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Zedillo oculta su herencia en entrevista y ensayo: Acteal, Aguas Blancas, Fobaproa...

 


Ernesto Zedillo, quien gobernó de 1994 al 2000, afirmó en entrevistas con las revistas Nexos y Letras Libres que el país atraviesa el “final de la democracia” y acusó al partido Morena de instaurar un “régimen tiránico”. Basta una revisión a ese periodo para exponer cómo lejos del legado democrático que destaca el propio Zedillo, ocurrieron una serie de eventos que contradicen parte del discurso que ha expuesto el expresidente mexicano.

Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).– La decisión de endeudar a México con el Fobaproa para salvar a las élites en crisis; o las matanzas de su sexenio como la de Aguas Blancas, la de El Charco o la de Acteal, no son tema ni del ensayo que publica Ernesto Zedillo en Letras Libres ni de la entrevista que le hacen en la revista Nexos. El expresidente y sus editores se fueron directamente al presente, a lo que les cala: los dos gobiernos de izquierda al hilo: el de Andrés Manuel López Obrador y el de Claudia Sheinbaum Pardo.

A lo largo de la plática con la revista que dirige Héctor Aguilar Camín así como en el texto de la publicación que encabeza Enrique Krauze, no hay una sola mención al célebre “rescate” de los banqueros, el Fobaproa, con el cual se hizo pública una deuda privada. Tampoco se habla de la privatización del sistema ferroviario y su posterior contratación por una de las empresas beneficiadas, ni mucho menos se le pregunta ni él da cuenta de las matanzas de Acteal, Aguas Blancas o El Charco. Todo en medio de una militarización del país.

Tanto en la entrevista como en el artículo de su autoría, Zedillo presume cómo en su Gobierno se creó un Instituto Electoral autónomo, se impulsó una Reforma Judicial y se permitió la alternancia en la Presidencia de la República. Ciertamente no dice que el IFE se integró con mayoría del PRI y PAN, que fue presidido por José Woldenberg, esposo de su Secretaría de Ecología, ni mucho menos habla delas ligas de su nueva Suprema Corte con el PRI y PAN.El sello de la transición fue de continuidad entre ambos partidos, con un panista como Procurador, Antonio Lozano Gracia, traición a los acuerdos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y una militarización en el país —que hoy critica—, incluida la Policía Federal Preventiva creada en 1999, en la que Genaro García Luna —súper policía panista preso en Estados Unidos por narcotráfico— fue mano derecha del director de la nueva corporación, Wilfredo Robledo.

Zedillo tampoco habla sobre los fraudes electorales en Tabasco y Chiapas cuando era Presidente electo y que él mismo avaló. De hecho, el expresidente priista respaldó a su correligionario Roberto Madrazo en Tabasco y, aunque quitó a Eduardo Robledo Rincón —padre del actual director general del IMSS, Zoé Robledo— en Chiapas, dejó a otro priista, Julio César Ruiz Ferro.

“¿Por qué no hablamos, hablando de democracia, de las masacres de Acteal, del Charco, del Bosque, de Aguas Blancas? Nosotros no reprimimos. Vamos a hablar de democracia. ¿Por qué no hablamos del Fobaproa? Porque también es autoritarismo rescatar a unos cuantos, hacer deudas privadas como deudas públicas y dejar en el desamparo a millones de deudores en nuestro país, con una deuda que seguimos pagando las y los mexicanos", le cuestionó al respecto la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en quien Zedillo enfocó sus críticas.

Y ahondó: "¿Por qué no hablamos de la privatización de los ferrocarriles? Porque eso también es autoritarismo. ¿O a quién le consultó cuando privatizó los ferrocarriles? ¿A poco hizo una consulta pública para saber si los privatizaba o no? Y después acabó con los ferrocarriles de pasajeros y se fue a trabajar a una de las empresas que fueron beneficiadas de la privatización. ¿O eso no es autoritarismo? ¿Por qué no hablamos de la desaparición de la Corte y de la decisión a modo de una nueva Corte impuesta por él? ¿Por qué propuso a cada Ministro y Ministra de la Corte?".

Basta una revisión a ese periodo para exponer cómo lejos del legado democrático que destaca el propio Zedillo, ocurrieron una serie de eventos que contradicen parte del discurso que ha expuesto el expresidente mexicano.

Ernesto Zedillo asumió la Presidencia en 1994, 19 días después comenzó la crisis económica.
La crisis económica de 1994 comenzó el 19 de diciembre, cuando Zedillo iba empezando su sexenio. Foto: Archivo/Cuartoscuro

Acteal

En diciembre de 1997, poco después del levantamiento zapatista y la estrategia contrainsurgente del Gobierno con paramilitares, 45 tzotziles –incluyendo niños– fueron asesinados en la comunidad de Acteal (Chenalhó), en la zona alta de Chiapas.

