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El CIAGate tiene a Jáuregui detenido y enfrenta a Maru Campos con el PAN, mientras salen a la luz los papeles de la CIA, Fox, Calderón y el Embajador de EU.
El narcolaboratorio fue localizado en el municipio de Morelos, Chihuahua.
La Fiscalía informó que el laboratorio clandestino no ha sido desmantelado debido a que sigue el proceso de destrucción y traslado de sustancias. Foto: FGE Chihuahua
Sugeyry Romina Gándara
21/10/2026 - 7:00 pm
(SinEmbargo).– César Jáuregui Moreno está detenido por presunta traición a la patria, pero nunca estuvo solo en la trama de la CIA en Chihuahua. El escándalo alcanza al Gobierno de la panista Maru Campos, a funcionarios que habrían facilitado las operaciones de agentes estadounidenses y a figuras políticas que salieron en defensa de la Gobernadora, entre ellas los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, respaldados por la dirigencia nacional del PAN.
También aparece Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México, quien dio a conocer la muerte de dos agentes estadounidenses en la Sierra Tarahumara sin revelar inicialmente que pertenecían a la CIA.
La investigación, que mantiene prófugo al exfiscal de Operaciones Estratégicas Guillermo Arturo Zuany Portillo, ha exhibido una red de colaboración entre autoridades estatales y agencias extranjeras, mientras la detención de Jáuregui profundiza la fractura política dentro del panismo.
A ellos se suman los mandos mexicanos que murieron en la Sierra Tarahumara y los dos agentes de la CIA, Richard Leiter Johnston III y John Dudley, cuya presencia en Chihuahua, de acuerdo con datos presentados ante un juez, se remontaba al menos a octubre de 2025.
El caso quedó al descubierto después del operativo realizado en las inmediaciones de El Pinal, municipio de Morelos. La madrugada del 19 de abril murieron en una volcadura los dos agentes estadounidenses, quienes viajaban con el director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Ramón Oseguera Cervantes, y su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes. El accidente fue dado a conocer públicamente por el Embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson.
Los cuatro regresaban de un despliegue efectuado por autoridades mexicanas entre el 17 y el 19 de abril para desmantelar instalaciones presuntamente utilizadas en la producción de drogas sintéticas. La presencia de personal de inteligencia estadounidense provocó el reclamo del Gobierno de Claudia Sheinbaum, que cuestionó si las autoridades estatales habían celebrado acuerdos con agencias extranjeras sin informar al Gobierno federal y si permitieron la participación de esos agentes en operaciones de seguridad sin la autorización correspondiente.
Las declaraciones de las autoridades y los datos presentados en las investigaciones permiten reconstruir las funciones y las versiones de los principales involucrados, así como el conflicto político que estalló entre el Gobierno de Maru Campos y la Federación.
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César Jáuregui
El exfiscal general de Chihuahua, detenido por presunta traición a la patria, es hasta ahora el principal involucrado en las investigaciones por la presencia ilegal de agentes de la CIA en operaciones de seguridad en el estado.
Jáuregui llegó a la Fiscalía el 25 de enero de 2023, sin experiencia previa al frente de la institución, y se perfilaba como aspirante del PAN a la Alcaldía de Chihuahua cuando estalló el caso. Desde entonces, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado las contradicciones en sus declaraciones sobre las actividades de los estadounidenses que murieron el 19 de abril en una volcadura en la Sierra Tarahumara.
El día del accidente, Jáuregui aseguró que los dos extranjeros eran instructores de la Embajada de Estados Unidos que realizaban labores de entrenamiento. Posteriormente sostuvo que participaban en un curso de capacitación sobre drones, lejos del lugar donde se había realizado el operativo contra un presunto narcolaboratorio. Cuando The Washington Post reveló que los fallecidos eran agentes de la CIA, el entonces Fiscal negó que hubieran participado en el despliegue y aseguró que sólo habían recibido un aventón. “Se encontraron con el comandante, cuando él venía de regreso; ellos no participaron en el operativo”, afirmó.
