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El Secretario de Seguridad Pública denunció que al término de la anterior administración se traslado el equipo tecnológico utilizado para labores de inteligencia a la Fiscalía General de Justicia y se desmantelaron centros de control
abril 20, 2023
7:52 am
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Secretario de Seguridad Pública, Sergio Hernando Chávez, denunció que personal del Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), retiraron parte del equipamiento (Rack Site) que utilizaba el sistema de Videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2) del Complejo Victoria, para el almacenamiento de la información.
Ello, dijo, disminuyó las capacidades de detección, seguimiento y respuesta de los integrantes de la Dirección de Análisis.
En su comparecencia, lamentó que al terminar la anterior administración se haya minado la capacidad de la Secretaría en el área de inteligencia, con el desmantelamiento técnico de estas áreas.
En el CAIET, “los elementos se caracterizaban por una baja moral e incertidumbre para su permanencia en la institución dado el desmantelamiento de que fueron objeto ya que la administración anterior dispuso la donación a la FGJ el 23 de agosto del 2022 de todos los equipos tecnológicos para trabajos de inteligencia, incluyendo dos vehículos tipo van blindados para vigilancia y seis blindados para la fuerza de reacción, así como dos helicópteros marca Robinson 66”.
Reiteró que “contar con una eficaz operación policial aunado a las acciones en terreno, las labores de análisis e inteligencia resultan fundamentales para cumplir con la misión de otorgar seguridad”.
En su mensaje ante el Congreso dio a conocer que ya se relevó a la totalidad de enlaces de los C4 (Victoria, Mante y Tampico) y C5 (Reynosa).
Esta denuncia del Secretario de Seguridad Pública se suma a lo revelado un día antes por la Contralora Gubernamental, Norma Angélica Pedraza, quien aseguró que el C5 de Reynosa no opera a toda su capacidad, “a pesar de la alta inversión implicada en este proyecto que rebasa los 4 mil millones de pesos”.
El contrato firmado con la empresa Seguritech no ha sido cumplido a cabalidad, denunció.
“Hay incumplimientos en la etapa uno que se refiere a la edificación y construcción, y hay incumplimientos en la etapa dos que se refiere al mantenimiento”.
HEREDARON DEUDAS
Durante la comparecencia de Seguridad Pública, el Secretario detalló que en el caso de los pasivos, al inicio de la administración quedaron 135 millones 166 mil pesos que no se pagaron desde junio al 30 septiembre por concepto de alojamiento de los efectivos estatales.
Además de otros 6 millones 868 mil pesos en combustible, haciendo un total de 142 millones 035 mil pesos, “existía una insuficiencia presupuestal de 256 millones de pesos, comprometidos con el capítulo 2 mil y 3 mil, por lo que terminamos con un pasivo de 147 millones”.
Explicó que de esa cantidad, 121 millones 299 mil pesos correspondían a hospedaje y 25 millones 749 mil pesos al mantenimiento vehicular, luego de las condiciones en que se encontraban.
La reparación de dos helicópteros que se entregaron fuera de servicio, dijo que costó 7 millones de pesos, mientras que en la Universidad de Seguridad y Justicia detectó pasivos por aclarar por 26 millones de pesos.
“Lo más lamentable fue que la empresa Consultoría Internacional de Seguros y Fianzas, no haya cumplido el pago de 36.5 millones del fallecimiento de 55 elementos operativos”.
El responsable de la seguridad pública, señaló que la atención a los delitos, dijo, se atendió con el despliegue disuasivo y la confrontación directa contra los infractores, sin embargo, señaló que al llegar había 437 vehículos fuera de servicio y 240 totalmente inservibles.
Sobre el estado de fuerza, detalló que 667 elementos en situaciones diferentes, como suspendidos, faltistas permanentes (200), con incapacidades permanentes, con licencias sin goce de sueldo y ausentes en contra de su voluntad (con procedimientos incompletos).
