El cambio de custodia, que permitió al imputado abandonar el Centro Federal de Readaptación Social “El Altiplano” para continuar bajo resguardo domiciliario, fue autorizado por una autoridad judicial exclusivamente debido a su condición de adulto mayor y a su estado de salud. La institución federal enfatizó que esta resolución judicial solo incide en el espacio físico donde se cumple la medida cautelar preventiva, mas no desestima las acusaciones presentadas en su contra.
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De acuerdo con la carpeta de investigación, la FGR sostiene que el exmandatario figura como uno de los principales socios de una empresa vinculada a servicios portuarios y dragado, la cual presuntamente formaba parte de una red dedicada al contrabando de hidrocarburos mediante el uso de ferrotanques. El expediente incluye diversos peritajes, entrevistas y un análisis financiero que reporta movimientos millonarios en cuentas nacionales considerados incongruentes con su perfil fiscal.
Finalmente, la dependencia federal recordó que los ilícitos imputados están sujetos a prisión preventiva oficiosa por mandato constitucional, por lo que su aplicación excede las facultades del Ministerio Público. Ante este escenario, la institución ratificó su disposición de acatar las determinaciones del Poder Judicial Federal, reafirmando su compromiso con el marco legal y el respeto al debido proceso.
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