Las inconsistencias llevaron a Sheinbaum a exigir explicaciones y señalar que la presencia de los agentes estadounidenses sólo podía explicarse por un acuerdo con la Fiscalía estatal o con la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua. El 27 de abril, Jáuregui renunció al cargo y reconoció omisiones “tanto en la información como en la gestión institucional”. Un día después, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió dos carpetas de investigación relacionadas con el caso.
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La crisis política se profundizó el 14 de octubre, cuando la Gobernadora Maru Campos responsabilizó públicamente al exfiscal y a otros funcionarios de actuar sin su conocimiento. “Desgraciadamente, se actuó por la libre por parte del exfiscal, por parte de otras personas al interior de la Fiscalía General del Estado y eso no se puede perdonar”, declaró.
El 17 de octubre, Jáuregui fue detenido por la Fiscalía de Chihuahua por presuntos delitos relacionados con el servicio público. Durante la audiencia, en la que se presentaron más de 46 testimonios, militantes panistas se manifestaron en su defensa y acusaron de traición a Maru Campos, de quien había sido colaborador político durante al menos 15 años.
Un juez determinó que podía continuar el proceso estatal en libertad, sujeto a medidas cautelares, pero al salir fue nuevamente aprehendido, esta vez por agentes federales que ejecutaron una orden de captura por presunta traición a la patria.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy, sostuvo que la participación de los dos agentes de la CIA en el operativo de El Pinal no estaba justificada y que Jáuregui carecía de facultades para autorizarla. También señaló que los estadounidenses habían ingresado en varias ocasiones al estado.
Frente a las acusaciones, el exfiscal negó haber cometido algún delito y defendió las operaciones emprendidas contra el crimen organizado. Su defensa legal sostiene que no existen elementos que acrediten que conociera, dirigiera u ordenara la participación de los agentes extranjeros en el operativo investigado.
Luisa Villegas, abogada de Jáuregui, explicó en entrevista con SinEmbargo el 20 de octubre que la estrategia jurídica consistirá en negar las acusaciones y exigir a las fiscalías que demuestren tanto la participación efectiva de los estadounidenses en el operativo como la existencia de una orden directa del exfiscal.
“La estrategia de defensa es negar los hechos, obligar a las fiscalías a que acrediten su dicho y atenernos al principio constitucional y convencional de la presunción de inocencia. Ellos (la Fiscalía) tienen que probar todos sus dichos y tienen que probar los dos hechos que ya mencioné: que los agentes estuvieron en el operativo, no en el lugar, en el operativo. Y dos, que la presencia de ellos obedece a una orden directa dictada por el exfiscal”, afirmó.
El Juez a cargo de la audiencia de César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, ordenó que se realice a puerta cerrada por motivos de seguridad nacional.
La audiencia inicial en contra del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, se reanudará este martes a las 21:00 horas. Foto: Captura de pantalla de video
Maru Campos
La Gobernadora panista de Chihuahua ha estado desde el inicio escándalo por la presencia de agentes de la CIA en el centro de la trama. La crisis comenzó cuando no respondió una llamada de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien exigía explicaciones sobre lo ocurrido. Por el contrario, el 24 de abril Campos anunció la creación de una Unidad Especializada para investigar los hechos. Su primer informe responsabilizó del ingreso de los estadounidenses al entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Ramón Oseguera Cervantes, quien había muerto en la volcadura. Sin embargo, el 12 de mayo, la propia investigación estatal reconoció que agentes de la CIA habían visitado al menos dos veces las instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, incluso horas antes del operativo, y que uno de ellos portaba un arma de fuego.
