* Un video muestra a personal del DIF llevando víveres a manifestantes en el bloqueo carretero de Nuevo Progreso, lo que podría configurarse como presunto desvío de recursos destinados a población vulnerable.
Por Martín Díaz / La Nube
Río Bravo, Tam.- Una publicación en redes sociales las paginas oficiales del DIF de Río Bravo no deja lugar a dudas: una camioneta del DIF descargando víveres directamente en el bloqueo carretero de Nuevo Progreso. El derecho a manifestarse es legítimo; financiarlo con recursos públicos no lo es. Y cuando quien encabeza y presume la entrega es la Presidenta del DIF, Blanca Arizpe de Almaraz, el tema deja de ser político para convertirse en un posible caso de desvío de recursos.
La Presidenta del DIF subió orgullosa a redes oficiales un mensaje donde justifica la entrega como “su trabajo”, asegurando que sirve a la ciudadanía “sin distinción de colores”.
La realidad es otra: ninguna ley permite usar recursos asistenciales para sostener protestas. Mucho menos cuando estas afectan a miles de personas y paralizan una carretera federal.
Los víveres que presume entregar no son su aporte personal. No vienen de su bolsillo ni de la caridad familiar. Son bienes públicos destinados a población vulnerable. Y ese es el punto crítico: el DIF no es brazo logístico de manifestaciones ni caja chica del Ayuntamiento.
La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas es contundente. Define como Falta Administrativa Grave el desvío de recursos materiales, humanos o financieros cuando se usan para fines distintos a los establecidos. Y quien autoriza, ordena o ejecuta ese desvío se hace responsable. Aquí, la Presidenta no solo participó: lo publicó, lo defendió y lo oficializó.
El mensaje institucional transforma una imprudencia en prueba autoincriminatoria. Exhibe un entendimiento profundamente equivocado del servicio público: tratar el erario como patrimonio particular, decidir usos discrecionales y luego presumirlos como logros.
Esto ya no es “un apoyo mal interpretado”. Es la confirmación de que la autoridad utilizó recursos públicos para intervenir en un conflicto social. Y cada vívere descargado es un elemento que la puede llevar a inhabilitación, sanción o un procedimiento por desvío.
Cuando el DIF —la cara humanitaria del gobierno— se usa como operador político, se cruza una línea que no admite matices. Si la Presidenta del DIF quiso demostrar compromiso, lo que terminó demostrando es algo mucho más serio: que el dinero del Municipio de Río Bravo sigue siendo tratado como si fuera propiedad del matrimonio Almaraz.
Más que un gesto humanitario, fue una señal de alerta.
Y ahora toca a la autoridad aclararlo, investigarlo y sancionarlo.
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