De acuerdo con la CNDH, el conflicto surgió debido a los choques entre los miembros del consejo municipal de Chenalhó, dirigido por el PRI, y los simpatizantes del EZLN, entre ellos, la organización Las Abejas que estaba orando antes de la llegada de los paramilitares.

Ernesto Zedillo fue quien implementó toda esta estrategia de contrainsurgente, como ha denunciado el Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, que escaló el caso a la Comisión Interamericana (CIDH).

Hasta la fecha, no hay ningún detenido.

Aguas Blancas

Dos años antes, en junio de 1995, tuvo lugar otra masacre contra 17 campesinos cafetaleros en Aguas Blancas en Guerrero. La mañana de ese 28 de junio, miembros de la recién formada Organización Campesina de la Sierra del Sur se dirigieron a Coyuca de Benítez para pedir el cumplimiento de ayudas, pero fueron interceptados por un grupo de policías y agentes judiciales del estado, quienes los bajaron y, con golpes, los obligaron a acostarse en el suelo para posteriormente abrir fuego contra ellos.

En este ataque, 17 campesinos fueron asesinados y 14 heridos. De igual forma, dos elementos policiacos resultaron lesionados por arma blanca. Fue el 25 de febrero de 1996 cuando Ricardo Rocha difundió una videograbación no editada de la operación policial, en la que quedó evidenciada la masacre. Tres años después de los hechos, la CIDH emitió un informe en el que pidió proteger a todos los testigos de la masacre e indicó que pese al nombramiento de un Fiscal Especial para el caso, la investigación mantenía irregularidades.

El Charco

En junio de 1998, ocurrió otra matanza en Guerrero, en Ayutla de los Libres, en la comunidad de El Charco, donde 11 jóvenes, supuestos guerrilleros, fueron ejecutados por soldados mexicanos. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 7 de junio de ese año, cuando elementos del Ejército mexicano rodearon una escuela primaria de esta comunidad donde se realizaba una asamblea de integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), una escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

A las 4:50 horas de ese día, inició un tiroteo que se extendió seis horas. Tras concluir el tiroteo, los campesinos y presuntos guerrilleros fueron acostados en las canchas de la escuela, y de acuerdo con reportes de prensa se dio el “tiro de gracia”. Más de tres mil indígenas mixtecos de las comunidades de Piñal, Ocote Amarillo, Ayutla de los Libres y otras, quedaron por varios días bajo cerco militar, refiere un reporte de la CNDH.

Error de diciembre

Durante la gestión de Zedillo, el país también enfrentó una crisis económica histórica y un aumento de la pobreza, sobre todo en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz, acompañado incluso de suicidios.

El denominado “Error de diciembre” se sembró el 20 de noviembre de 1994, aún en el Gobierno de Carlos Salinas. Tras el levantamiento zapatista y el asesinato de Colosio, el aún Presidente Carlos Salinas y su equipo económico conformado por Ernesto Zedillo y Pedro Aspe decidieron posponer la devaluación de la moneda mexicana.

Fue hasta el martes 20 de diciembre de 1994, a tres semanas de la toma de posesión de Zedillo como Presidente de la República, comenzó la macrodevaluación del peso y se esfumó definitivamente la fantasía del ingreso de México al Primer Mundo tras de un año electoral convulso con la declaración de guerra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la ola de secuestros de millonarios, el magnicidio del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general de ese partido y excuñado de Salinas de Gortari.

En los últimas dos semanas de 1994 y las primeras de enero de 1995 la economía mexicana se colapsó con el vencimientos de deuda por 29 mil millones de dólares, que multiplicaban por cinco la reserva de divisas del Banco de México, ante cuyas consecuencias, conocidas como el “efecto Tequila”, intervino el gobierno de Estados Unidos con un crédito a México por 20 mil millones de dólares para pagar sus compromisos a cambio de dejar en garantía la renta petrolera.

Fobaproa

En enero de 1995, Zedillo anunció que había logrado un respaldo financiero con el Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó un préstamo de más de 20 mil millones de dólares. Pese a ello, quebraron los bancos y miles de empresas, por lo que para rescatarlas se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Es decir, pese a diversas manifestaciones ciudadanas en las calles, las pérdidas de unos cuantos se socializaron y la deuda privada se volvió pública.

Zedillo decidió convertir los pagarés del Fobaproa en deuda pública a través de una iniciativa de ley, en la que pidió que el Congreso —entonces de mayoría priista— reconociera la deuda pública por 552 mil millones de pesos, lo que provocó un aumento de impuestos y tarifas de servicios públicos. El rescate lo hizo con el apoyo del PAN presidido por Felipe Calderón, pero con la oposición del PRD, que encabezaba Andrés Manuel López Obrador.