El 21 de mayo, Campos inició un "tour" en medios nacionales para defender su administración. Durante esas conversaciones reconoció la colaboración de autoridades de Chihuahua con agencias de Estados Unidos, entre ellas el FBI, la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional, cuyos integrantes participaban en tareas de seguridad. En una entrevista con Joaquín López-Dóriga, en Radio Fórmula, la Gobernadora sostuvo que esas operaciones eran habituales, aunque negó que involucraran a la CIA. “Pero no de la CIA, era el Departamento de Estado, era Homeland Security, era el FBI, era la DEA; nunca la CIA”, afirmó. El periodista la cuestionó entonces sobre la presencia de agentes estadounidenses:
—Bueno, pero también son agencias el FBI y la DEA —cuestionó López-Dóriga.
—Sí, claro. Y operaban ahí. También era colaboración y cooperación, Joaquín. A ver, te estoy hablando del estado más grande de la República, tú lo sabes; te estoy hablando también de la frontera más grande entre Estados Unidos y México, donde tenemos que entender que para problemas transfronterizos necesitamos soluciones transfronterizas y necesitamos esta colaboración, esta cooperación —respondió Campos.
—O sea, sí había colaboración y presencia de agentes estadounidenses, excepto de la CIA, en el estado de Chihuahua.
—Así es, y eso está debidamente documentado, argumentado y sustentado.
Las declaraciones adquirieron relevancia cuando la Fiscalía General de la República (FGR) amplió sus investigaciones. El 23 de mayo, agentes federales acudieron al Palacio de Gobierno para entregar a Campos un citatorio, al que respondió denunciando una presunta persecución política. Cuatro días después se presentó ante la FGR en calidad de testigo, pero no rindió declaración directa, sino que sus abogados entregaron un escrito para impugnar el citatorio. Mientras tanto, Sheinbaum insistía en que las investigaciones estatales no sustituían las atribuciones de la Federación para determinar posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional.
Campos fue la única mandataria estatal ausente del informe presidencial del 1 de septiembre y justificó su decisión como un “acto de prudencia”. Sin embargo, el 19 de septiembre sostuvo un breve encuentro con Sheinbaum en el aeropuerto de Ciudad Juárez. La Presidenta informó que ambas habían coincidido en que cualquier funcionario que hubiera cometido un delito debía enfrentar las consecuencias legales. La reunión ocurrió después de meses de señalamientos entre los gobiernos estatal y federal por la intervención de agencias estadounidenses en Chihuahua.
El 14 de octubre, Campos dio un nuevo giro a su postura. En una entrevista con Latinus, responsabilizó directamente a su exfiscal César Jáuregui Moreno y a otros funcionarios estatales de actuar sin su conocimiento durante el operativo en el que participaron agentes de la CIA.
“Desgraciadamente, se actuó por la libre por parte del exfiscal, por parte de otras personas al interior de la Fiscalía General del Estado y eso no se puede perdonar”, afirmó la Gobernadora al justificar los cambios en la institución.
Tres días después, el 17 de octubre, Jáuregui fue detenido por las autoridades estatales y posteriormente por la FGR, acusado en el ámbito federal de presunta traición a la patria. Su captura abrió una fractura dentro del PAN de Chihuahua cuando militantes y exfuncionarios salieron en defensa del exfiscal y acusaron de traición a Campos, quien había trabajado políticamente con Jáuregui durante al menos 15 años.
La Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, brilló en la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero por su ausencia.
Maru Campos, Gobernadora de Chihuahua, señalaba primero que el Gobierno federal está usando el caso de los agentes de la CIA para afectarla políticamente. Foto: Cuartoscuro
El PAN, Fox y Calderón
La participación de agentes de la CIA en el operativo de El Pinal no sólo desató una investigación penal, también se convirtió en una causa política para el Partido Acción Nacional.
El 30 de mayo de 2026, cuando Maru Campos enfrentaba los reclamos del Gobierno federal y la posibilidad de un juicio político, la dirigencia panista organizó en Chihuahua la movilización “Yo con Maru”.
