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Concepcion Pacheco
1 noviembre, 2026
13 min de lectura
El PRIAN utilizó las represiones para despojar a comunidades enteras, sofocar protestas y hasta para beneficiar a grupos delictivos.
Entre la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en 1968, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014, México acumuló una larga lista de represiones.
En su historial se encuentran desapariciones y operativos violentos contra estudiantes, campesinos, indígenas, maestros y jornaleros.
De Tlatelolco a Ayotzinapa: el infame historial de represiones del PRIAN
Las represiones del PRIAN cruzan más de cuatro décadas de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Además, incluyen doce años de administraciones del Partido Acción Nacional (PAN). Casi todas tienen en común la impunidad.
Tlatelolco y el Halconazo: el origen de la violencia de Estado
Uno de los hechos más representativos de las represiones del PRIAN ocurrió el 2 de octubre de 1968, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Ese día, el Ejército y el Batallón Olimpia, cuyos integrantes se distinguían con un guante blanco, abrieron fuego contra un mitin estudiantil en Tlatelolco.
Semanas antes, el 18 de septiembre, los militares habían tomado Ciudad Universitaria y arrestado a unos 500 estudiantes. Casi seis décadas después, no existe una cifra definitiva de muertos.
Las autoridades de la época hablaron de entre 20 y 30. Sin embargo, un documento de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) registró 28 muertos y 51 heridos.
Por su parte, la investigadora Kate Doyle, del National Security Archive, documentó 44 víctimas, 34 de ellas identificadas. Otras estimaciones, hablan de más de 200 o incluso 300 personas asesinadas.
Tres años después de Tlatelolco, el 10 de junio de 1971, ya con Luis Echeverría en la presidencia, una marcha estudiantil en apoyo a la autonomía de la Universidad de Nuevo León fue atacada por Los Halcones.
Se trataba de un grupo de choque con preparación militar, incluido de forma clandestina en la nómina del Departamento del Distrito Federal. El llamado Halconazo dejó cientos de estudiantes reprimidos y nunca hubo castigo para los responsables.
La Guerra Sucia y los vuelos de la muerte
Durante las décadas de 1970 y 1980, los gobiernos de Díaz Ordaz, Echeverría y José López Portillo persiguieron de forma sistemática a guerrilleros, activistas, opositores y comunidades enteras, sobre todo en Guerrero.
Mandos militares como Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo fueron señalados como operadores de esa estrategia. Ambos eran integrantes de la DFS y fundadores de la Brigada Blanca.
La Guerra Sucia y los vuelos de la muerte
La Brigada conformaba un grupo de élite, el cual había sido creado para exterminar a la Liga Comunista 23 de Septiembre. En adición, también combatía a organizaciones guerrilleras.
Chaparro era el encargado de ejecutar a las víctimas con un disparo en la nuca antes de subirlos al avión para arrojarlos al mar. Además, siempre usaba la misma pistola, por lo cual había sido bautizada como “La espada justiciera”.
El informe del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico distingue dos fases, de 1971 a 1974 y de 1974 a 1980. En la primera, las personas detenidas eran lanzadas al mar, ríos y lagos desde aviones militares o helicópteros.
Son los vuelos de la muerte, una de las páginas más oscuras de las represiones del PRIAN, cuyas víctimas siguen desaparecidas.
Zedillo: de Aguas Blancas a Acteal
El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantó en armas en Chiapas y declaró la guerra al gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Dos años después, el 16 de febrero de 1996, el gobierno de Ernesto Zedillo firmó con los zapatistas los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. En ellos se que reconocían derechos políticos, jurídicos y culturales a los pueblos indígenas, pero nunca entraron en vigor.
Masacre de Aguas Blancas, Guerrero
En contraste, la violencia contra comunidades campesinas e indígenas escaló. El 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, la policía estatal emboscó a integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que viajaban a una protesta.