Anomalías en la asignación de cargos, en 11 delegaciones regionales, ocho titulares sin la experiencia para el ejercicio del mando y en 30 de las 43 coordinaciones municipales se padecía la misma situación.
“El personal operativo de la entonces Policía Estatal, destacamentada en lugares fijos, no tenía presencia disuasiva por la carencia de unidades y combustible, lo que dificultaba el atender de manera oportuna los llamados de emergencia reportados por el C5; 700 policías no contaban con porte de arma renovado”.
GOPES CON ÓRDENES DE APREHENSIÓN
Lamentó que el grupo de reacción de la Policía Estatal, hoy Fuerza de Reacción Inmediata de la Guardia Estatal, no contaba con las capacidades necesarias para responder a situaciones de delitos de alto impacto.
“El punto más agudo ocurrió el 23 de Julio del 2021, cuando la Comisión de Acreditación para las Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA), retiró a la Policía Estatal de Tamaulipas su Acreditación, tras los sucesos ocurridos en Camargo”.
En esa fecha, perdieron la vida 19 migrantes extranjeros, por lo que CALEA dictaminó que los procedimientos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal (Gopes), no se ajustaban a las normas de las mejores prácticas internacionales del actuar policial.
El parque vehicular pasó de 832 a 990 vehículos, se han desplegado cinco grúas en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Victoria, se distribuyeron 405 cámaras y se ha incrementado en 14.75 por ciento el inventario de equipos de comunicaciones, se instalaron 156 equipos móviles en patrullas de reciente adquisición y se recibieron 43 equipos de radiocomunicación móviles y 38 portátiles nuevos.
En lo concerniente a la Dirección de Operaciones Especiales, sus elementos fueron sometidos al examen de control de confianza, y reorganizados equitativamente, contando actualmente con dos grupos con efectivos de 25 elementos y uno más con 24 elementos policiales, mismos que cuentan con un comandante especialista en fuerzas especiales y encargado de la disciplina de los elementos, esperando incrementar a 180 elementos para fines de este año.
Recordó que hay 12 ex Gopes que se encuentran recluidos en el penal de Victoria (11) y en Altamira (1), mientras que hay otros 15 ex elementos con órdenes de aprehensión por parte de la FGR y 12 por la Fiscalía del Estado.
Mientras que los elementos de Guardia Estatal, dijo que se cuenta con 4 mil 523 elementos, de los que 3,856 realizan acciones operativas y los 667 restantes realizan funciones administrativas.
Se ha fortalecido con recursos estatales el parque vehicular con el arrendamiento de 100 unidades, 65 pick up y 35 sedanes habilitados como patrullas, distribuidas en 11 delegaciones de la Guardia Estatal.
Explicó que en proyecto de 4,608 cámaras de seguridad que se tenía en la pasada administración, se instalaron 4,567, de las que actualmente hay activas 3,676 y hay 891 fuera de servicio, principalmente en la zona norte donde han sido vandalizadas, así como en Villagrán e Hidalgo, donde los mismos pobladores impidieron su instalación.
El General Chávez García respondió tajante al cuestionamiento del diputado panista Luis René Cantú Galván, a quien señaló que no existe pacto con la delincuencia organizada.
“Le puedo asegurar que no existe ningún pacto, esto lo demuestra, la cantidad de agresiones que hemos tenido, desde diciembre a la fecha, la Guardia Estatal lleva 26 agresiones, más que cualquier otra corporación”.
Para atender las necesidades de seguridad en la entidad, dijo que se requieren 200 vehículos más, además de poner en operación los vehículos tácticos con que se contaban.
“Tenemos 21 vehículos tácticos, recibimos tres operativos y 18 fuera de servicio, ya reparamos cuatro y se está contratando una empresa que es quien los elaboró (Mambas), para que los repare”.
Entre otras carencias, dijo que carecen de arcos detectores, los rayos X son inservibles, los inhibidores de llamadas son obsoletos, “las cámaras apuntan para donde no se deben y cuando queremos ver algo, no están; todo eso lo estamos trabajando”.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
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