Al acto acudieron los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así como Jorge Romero, Ricardo Anaya, Xóchitl Gálvez, Margarita Zavala y otros dirigentes y legisladores, para expresar públicamente su respaldo a la Gobernadora.
Calderón aprovechó el mitin para defender su estrategia de combate al narcotráfico y acusar al Gobierno de perseguir a Campos. “Qué absurdo que seas tú la perseguida”, afirmó.
Fox criticó por su parte a los gobiernos de Morena, a los que acusó de populismo y de incapacidad para generar riqueza y empleos. Jorge Romero reivindicó a su vez los gobiernos de ambos expresidentes y presentó al PAN como un partido dispuesto a enfrentar a las organizaciones criminales.
Pero la unidad exhibida en mayo se quebró con la detención de Jáuregui el 17 de octubre.
Militantes y antiguos funcionarios panistas de Chihuahua salieron en defensa del exfiscal y acusaron a Campos de haber traicionado a quien fue su colaborador durante años.
La dirigencia nacional evitó inicialmente un pronunciamiento oficial, aunque Jorge Romero cuestionó la acusación de traición a la patria.
Embajador y exagente de la CIA
Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México y representante del Gobierno de Donald Trump, es otra de las figuras que aparece desde el origen del caso. El 19 de abril de 2026 anunció la muerte de dos integrantes del personal de la Embajada estadounidense y de dos funcionarios mexicanos en un accidente de carretera en Chihuahua.
En su mensaje no identificó a los estadounidenses como agentes de la CIA ni explicó su participación en el despliegue. Dos días después, The Washington Post reveló que los fallecidos trabajaban para esa agencia de inteligencia.
La trayectoria de Johnson se vuelve especialmente relevante en este episodio. Antes de asumir el cargo en México se desempeñó como oficial superior de operaciones de la CIA y como enlace de Ciencia y Tecnología de esa agencia con el Comando de Operaciones Especiales estadounidense. También fue asesor del Comando Sur y embajador en El Salvador. Es decir, se trata de un exintegrante del aparato de inteligencia de Estados Unidos.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum reclamó explicaciones sobre las actividades de los agentes estadounidenses y la falta de notificación a las autoridades federales. El episodio derivó en una reunión de funcionarios mexicanos con Johnson y en una nota diplomática dirigida a Estados Unidos para aclarar la participación de su personal en operaciones de seguridad en territorio nacional.
La cuestión pendiente no es sólo quién permitió que los agentes acompañaran a policías estatales, sino qué sabía la representación diplomática de Estados Unidos sobre esos despliegues y por qué no fueron informados a las autoridades mexicanas conforme a los procedimientos legales.
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Dos agentes de élite
Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, los dos agentes de la CIA que murieron el 19 de abril de 2026 en una volcadura en la Sierra Tarahumara, tenían una amplia trayectoria militar en Estados Unidos y habían participado en misiones en Afganistán. Uno perteneció a las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense, conocidas como Boinas Verdes, mientras que el otro sirvió en el Cuerpo de Marines. Sus antecedentes contrastan con la primera versión de la Fiscalía de Chihuahua, entonces encabezada por César Jáuregui Moreno, que los presentó como instructores de manejo de drones que se encontraban en el estado realizando labores de capacitación.
Richard Leiter Johnston III participó en 2016 en operaciones antiterroristas en Afganistán, donde también entrenó a fuerzas de seguridad locales. Posteriormente ingresó a las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense, recibió preparación en combate, operaciones aerotransportadas, caída libre y buceo militar, y llegó a comandar el Destacamento Operacional SFOD-A 1333, con el que participó en misiones en Filipinas. Tras dejar el Ejército, trabajó en distintas regiones del mundo, incluidos Oriente Medio, África, Asia Oriental y el hemisferio occidental. Por su parte, John Dudley Black se formó en la Universidad Gonzaga, ingresó al Cuerpo de Marines y sirvió en Afganistán como ayudante de campo del general al mando de la Primera División de Marines, según documentó la periodista Alexandra Duggan en The Spokesman-Review.