Zedillo: de Aguas Blancas a Acteal
En esos hechos murieron diecisiete campesinos y más de 20 resultaron heridos. El gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, del PRI, difundió un video editado para culpar a las víctimas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que hubo “graves violaciones a derechos humanos”. Además, señaló directamente al gobernador, quien dejó el cargo. Aun así, Amnistía Internacional documentó que muchos responsables quedaron impunes.
Matanza de Acteal, Chiapas
El 22 de diciembre de 1997 llegó la matanza de Acteal, una de las más recordadas entre las represiones del PRIAN. Un grupo paramilitar asesinó a 45 indígenas tsotsiles de la organización Las Abejas, que rezaban en una ermita.
La mayoría eran mujeres, niñas y niños; cuatro de las mujeres estaban embarazadas, según el Frayba. Emilio Chuayffet era entonces secretario de Gobernación.
Matanza de Acteal
La justicia tampoco llegó. En 2009, la Primera Sala de la SCJN ordenó liberar a varios acusados porque las pruebas en su contra se obtuvieron de manera ilícita. El Estado continúa sin reconocer los crímenes de lesa humanidad.
Masacre de El Charco, Guerrero
El sexenio de Zedillo sumó otros episodios. El 7 de junio de 1998, la masacre de El Charco, Guerrero. El Ejército mató a 11 personas, hirió a cinco y detuvo a 22, que fueron llevadas a la Novena Región Militar, donde “fueron retenidas y torturadas“.
Masacre de El Charco
El Estado sostuvo durante años que se trató de un enfrentamiento. Sin embargo, sobrevivientes relataron ejecución extrajudicial y uso desproporcionado de la fuerza.
Masacre de El Bosque, Chiapas
En noviembre de 1999 ocurrió la masacre de El Bosque, Chiapas. Se trató de un operativo de soldados, policías, agentes del Ministerio Público y del CISEN para desmantelar el municipio autónomo zapatista.
Masacre de El Bosque
Sin embargo, el hecho dejó entre ocho y 9 personas muertas y más de 50 detenidas. Asimismo, se efectuó el desplazamiento de al menos 2 mil personas.
Atenco: la represión que unió al PRIAN
Si un caso retrata el término PRIAN, es el de San Salvador Atenco, ocurrido el 3 y 4 de mayo de 2006. Los elementos irrumpieron en Texcoco y Atenco contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Participaron unos 700 elementos de la Policía Federal Preventiva, bajo el gobierno panista de Vicente Fox. Asimismo, intervinieron más de mil policías estatales y municipales del Estado de México, gobernado por el priista Enrique Peña Nieto.
Atenco: la represión que unió al PRIAN
El operativo dejó dos jóvenes muertos: Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años, alcanzado por una bala. Asimismo, el estudiante Ollin Alexis Benhumea, que murió días después por el impacto en el cráneo de un cartucho de gas lacrimógeno.
Además, hubo decenas de heridos y más de 200 detenidos. Muchas de las mujeres arrestadas sufrieron tortura sexual en su traslado al penal. El 28 de noviembre de 2018, la Corte IDH condenó al Estado mexicano por la tortura sexual contra once de esas mujeres.
Veinte años después de los hechos, en mayo de 2026, las sobrevivientes acudieron a la CIDH para denunciar que la sentencia no se ha cumplido. Asimismo, que ningún mando de seguridad ha sido condenado.
Ese mismo 2006, la movilización de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) también fue sofocada por fuerzas federales y estatales, otro de los capítulos que el recuento de Contralínea incluye entre las represiones del PRIAN.
La guerra de Calderón: San Fernando y Allende
La “guerra” contra el narcotráfico que Felipe Calderón declaró en diciembre de 2006 multiplicó la violencia en el país. Uno de sus episodios más atroces conocido como la masacre de San Fernando, Tamaulipas.
En agosto de 2010, Los Zetas secuestraron y asesinaron a 72 migrantes, 58 hombres y 14 mujeres. Las víctimas eran originarias de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Brasil e India.
La guerra de Calderón: San Fernando y Allende
El 24 de agosto, marinos hallaron los cuerpos en una bodega gracias al aviso del ecuatoriano Freddy Lala, quien sobrevivió a un disparo en el rostro. La respuesta del Estado fue deficiente.
