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Concepcion Pacheco
6 septiembre, 2026
10 min de lectura
La guerra contra el narco de Calderón no fue más que el pretexto perfecto para permitir la intromisión de EU en los asuntos de México.
Mientras Felipe Calderón declaraba la “guerra contra el narco” desde Palacio Nacional, del otro lado de la frontera se tejía una relación de cooperación.
Con el paso de los años, periodistas, exfuncionarios y hasta la propia oposición política han descrito como la mayor injerencia de agencias estadounidenses en la historia reciente de México.
Estrategia de seguridad Calderón
Vuelos militares sin autorización del Senado, un búnker de inteligencia construido con dinero público y tecnología extranjera, centros de fusión donde agentes de Estados Unidos decidían operativos antes de avisar a las autoridades mexicanas.
El saldo de esa etapa sigue apareciendo, más de una década después, en juicios, denuncias legislativas y conferencias mañaneras.
La Iniciativa Mérida, la puerta de entrada
El vehículo formal de esa cooperación fue la Iniciativa Mérida, el acuerdo bilateral que profundizó la participación de Washington en la estrategia de seguridad; asimismo, incluyó las operaciones militares y el trabajo de inteligencia de México durante el sexenio de Calderón (2006-2012).
La Iniciativa Mérida, la puerta de entrada
Bajo ese paraguas, agencias como la DEA, el FBI, la CIA y la ATF (la oficina de control de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos) ampliaron su presencia operativa en territorio mexicano, formalmente como socias en la lucha contra el crimen organizado.
El problema, según revelaron después distintas investigaciones periodísticas, es que esa cooperación rebasó por mucho los límites de un acuerdo de asistencia técnica y se convirtió en una injerencia que operaba, muchas veces, al margen del conocimiento pleno del propio gobierno mexicano.
Injerencia sin freno de EU en México
Una investigación de La Jornada, publicada en julio de 2013, documentó uno de los episodios más reveladores de ese periodo. El testimonio de un colaborador de la DEA que trabajaba, al mismo tiempo, para el gobierno mexicano dentro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Según ese relato, las agencias estadounidenses solían informar a las autoridades mexicanas sobre sus operaciones únicamente después de haber detenido a sospechosos o de haber logrado decomisos de droga, armas o precursores químicos. Es decir, actuaban primero y notificaban después, cuando ya no había margen de decisión para el lado mexicano.
Injerencia sin freno de EU en México
El reportaje ubicó, además, un centro sobre Paseo de la Reforma donde se definían o se acordaban operaciones importantes contra grupos del crimen organizado. Ahí, agentes estadounidenses se reunían e intercambiaban información directamente con funcionarios mexicanos de la Unidad de Inteligencia Financiera y de las secretarías de Seguridad Pública, Marina, Defensa Nacional y del propio Cisen.
Con el tiempo, esa dinámica se institucionalizó todavía más. Felipe Calderón impulsó la creación de “centros de fusión de inteligencia” en distintos puntos del país, con apoyo del gobierno de Estados Unidos, y en algunos de ellos las agencias estadounidenses tuvieron participación directa.
Injerencia sin freno de EU en México
Años después, un ex director del propio Cisen confirmaría públicamente la existencia de estos centros, cerrando el círculo sobre lo que hasta entonces era, para buena parte de la opinión pública, apenas una sospecha.
Plataforma México y el búnker de García Luna
Si hay un símbolo físico de esa etapa, es el complejo de inteligencia construido bajo el mando de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante todo el sexenio de Felipe Calderón.
Inaugurado en noviembre de 2009 por el propio Calderón junto con el entonces embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, Plataforma México se presentó como el centro de vigilancia y coordinación que modernizaría la respuesta del Estado mexicano ante el crimen organizado.
Plataforma México y el búnker de García Luna
El software para operarlo fue proporcionado por el gobierno estadounidense, con el objetivo declarado de que la Secretaría de Seguridad Pública desarrollara un “Marco Nacional de Respuesta” estandarizado.