Las investigaciones mexicanas establecieron que la presencia de ambos estadounidenses en Chihuahua se remontaba al menos a octubre de 2025. Durante la audiencia contra Jáuregui, el Ministerio Público presentó reservaciones de hoteles, contratos de arrendamiento de vehículos y registros de geolocalización para reconstruir sus movimientos. Johnston había visitado Chihuahua en octubre de 2025 y enero de 2026, mientras que los registros de GPS de dos automóviles Volkswagen Jetta rentados a su nombre mostraron estancias prolongadas en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, particularmente cerca de las oficinas de Operaciones Estratégicas del C4.
Los testimonios recabados por las autoridades mexicanas indican que Johnston y Black habrían mantenido contacto con Guillermo Arturo Zuany Portillo, entonces fiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, señalado como uno de los responsables de coordinar la participación estadounidense. De acuerdo con los declarantes, los agentes recibieron armas largas en las oficinas de Zuany antes de dirigirse a El Pinal, el 16 de abril. También habrían participado en el grupo táctico con pasamontañas, consultado coordenadas mediante tabletas electrónicas y mantenido comunicación con Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación. La investigación federal sostiene que su intervención no había sido autorizada por el Gobierno de México.
Los dos agentes de la CIA que murieron en una volcadura en Chihuahua el 19 de abril de 2026 tenían experiencia militar en Afganistán. Se trata de Richard Leiter Johnston III (izquierda) y John Dudley (derecha).
Los mexicanos fallecidos
Entre los agentes mexicanos fallecidos se encuentra Pedro Ramón Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), señalado inicialmente como el único funcionario que tenía conocimiento de la presencia de los agentes de la CIA en el operativo. Sin embargo, murió antes de poder responder a esos señalamientos.
La titular de la Unidad Especializada creada por la Gobernadora María Eugenia Campos para investigar el caso, Wendy Chávez Villanueva, señaló en el primer informe que el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Ramón Oseguera Cervantes, era el único que tenía conocimiento de la presencia de los agentes de la CIA en el operativo contra un presunto narcolaboratorio en el municipio de Morelos.
De acuerdo con la funcionaria, no había registros de que Oseguera Cervantes hubiera solicitado autorización o informado a sus superiores que los agentes extranjeros lo acompañarían en el convoy. La versión de la Fiscalía estatal apuntaba así a que el mando policiaco los habría integrado al despliegue sin notificar a la cadena de mando.
"No tenemos registro de que el director de la Agencia Estatal de Investigación hubiera solicitado autorización o informado a sus superiores de que las personas extranjeras lo acompañarían en el convoy”, declaró Chávez Villanueva.
La funcionaria también indicó que, según los testimonios recabados hasta ese momento, los extranjeros que participaron en la operación y posteriormente murieron en un accidente automovilístico no vestían uniformes tácticos de la AEI ni portaban insignias de esa corporación. Añadió que no llevaban armas de fuego y que mantuvieron el rostro cubierto durante la mayor parte del tiempo.
“Hasta este momento no existe ningún indicio que permita suponer que durante el operativo las personas de origen extranjero se presentaron, ostentaron o actuaron como integrantes o agentes de alguna institución o agencia de seguridad nacional o extranjera”, agregó.
Oseguera Cervantes llevaba apenas siete meses al frente de la Agencia Estatal de Investigación cuando se realizó el operativo en la Sierra de Chihuahua y murió después del despliegue. Aunque su llegada al cargo directivo era reciente, no era un recién llegado a la corporación.
En la volcadura también murió el agente Manuel Genaro Méndez Montes, quien se desempeñaba como escolta de Oseguera Cervantes. Su cuerpo fue localizado boca arriba sobre la terracería del arroyo. Vestía una playera negra, pantalón operativo caqui y botas operativas, y presentaba escoriaciones y hematomas en distintas partes del cuerpo. A su lado fue localizada una pistola Glock 34.