"¡El IVA nos quita la comida!", gritaban los mexicanos en aquel entonces en las protestas acompañadas con cacerolazos. "Robaproa", lo llamaban. A la par, el mandatario federal reprivatizó la banca tras la estatización en el sexenio del Presidente José López Portillo (1976-1982). En la banca quedó Bancomer, Banamex, HSBC y Banorte.

Los fraudes

El país vivió en el Gobierno de Zedillo una crisis política por las fraudulentas elecciones en Tabasco y Chiapas, donde estallaron conflictos que abortaron el Acuerdo Político Nacional entre el gobierno entrante y los partidos políticos.

En febrero de 1995, renunció el gobernador priista de Chiapas, Eduardo Robledo Rincón —padre del actual director general del IMSS, Zoé Robledo—, pero en Tabasco se retractó de su dimisión Roberto Madrazo Pintado, quien llegó al cargo mediante un gasto de 241 millones de pesos, como lo comprobó Andrés Manuel López Obrador, su rival, quien llegaría a la Presidencia de la República en 2018.

Ernesto Zedillo, ex presidente de México.
La crisis de diciembre de 1994 la siguen pagando los y las mexicanas. Foto: Cuartoscuro

Privatizaciones

El Gobierno de Ernesto Zedillo privatizó, además, el sistema ferroviario mexicano, del que ahora gozan magnates como Germán Larrea. De 1996 a 1998, la Secretaría de Economía otorgó concesiones por entre 20 y 50 años al Grupo Ferroviario Mexicano (Ferromex), Grupo Acerero del Norte (Peñoles), Medios de Comunicación y Transporte de Tijuana, Grupo Triturados Basálticos (Tribasa) y a Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM), asociada con la estadounidense Kansas City Southern Industries.

Al término de su gobierno, Zedillo Ponce de León participó en el Consejo de Administración de Union Pacific, miembro del Grupo Ferroviario Mexicano (GFM) formado también por Grupo México e Ingenieros Civiles Asociados (ICA), a quien le dio una concesión en 1997 para operar el Ferrocarril Pacífico Norte.

Pensiones

En noviembre de 1995, Zedillo propuso reformar el sistema de pensiones lo cual fue aprobado por el Congreso en diciembre de ese mismo año. La legislación zedillista sustituyó a la Ley de 1973 del IMSS, donde los trabajadores se jubilaban a los 65 años con una pensión del 100 por ciento de su último salario, y en su lugar se creó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), aumentando las semanas de cotización para quienes buscaban retirarse.

El Banco de México, una de las instituciones autónomas del país, mantiene un esquema de pensión vitalicia para sus exgobernadores, exsubgobernadores y altos exfuncionarios, quienes gozan mensualmente de un pago de por vida que en algunos casos supera los 200 mil pesos mensuales, muy por arriba de lo que reciben los jubilados de la primera Generación Afore (bajo la Ley de 1997), donde la Consar reportó en 2022 que sólo hubo 27 mil 396 pensionados, los cuales alcanzaron, al menos, una pensión mínima que osciló entre 2 mil 622 y 8 mil 241 pesos al mes.

Entre quienes se encuentran en la lista de jubilados por el Banxico están precisamente Zedillo.

Puerta giratoria

Ernesto Zedillo ha sido un gran usuario de la puerta giratoria. Como Presidente, privatizó el sistema ferroviario y auxilió a la banca privada. Y al terminar su administración, trabajó en una de las empresas de trenes a las que su Gobierno dio concesión y, también, fue consejero en Citigroup hasta enero de 2023, en el marco de la venta de Banamex.

Al terminar su gestión, Zedillo participó en el Consejo de Administración de Union Pacific, miembro del Grupo Ferroviario Mexicano (GFM) formado también por Grupo México e Ingenieros Civiles Asociados (ICA), a quien le dio una concesión en 1997 para operar el Ferrocarril Pacífico Norte.

Reforma Judicial

El 1 de enero de 1995, a propuesta de Ernesto Zedillo Ponce León, se renovó la Suprema Corte mediante una reforma que separó a los 26 ministros de sus funciones para ser sustituidos por 11 nuevos miembros. Quienes se fueron lo hicieron con una pensión vitalicia, aún en casos como los de Diego Valadés, exprocurador de Salinas, que solo estuvo como ministro seis meses.

Zedillo sostiene que las reformas impulsadas por el Presidente López Obrador, particularmente la transformación del Poder Judicial y la captura de órganos autónomos, han desmontado los contrapesos necesarios para una democracia funcional. “México está construyendo un Estado policial”.

En respuesta, la Presidenta Claudia Sheinbaum le ha recordado que con la reforma que permite que los juzgadores sean electos por voto popular se mantiene la esencia democrática, republicana, social y patriótica de la Constitución de 1917.

Obed Rosas
Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.
en Sinembargo al Aire

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