el sector privado también ha sido objeto de sanciones severas mediante la inhabilitación de 286 empresas y la aplicación de multas acumuladas que superan los 147 millones de pesos. Las irregularidades más recurrentes entre los contratistas involucran la simulación de capacidades técnicas, la presentación de expedientes apócrifos y el incumplimiento en la entrega de bienes o servicios contratados por el Estado.
Finalmente, la estrategia de fiscalización y optimización de recursos de Claudia Sheinbaum ha permitido resguardar aproximadamente 84 mil millones al erario nacional. Estos fondos se han salvaguardado mediante esquemas de compras eficientes, un seguimiento puntual a la ejecución de contratos y una mayor racionalidad en la estructura gubernamental, consolidando así el eje de austeridad y combate a la impunidad.
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