Al menos diecisiete policías municipales fueron detenidos por presuntamente trabajar para el grupo criminal. Sin embargo, salieron un año después sin cargos.
Algunos cuerpos permanecieron días a la intemperie y fueron trasladados en un camión sin refrigeración, lo que motivó la Recomendación 80/2013 de la CNDH. En abril de 2011 aparecieron otros 196 cuerpos en fosas clandestinas del mismo municipio.
Quince años después, hay condenas por delincuencia organizada y secuestro, pero ninguna sentencia individualizada por los homicidios. Nueve víctimas siguen sin identificar. Fabienne Cabaret, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, señaló:
“No tenemos sentencias y menos aún de manera individualizada”.
Masacre de Allende, Coahuila
En marzo de 2011 ocurrió la masacre de Allende, Coahuila, entonces gobernado por el PRI, Los Zetas arrasaron con familias enteras y se llevaron a pobladores al rancho de Los Garza.
Autoridades estatales, federales y militares recibían sobornos del grupo criminal. Los sicarios sacaron a las familias de sus hogares, y derribaron decenas de propiedades con maquinaria pesada. Cifras oficiales señalaron el asesinato de 26 a 42 personas; investigaciones independientes contabilizaron más de 300.
Según las indagatorias, muchos de los secuestrados fueron trasladados a un centro penitenciario en Piedras Negras. Ahí, los cuerpos de las víctimas fueron incinerados en tambos con diésel.
Ese sexenio dejó además la tragedia de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde el 5 de junio de 2009 murieron 49 niñas y niños en un incendio. No fue un acto de represión, pero se convirtió en otro símbolo de impunidad.
Peña Nieto: Tlatlaya, Ayotzinapa y Apatzingán
El regreso del PRI a Los Pinos en 2012 no puso fin a las represiones. El 30 de junio de 2014, en una bodega de Tlatlaya, Estado de México, soldados mataron a 22 personas.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el “personal militar repelió una agresión armada”. Sin embargo, testigos sobrevivientes revelaron que algunos ya estaban sometidos cuando fueron asesinados. La CNDH concluyó que al menos 12 fueron ejecutados.
Peña Nieto: Tlatlaya, Ayotzinapa y Apatzingán
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) exhibió después la orden de mando que recibió la tropa. Es decir, operar de noche “a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
En 2016, tres militares fueron absueltos. En 2023, por el impulso de una sobreviviente, se reabrió la investigación por la cadena de mando.
El caso Ayotzinapa
Tres meses más tarde llegó Ayotzinapa. La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, policías municipales de Iguala y Cocula atacaron a estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que se preparaban para viajar a la marcha del 2 de octubre.
Seis personas murieron y 43 normalistas fueron desaparecidos tras ser entregados, según las investigaciones, al grupo criminal Guerreros Unidos.
El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el gobernador Ángel Aguirre pertenecían entonces al PRD. Pero la responsabilidad del gobierno federal priista quedó en el centro del caso por la investigación.
El 27 de enero de 2015, el procurador Jesús Murillo Karam presentó la llamada “verdad histórica”. Es decir, que los jóvenes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula.
En 2022, Murillo Karam fue detenido, acusado por la Fiscalía General de la República de “utilizar la fuerza del Estado” para fabricar esa versión.
Además, la comisión para la verdad del caso calificó lo ocurrido como un “crimen de Estado”. Doce años después, los 43 siguen sin aparecer.
Masacre de Apatzingán, Michoacán
El 6 de enero de 2015 ocurrió la masacre de Apatzingán, Michoacán, la Policía Federal y elementos del Ejército dispararon contra civiles. Fuerzas rurales se encontraban en plantón frente a Palacio Municipal cuando fueron atacados a balazos.
Al menos 39 testigos aseveraron que policías federales dispararon contra civiles desarmados en dos eventos distintos. En el primero de ellos, de 100 a 110 efectivos del 30 Batallón de Infantería de la XLIII Zona Militar de Michoacán participaron.
