Ciudad de México, 13 de octubre de 2026. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por unanimidad la reforma electoral que impedía postular a cargos municipales en Tamaulipas a personas vinculadas a proceso con prisión preventiva o condenadas por delitos dolosos, al determinar que el decreto violó la veda electoral de 90 días previa al arranque de la contienda 2026-2027.
La reforma, identificada como decreto 66-1146 y publicada el 1 de julio pasado, fue impugnada por los partidos del Trabajo, Acción Nacional, PRI y Somos, que alegaron violaciones al derecho a ser votado, el debido proceso, la autonomía municipal y la prohibición constitucional de modificar reglas electorales fundamentales durante los 90 días previos a una elección. El proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo declaró procedentes y fundadas las acciones de inconstitucionalidad, decretando la invalidez total del decreto por una "violación insubsanable" al artículo 105 constitucional.
La Corte se limitó al argumento de la veda electoral, considerándolo suficiente para invalidar todo el decreto, por lo que no analizó si eran constitucionales las restricciones impuestas a personas vinculadas a proceso. Asimismo, determinó que no recobrarán vigencia las disposiciones anteriores del Código Municipal, pues restablecerlas afectaría la certeza electoral. "Los artículos 35, 38 y 115 de la Constitución federal, junto con la legislación local, proporcionan un marco normativo suficiente para el desarrollo de la contienda", concluyó el ponente.
La resolución representa un revés para el Congreso de Tamaulipas, que en mayo pasado aprobó un paquete de reformas electorales y judiciales con el que buscaba armonizar la legislación local con el "Plan B" federal impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre los puntos que más discusión generaron estuvieron las modificaciones relacionadas con la no reelección consecutiva y el combate al nepotismo electoral
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