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Investigación
Rodrigo Gutiérrez
Poco después de supuestamente recibir un soborno millonario del narcotráfico, el juez Luis Benítez Alcántara se compró un penthouse. También pagó por una camioneta machuchona a una empresa contratista del Poder Judicial. Sin mencionar que ocultó la información de tres inmuebles y tres autos más.
Las acusaciones por vínculos entre las autoridades y el narcotráfico suman un nuevo capítulo, esta vez desde el Poder Judicial con la detención de un juez en Colombia por una orden de aprehensión con fines de extradición procedente de Estados Unidos debido a un caso ocurrido en México.
El protagonista del caso es Luis Benítez Alcántara, un juez de distrito de la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Sur.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa de recibir un soborno de 2 millones de dólares a cambio de liberar al segundo hombre al mando de la organización criminal de narcotráfico liderada por el exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding.
Tras su detención, el Tribunal de Disciplina Judicial reveló que ya contaba con cuatro investigaciones abiertas contra el juzgador por presuntas irregularidades en el ejercicio de su función, según informó El País.
Ahora, una revisión realizada por FrojiMX en su más reciente declaración patrimonial exhibe la compra de un penthouse y una camioneta millonaria poco después de que, según la acusación en su contra, Benitez Alcántara recibiera el soborno del crimen organizado.
Juez soborno narco
El juez Luis Benítez Alcántara detenido en Colombia. Foto: Departamento de Justicia.
El penthouse del juez Luis Benítez Alcántara
En noviembre de 2024, Andrew Clark fue detenido en México como parte de una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos por los cargos de narcotráfico y asesinato.
Clark no era cualquier criminal, para el gobierno de Estados Unidos era el segundo al mando de la organización criminal encabezada por Ryan Wedding, quien llegó a estar en la lista de los 10 hombres más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
El proceso de extradición de Andrew Clark quedó en manos del juez Luis Benítez Alcántara, que le concedió la fianza y ordenó su liberación el 24 de febrero de 2025, a pesar de la gravedad de los delitos por los que se le acusaba y el riesgo de fuga.
La decisión del juzgador no fue una decisión aislada. Ese mismo día había recibido un pago de 2 millones de dólares para dejar libre al narcotraficante canadiense, según consta en la acusación del Departamento de Justicia.
acusación del juez
Casi cinco meses después de recibir el soborno millonario, el 16 de julio de 2025, Benítez Alcántara se compró un penthouse de 100 metros cuadrados por un valor de adquisición de 2.3 millones de pesos, según se lee en su declaración patrimonial.
La propiedad se la compró al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y a Stan Inmobiliaria, una empresa dedicada a los remates hipotecarios, es decir, aquellos inmuebles que entraron en proceso judicial y que se ponen a la venta porque su propietario original dejó de pagar.
Eso explicaría lo bajo del costo del penthouse, aunque sigue siendo la propiedad más cara adquirida por Benítez Alcántara. Aunque parece cuanto menos curioso que un juez esté haciendo negocios inmobiliarios con remates hipotecarios.
También se compró una camioneta machuchona
Cuatro meses después de comprarse el penthouse, el 22 de noviembre de 2025, Luis Benítez Alcántara sumó un nuevo vehículo a su cochera.
Se trata de una camioneta de la marca china BYD, modelo ATTO 8 DM-P, del año 2026, por la que pagó 1.1 millones de pesos.
De acuerdo con la declaración patrimonial del juez, la camioneta se la compró a Evolución Automotriz, una empresa contratista del Poder Judicial de la Federación.
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) le dio un contrato por 69.9 millones de pesos por la adquisición de 124 vehículos híbridos de la misma marca de camionetas que Benítez Alcántara: BYD.
Ocultó la información de seis propiedades
A pesar de los datos reveladores que hay en la declaración patrimonial de Luis Benítez Alcántara, una parte de su fortuna está oculta.
Hay al menos seis propiedades que el juez reportó como parte de su patrimonio pero que no pueden ser consultadas debido a que toda la información se encuentra testada.
Se trata de tres bienes inmuebles y tres vehículos de los que se desconoce toda su información.
De acuerdo con el documento, fue la Contraloría del Órgano de Administración Judicial la que aprobó que se reservara parcialmente el patrimonio del juez.
El argumento es que esta información contiene datos personales, sin embargo, esto no explica que se hayan ocultado datos como el tipo de propiedades, la fecha de adquisición y el valor de la compra.
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