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Por Mijael Mendoza
Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum el envío al Congreso de una reforma para detectar posibles nexos entre aspirantes y el crimen organizado de cara a las elecciones de 2027, la oposición mostró su rechazo.
La idea de Sheinbaum es que se modifique la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, adscrita al INE e integrada por cinco consejeros electorales. El mecanismo operaría mediante consultas voluntarias de los partidos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR).
“Nos parece absolutamente insuficiente lo que se está planteando por parte de Morena. Nosotros reiteramos nuestra exigencia: si un partido político postula a un narco candidato, ese partido político tiene que perder el registro”, exclamó el senador del PAN, Ricardo Anaya.
Los partidos recibirían un dictamen de “no existe riesgo” o “existe riesgo razonable” y serían responsables de decidir si registran o no la candidatura, mientras que las instituciones continuarían investigaciones independientes en caso de encontrar información relevante. La oposición rechazó la iniciativa desde distintos flancos.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, la calificó de “absolutamente insuficiente” por no establecer sanciones reales contra los partidos que postulen perfiles con presuntos vínculos al narcotráfico, y exigió que los partidos en esa situación pierdan su registro.
La senadora del PRI, Carolina Viggiano, advirtió que la comisión podría convertirse en un instrumento para obstaculizar la competencia electoral opositora, cuestionando la autonomía de las dependencias involucradas.
“Creo que ella es la que debería estar poniendo la comisión ahí adentro, porque esta comisión seguramente va a ser para obstaculizar la competencia de los otros partidos”, declaró la senadora priista Carolina Viggiano.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Pablo Vázquez Ahued, condicionó su respaldo a la existencia de garantías reales de independencia institucional y transparencia. Los tres partidos coincidieron en señalar que la reforma avanza sin consensos parlamentarios en un contexto de polarización legislativa creciente, en medio de un periodo extraordinario del Congreso que la oposición ha calificado de “albazo”.
“En primer lugar tendrá que garantizarse la autonomía de las instituciones participantes en ese proceso de investigación, que no estén cooptadas, que no haya un control político, que haya verdaderos mecanismos de transparencia y de equilibrios que garanticen que haya una investigación independiente”, expresó el senador emecista Pablo Vázquez Ahued.
La iniciativa, según explicó la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, se enmarca en el principio constitucional de presunción de inocencia: la comisión no sanciona ni veta candidaturas, sino que informa a los partidos para que sean ellos quienes asuman la responsabilidad de sus postulaciones. El diseño apuesta por la prevención y la corresponsabilidad institucional antes que por mecanismos punitivos centralizados.
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Mijael Mendoza
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