La cooperación no se limitó al software. Estados Unidos entregó 2.5 millones de dólares en equipo de polígrafo para las agencias de inteligencia mexicanas, además de 19 camiones de inspección equipados con sistemas de escaneo por radiación gamma.
Un grupo de 25 elementos de seguridad mexicanos fue enviado a Colorado para recibir un entrenamiento de seis semanas en procedimientos de clasificación de información.
Plataforma México y el búnker de García Luna
El corazón físico de todo ese entramado fue el búnker de inteligencia que albergó a García Luna. Tres niveles subterráneos y uno en superficie, 10 mil 580 metros cuadrados construidos y un túnel iluminado y climatizado de 400 metros que conectaba la oficina del entonces secretario con el resto del complejo.
Según cifras que después haría públicas Rosa Icela Rodríguez, hoy titular de la Secretaría de Gobernación, el costo de construcción ascendió a 3 mil 346 millones de pesos.
El sitio se dividía en cuatro módulos: Seguridad, Operaciones, Alertas Nacionales e Instalaciones Estratégicas. Además, prometía una capacidad de almacenamiento de 400 terabytes, con registros de biometría facial, huellas, ADN y voz.
Plataforma México y el búnker de García Luna
A la inauguración asistieron figuras de primer nivel de la cooperación internacional en materia de seguridad: Michele Leonhart, entonces directora de la DEA, y Ronald Noble, en ese momento secretario general de Interpol.
Su presencia, más que un gesto protocolario, ilustraba hasta qué punto Washington consideraba a Felipe Calderón un socio estratégico en la reconfiguración de la inteligencia mexicana. Con el tiempo, sin embargo, la propia administración federal ofrecería un balance demoledor sobre esa inversión:
“El búnker nunca afectó ni debilitó a los cárteles, ni ayudó a disminuir la violencia”.
100 vuelos militares de EU sin autorización del Senado
La injerencia no se quedó en la inteligencia y la tecnología: también tomó forma en el espacio aéreo mexicano. En enero de 2026, el diputado de Morena Arturo Ávila acusó que durante el gobierno de Felipe Calderón se permitieron más de 2 mil vuelos de aeronaves y agencias militares estadounidenses sobre territorio nacional, de los cuales alrededor de 100 no contaron con la autorización del Senado que exige la ley para este tipo de operaciones.
De acuerdo con Ávila, “hubo aeronaves de inteligencia y de logística” entre los equipos utilizados figuraron aviones Hércules C-130, aeronaves de patrullaje P-3 Orion y drones; es decir, los mismos modelos que, casi dos décadas después, volvieron a generar controversia.
100 vuelos militares de EU sin autorización del Senado
La denuncia se dio a conocer luego de que un C-130 Hércules de Estados Unidos aterrizara en Toluca el 17 de enero de 2026, un episodio que la propia presidenta Claudia Sheinbaum defendió como parte de actividades de entrenamiento autorizadas desde octubre de 2025 y sin la presencia de tropas estadounidenses.
Para dimensionar el fenómeno, Ávila recordó que, ya durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la cifra de vuelos militares estadounidenses subió a mil 200, de los cuales cerca de 180, un 20 por ciento, tampoco contaron con autorización legislativa.
100 vuelos militares de EU sin autorización del Senado
El dato, sin embargo, no exime al gobierno de Felipe Calderón, pues fue durante su administración cuando ese patrón de vuelos sin control legal comenzó a normalizarse.
Rápido y Furioso, “intromisión alevosa”: AMLO
Ningún episodio ilustra mejor los riesgos de esa cooperación descontrolada que el operativo Rápido y Furioso, la fallida operación encubierta mediante la cual agencias estadounidenses permitieron, y en la práctica facilitaron, el paso de armas de alto calibre hacia el Cártel de Sinaloa, bajo la premisa de rastrear su destino final.
El resultado fue exactamente el contrario al buscado: cientos de armas se perdieron el rastro y terminaron en manos del crimen organizado en México, algunas de ellas vinculadas después a hechos de violencia en ambos lados de la frontera.