Murieron 16 personas y 44 fueron detenidas. De acuerdo con los testimonios, cinco de las víctimas fueron acribilladas a balazos pese a no llevar armas. Una más recibió los disparos cuando ya se había rendido.
Jornaleros e indígenas: San Quintín, Ostula, Xochicuautla y Nochixtlán
Las represiones del PRIAN también golpearon a quienes exigían salarios dignos y defendían su territorio.
En marzo de 2015, unos 50 mil jornaleros del Valle de San Quintín, en Baja California, estado gobernado por el panista Francisco Vega de Lamadrid, iniciaron una huelga y bloquearon la carretera Transpeninsular. Solo pedían 300 pesos por jornada.
Según El País, la Policía Estatal detuvo de forma arbitraria a 200 personas, entre ellas mujeres y menores de edad, y usó balas de goma y bombas de humo.
El 9 de mayo hubo una nueva embestida: Article 19 y otras organizaciones denunciaron “varias decenas de personas heridas, siete de ellas de gravedad”, y el “uso desproporcionado de la fuerza”.
La CNDH emitió una recomendación por el uso injustificado de la fuerza. El salario quedó en unos 150 pesos.
El 19 de julio de 2015, en Santa María Ostula, Michoacán, el Ejército y la Marina detuvieron sin orden de aprehensión a Cemeí Verdía, comandante de la policía comunitaria.
Cuando los pobladores bloquearon los caminos para exigir su liberación, los militares abrieron fuego. Murió Edilberto Reyes García, un niño de doce años, y hubo varios heridos, entre ellos menores.
En San Francisco Xochicuautla, Estado de México, la comunidad otomí se opuso a la autopista Toluca-Naucalpan, un proyecto impulsado desde 2006 por Peña Nieto como gobernador y construido por Autopistas de Vanguardia, del Grupo Higa, la empresa ligada al escándalo de la Casa Blanca.
En abril de 2016, con el priista Eruviel Ávila como gobernador, unos 300 policías estatales sitiaron la comunidad, y la maquinaria derribó casas y el campamento de protección del bosque. Lo hicieron pese a dos suspensiones judiciales que frenaban la obra, denunciaron Fundar y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
El 19 de junio de 2016, en Nochixtlán, Oaxaca, un operativo de la Policía Federal, la Gendarmería y la policía estatal contra un bloqueo de maestros de la CNTE, que protestaban contra la reforma educativa, dejó ocho muertos y más de un centenar de heridos.
La CNDH, en su Recomendación 7VG/2017, concluyó que hubo violaciones graves a los derechos humanos y que entre las víctimas había personas que no participaban en el bloqueo.
Represiones del PRIAN y una deuda de justicia
El hilo que une a Tlatelolco, Acteal, Atenco, Tlatlaya y Ayotzinapa es la impunidad. Salvo excepciones, ningún alto mando ni funcionario de primer nivel ha sido condenado.
Las versiones oficiales, como el “enfrentamiento” de Tlatlaya, el video de Aguas Blancas o la “verdad histórica” de Ayotzinapa, se desmoronaron ante los testimonios de los sobrevivientes y las investigaciones independientes.
Represiones del PRIAN y una deuda de justicia
El 2 de octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que reconoce que la matanza de Tlatelolco “constituyó un crimen de lesa humanidad”.
Asimismo, el trabajo del Mecanismo para la Verdad sobre la Guerra Sucia abrieron una vía para la memoria.
Sin embargo, las víctimas de Acteal siguen esperando que la CIDH emita su informe, las mujeres de Atenco reclaman que se cumpla la sentencia de la Corte IDH y los padres de los 43 de Ayotzinapa todavía buscan a sus hijos.
Con información de Contralínea, CNDH, Corte IDH, Centro Prodh, Frayba, Corriente Alterna (UNAM), Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, A dónde van los desaparecidos, Infobae, WOLA, Sedena, Fundar, CMDPDH, Article 19, El País, La Izquierda Diario, Letras Libres, Amnistía Internacional, Excélsior, Expansión y El Financiero
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