a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló la falta de cooperación del Gobierno de Jalisco, encabezado por el emecista Pablo Lemus, y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) en las investigaciones sobre las detenciones arbitrarias y los abusos policiales cometidos durante la protesta por agua limpia del pasado 11 de octubre en Guadalajara.El organismo federal denunció que ambas instancias no respondieron a su solicitud de reunión ni entregaron los expedientes requeridos para esclarecer los hechos.
“A pesar de que el Gobierno de Jalisco y la CEDHJ habían informado que realizan investigaciones en conjunto y que colaboran con esta Comisión Nacional, durante los cinco días de diligencia no respondieron”, acusó la CNDH.
FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM
El organismo explicó que acceder a los expedientes es fundamental para identificar a los policías y demás personas que participaron en el operativo, conocer las evidencias recabadas y revisar la actuación de las autoridades ante las denuncias de posibles actos de tortura. También destacó que personal de la CEDHJ estuvo presente durante las detenciones y las retenciones ocurridas en las inmediaciones de Casa Jalisco.
Aunque aseguró que la falta de respuesta no ha detenido sus indagatorias, advirtió que la ausencia de colaboración será considerada en el análisis de los hechos y en las conclusiones de la investigación.
La CNDH también documentó los acontecimientos de la segunda marcha en defensa del agua, realizada el domingo 18 de octubre, en la que se registraron disturbios ocasionados por presuntos infiltrados y agitadores, además de cinco detenciones. Al cierre de sus diligencias, indicó que no tenía conocimiento de denuncias presentadas por familiares u organizaciones, ni de que las detenciones hubieran sido calificadas como injustas.
Sobre los incidentes, el organismo señaló que la movilización comenzó alrededor de las 11:00 horas, pero tuvo que detenerse ante la presencia de un grupo numeroso de personas a quienes los propios manifestantes identificaron como presuntos infiltrados. Según los reportes recabados, estas personas lanzaron petardos después de ser señaladas.
Posteriormente, un contingente de más de mil personas continuó hacia el Palacio de Gobierno de Jalisco, donde se manifestó de manera pacífica. Durante el recorrido, la CNDH observó la presencia de policías federales y municipales, así como de elementos antimotines que portaban equipo de armamento considerable y, según el organismo, en muchos casos no tenían identificación visible ni distintivos de su corporación.
La Comisión agregó que dos personas señaladas como presuntos infiltrados fueron entregadas por los manifestantes a elementos policiales, procedimiento que fue documentado por personal de la CEDHJ. Esta actuación contrastó, a juicio de la CNDH, con la intervención del organismo estatal durante los hechos del 11 de octubre.
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Finalmente, la CNDH advirtió que la presencia de presuntos infiltrados y su posible coordinación con autoridades policiales será objeto de una investigación amplia, al recordar que este tipo de prácticas ha formado parte de escenarios de represión en el pasado.
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