Rápido y Furioso, "intromisión alevosa": AMLO
Años más tarde, ya como presidente, Andrés Manuel López Obrador resumiría en una de sus conferencias matutinas el balance de aquella etapa, a propósito de la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero:
“Esa intromisión, alevosa, de las agencias del Gobierno de EUA”.
Y remató con una frase que buscaba marcar distancia con el pasado:
“Ya no son los tiempos de Calderón, ya no son los tiempos de Rápido y Furioso”.
AMLO también señaló que Felipe Calderón desconfiaba del Ejército y por eso se apoyó preferentemente en la Marina para las operaciones contra el crimen organizado, un dato que ayuda a explicar por qué ciertas decisiones de seguridad se tomaron con tan poco control civil e institucional.
Su gobierno, sostuvo, mantiene cooperación con agencias estadounidenses, “pero se respeta nuestra soberanía”; esta es una distinción que buscaba dejar claro que la relación bilateral en materia de seguridad no debía repetir los excesos de la década anterior.
Delitos de García Luna “sin el conocimiento” de Calderón
El personaje que operó ese entramado de cooperación, y que terminó encarnando su lado más oscuro, es Genaro García Luna.
El hombre que dirigió el búnker de inteligencia y la relación operativa con la DEA, el FBI y la CIA durante el sexenio de Felipe Calderón fue declarado culpable en febrero de 2023 en una corte de Nueva York por narcotráfico, colaboración con el Cartel de Sinaloa y perjurio ante autoridades estadounidenses.
Delitos de García Luna "sin el conocimiento" de Calderón
En octubre de 2024 recibió una sentencia de 38 años de prisión y una multa de 2 millones de dólares; actualmente cumple condena en el penal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, el mismo complejo donde permanece recluido Joaquín El Chapo Guzmán.
En diciembre de 2025, el equipo de defensa de García Luna presentó una apelación en la que calificó la sentencia de “desproporcionada e irrazonable” y “sorprendentemente mayor a lo necesario”.
El recurso enumera cinco presuntas irregularidades en el proceso; entre ellos, la imposibilidad de contrainterrogar a testigos clave y la falta de acceso a evidencia clasificada que pudiera exculparlo.
Delitos de García Luna "sin el conocimiento" de Calderón
Asimismo, destaca el uso de testimonios de testigos que, según la defensa, carecían de credibilidad y llegaron a hacer declaraciones falsas; incluso, la presentación de fotografías de sus propiedades sin relación directa con los cargos que se le imputaban. Y finalmente, un presunto abuso de autoridad del juez al negarle una audiencia para solicitar un nuevo juicio.
El caso de García Luna no solo cerró, en el terreno judicial, uno de los capítulos más comentados de la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. También confirmó, con una sentencia firme dictada por un tribunal estadounidense, que el hombre que administró la cooperación más estrecha entre ambos países durante el gobierno de Felipe Calderón operaba, al mismo tiempo, al servicio del crimen organizado que decía combatir.
Los límites entre la cooperación entre EU y México
Más de una década después de que terminara el sexenio de Felipe Calderón, el debate sobre los límites de la cooperación en seguridad con Estados Unidos sigue abierto.
Los vuelos militares, los centros de fusión de inteligencia y el búnker construido para García Luna no fueron episodios aislados, sino piezas de un mismo modelo.
Los límites entre la cooperación entre EU y México
Se trata de una relación bilateral en la que agencias estadounidenses operaron con márgenes de autonomía inusuales dentro de territorio mexicano, muchas veces sin el control pleno, ni siquiera el conocimiento oportuno, de las propias autoridades mexicanas.
Al final, la herencia de la administración de Felipe Calderón en materia de seguridad nacional no es más que una infraestructura de inteligencia que nunca debilitó a los carteles, y un exsecretario de Seguridad condenado a 38 años de prisión por colaborar con el crimen organizado que combatía.
Con información de La Jornada, Contralínea, El Financiero, Vanguardia e Infobae
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