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2026-11-18


Daniel Callejas


Veinte años después, la elección presidencial de 2006 vuelve a la escena. No como historia, sino como expediente. Morena propone una Comisión Especial por la Democracia y la Verdad para investigarla, porque el padre de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, no alcanzó; pero el PRI respondió con su propia moneda: una comisión para revisar 2018 y 2024.
 
Lo que verdaderamente se pone en revisión no es un fraude ni una venganza opositora: es la voluntad del pueblo en las urnas, lo que la gente decidió, esas mismas personas que en unos meses estarán buscando para pedirles sus votos.
 
Todo comenzó con una frase de Vicente Fox en una entrevista para The Objective: “hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso”. Después matizó y terminó afirmando que “nadie debe adjudicarse los resultados de una elección”.
 
Por eso fue que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió investigar: “Que se investigue el fraude de 2006, muy relevante en el país, porque si alguien ha luchado por la democracia no han sido ellos”. 
 
Después, Ariadna Montiel formalizó el 12 de noviembre la solicitud en San Lázaro: la comisión debe esclarecer “lo que sucedió en el proceso electoral donde debería haberse electo Andrés Manuel López Obrador”; su defensa: “no es venganza ni judicialización, solo la verdad”.
 
Es claro que esa comisión no puede cambiar nada de 2006. Es un órgano no dictaminador y sus conclusiones no son vinculantes. El Tribunal Electoral ya calificó la elección de aquel lejano 2006: Calderón, 14 millones 916 mil 927 votos; López Obrador, 14 millones 683 mil 96; una diferencia de 233 mil 831 sufragios, 0.56 puntos porcentuales.
 
El dictamen reconoció que la intervención de Fox fue un riesgo para la validez, pero no acreditó que fuera determinante. Es cosa juzgada.
 
Otra vez los partidos políticos pensando en sí mismos y olvidando a la ciudadanía que les da votos. Reabrir una elección ya calificada, 20 años después, es poner bajo cuestión partidista la decisión de millones de mexicanos. La comisión no necesita anular 2006 para invalidarlo: basta instalar la sospecha de que el voto no contó. 
 
Si la soberanía reside en el pueblo, como invoca constantemente la Presidenta, respetarla es no someter su decisión a revisión según convenga a quien gobierna. 

Y es que la lógica, una vez abierta, no tiene freno. Lo demostró el PRI en cuestión de horas. Alejandro Moreno, su líder vitalicio, propuso una comisión para investigar “el fraude electoral de 2018 y de 2024”, alegando “algoritmos digitales” para modificar resultados, sin presentar pruebas documentales.
 
Si se revisa 2006, se revisan 2018 y 2024 —porque parece que el de Enrique Peña Nieto en 2012 es intocable—, cada elección queda bajo sospecha según quién tenga la mayoría. El precedente que Morena sienta sobre 2006 es el que la oposición usará mañana sobre 2018 y 2024. Y que de una vez vayan instalando la comisión para revisar las de 2030, entonces.
 
Se investiga el pasado porque el presente incomoda: el caso de supuesta corrupción en el INE y contra Guadalupe Taddei sigue sin respuestas, con ella y sus socios sin ser encarcelados, si algo deben. Peor aún, el calendario lo dice todo: la comisión viviría 10 meses, trabajando durante la campaña de las intermedias de 2027, con un Instituto Nacional Electoral sin presidencia definida y con un recorte de 6 mil millones de pesos. Oportuno para el régimen.
 
Es obvio que 20 años después, nadie va a devolverle la Presidencia a nadie. Lo que está en juego es si las urnas deciden o si sus decisiones quedan sujetas a revisión perpetua. La democracia no se defiende reabriendo elecciones calificadas; sino aceptando que el pueblo ya habló, aunque no les guste lo que votaron. 
 
Aceptar que millones de mexicanos no querían esa propuesta en aquel entonces, porque sí la eligieron 12 años después, es entender que no hay que perder el tiempo en una investigación sin sentido ciudadano y meramente politiquero.