Como resultado de los trabajos e intercambios desarrollados durante la más reciente sesión del Consejo Directivo de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX) y el Colegio de Licenciados en Periodismo (CONALIPE), celebrada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ambas agrupaciones gremiales han acordado emitir el siguiente pronunciamiento conjunto:
POSICIONAMIENTO CONJUNTO
A LA OPINIÓN PÚBLICA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE OAXACA Y DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX) y el Colegio de Licenciados en Periodismo (CONALIPE) expresamos nuestra más enérgica condena por el cobarde asesinato del colega y periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el pasado 22 de julio de 2026 en San Pablo Etla, Oaxaca.
Ante la gravedad de los hechos y la subsiguiente confrontación institucional, fijamos un posicionamiento claro, firme y categórico en defensa de la verdad, la justicia y la protección de quienes ejercemos la libertad de expresión y la defensa de los derechos fundamentales en México.
1. Respaldo a las denuncias de la DDHPO
Respaldamos de manera irrestricta los señalamientos realizados por la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez. Resulta inaceptable que, habiéndose solicitado medidas cautelares de protección en reiteradas ocasiones ante las amenazas de muerte que enfrentaba el comunicador, las autoridades encargadas de procurar justicia hayan actuado con omisión.
Las alertas emitidas por los órganos defensores no son trámites burocráticos; son instrumentos de vida o muerte. La falta de respuesta oportuna ante el riesgo advertido es una falla sistémica que no debe quedar impune.
2. Responsabilidad de la Fiscalía de Oaxaca
En lugar de enfrascarse en descalificaciones y contraataques institucionales contra el órgano autónomo de derechos humanos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) debe concentrar la totalidad de sus capacidades en la investigación rigurosa, transparente y expedita del homicidio de Leyva Aguilar.
Corresponde a la FGEO dar respuestas a la sociedad, esclarecer el crimen, llevar a los autores materiales e intelectuales ante la justicia y, en su caso, deslindar responsabilidades administrativas y penales sobre las omisiones y los hechos denunciados por la ombudsperson, incluyendo el estatus y manejo que se le dio a la carpeta de investigación sobre las amenazas previas recibidas por el periodista. La secrecía ministerial no puede utilizarse como un velo para la opacidad ni para evadir la rendición de cuentas ante negligencias operativas.
3. Exigencia, solidaridad y riesgo compartido con defensores de DDHH
Manifestamos nuestra solidaridad irrestricta con la DDHPO, su personal y con todas las personas defensoras de derechos humanos en el estado de Oaxaca y en todo el país.
Hacemos énfasis en que los defensores de derechos humanos y los periodistas compartimos el mismo nivel de vulnerabilidad, amenaza y riesgo en el ejercicio de nuestras labores cotidianas. Ambas gremios desempeñamos una función social indispensable para la democracia y la paz social.
Recordamos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que el marco legal mexicano y las convenciones internacionales protegen y garantizan por igual el desempeño de periodistas y de defensores de derechos humanos. Atacar, desacreditar o menoscabar la labor de la Defensoría o de los comunicadores vulnera el Estado de derecho y deja desprotegida a la ciudadanía.
Exigencias puntuales:
1. Justicia inmediata para Francisco Alejandro Leyva Aguilar: Esclarecimiento del homicidio, agotando como línea principal de investigación su ejercicio periodístico.
2. Investigación a fondo sobre la cadena de omisiones: Deslinde de responsabilidades a los servidores públicos que ignoraron las solicitudes de medidas cautelares y que presuntamente descuidaron el expediente de amenazas previas.
3. Cese al encono institucional: La FGEO debe coordinar esfuerzos con las instancias protectoras en lugar de criminalizar la labor de la ombudsperson.
4. Garantías de seguridad: Implementación inmediata de esquemas de protección eficaces para la familia del periodista, los colegas de la región y el personal de la DDHPO.
La impunidad mata. Sin libertad de prensa y sin garantías para la defensa de los derechos humanos no hay democracia posible.
Atentamente,
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX)
Colegio de Licenciados en Periodismo (CONALIPE)
San Cristóbal de las Casas, Chiapas; 8 de agosto de 2026.
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