De acuerdo con registros hemerográficos, la trayectoria de Méndez Montes estuvo centrada en labores operativas. Se desempeñó como primer comandante en la Zona Occidente y como coordinador regional en Cuauhtémoc, en la Sierra Tarahumara, donde adquirió experiencia en trabajo de campo.
Foto: FGE Chihuahua
El otro Fiscal en la mira
Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas, es el otro exfuncionario contra quien ya se giró una orden de aprehensión por el caso, pero que no ha sido detenido. Es quizá uno de los actores clave en la trama, pues ha sido señalado, tanto por las autoridades como en los testimonios que policías han brindado a la investigación, según se expuso en la audiencia de vinculación a proceso de César Jáuregui Moreno, como el mando que habría organizado el operativo en el Pinal y mantenido contacto directo con la CIA para facilitar la entrada de la agencia a Chihuahua. Hasta el momento, se encuentra prófugo.
Previo al CIA Gate, apenas en diciembre de 2025, dos meses después de ser nombrado director de la AEI a Fiscal, Estados Unidos le retiró la visa a Zuany Portillo, luego de que aparecieron narcomantas en Chihuahua en las que se le acusaba de brindar protección a un grupo criminal. Ese episodio se sumó a la carta póstuma del comandante Carlos Aarón Beltrán Pérez, asesinado en mayo de 2024 en Ciudad Cuauhtémoc, en la que acusó a Zuany Portillo y a otros mandos de corrupción, omisiones graves y posibles complicidades con “La Línea”.
El martes 12 de mayo, la titular de la Unidad Especializada de la FGE, Wendy Paola Chávez Villanueva, informó que agentes de la CIA estuvieron en las instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas al menos en dos ocasiones antes del operativo del 16 de abril en el municipio de Morelos, una de ellas horas antes de la salida del convoy. Uno de los agentes incluso portaba un arma de fuego.
“Los actos de investigación desarrollados permiten advertir elementos que hacen presumir la posible intervención, conocimiento o participación de otros funcionarios de la FGE relacionados con la operación investigada”, declaró Chávez Villanueva. Tras darse a conocer esta información, Zuany Portillo renunció a su cargo, luego de que se le inició un procedimiento administrativo por una posible omisión, como confirmó la propia Fiscalía estatal en un comunicado.
Al día siguiente, Zuany Portillo presentó su renuncia como Fiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de la Fiscalía de Chihuahua. Zuany Portillo sería, en esta lógica, uno de los principales señalados por la presunta participación de agentes de la CIA en el operativo en Chihuahua.
Guillermo Arturo Zuany Portillo renunció al cargo de Fiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua.
Zuany Portillo dejó su cargo en medio de las investigaciones por la participación de la CIA en Chihuahua. Foto: Especial
Los otros dos agentes que sobrevivieron
El 27 de mayo por la mañana, en pleno escándalo de la CIA, el Gobierno de México envió una nota diplomática a Estados Unidos (EU) en la que se pidió a la Embajada de Estados Unidos que los otro dos agentes, que se menciona estuvieron en el operativo, los cuales sobrevivieron, se retiraran del país, luego de que se solicitara formalmente que regularizaran su presencia conforme a los mecanismos aplicados al personal extranjero que realiza labores de inteligencia en el país o, en su defecto, dejaran el territorio nacional.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró esa mañana en su conferencia que los agentes ingresaron legalmente al territorio, pero con pasaporte des turistas o dioplomaticos, aunque señaló que no siguieron el procedimiento requerido para efectuar labores de inteligencia.
“Ellos entran legalmente a México, pero no se registraron en caso de que llevaran a cabo labores de inteligencia. Entonces se les pidió que, si iban a realizar labores de inteligencia, que se registraran o que abandonaran el país”, dijo la mandataria ese día.
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