sinembargo.mx
Doce años del peor incidente ambiental de México, y ni Grupo México ni Larrea cumplen
Habitantes de la Cuenca del Río Sonora denunciaron que "la simulación gubernamental" ha marcado los 12 años del derrame de la mina de Grupo México, en Sonora, por lo que el gran pendiente de las autoridades locales y federales es la atención médica.
Montserrat Antúnez
11/09/2026 - 9:30 pm
Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).– Doce años después de que Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, provocara uno de los peores desastres ambientales de la minería en México, la empresa de Germán Larrea sigue sin reparar integralmente los daños en los ríos Bacanuchi y Sonora. Mientras más de 22 mil personas continúan expuestas a las consecuencias ambientales y sanitarias del derrame, el magnate, uno de los hombres más ricos del país y cabeza del conglomerado responsable de la mina, ha mantenido silencio público sobre la tragedia y no ha dado la cara ante las comunidades afectadas.
El 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre derramó 40 millones de litros de una solución de sulfato de cobre en el arroyo Tinajas, en Cananea, que posteriormente alcanzó los ríos Bacanuchi y Sonora. Desde entonces, las comunidades denuncian que Grupo México ha eludido una reparación integral mientras los gobiernos han administrado el conflicto: han pasado tres administraciones estatales y tres presidencias entre promesas incumplidas, falta de atención médica, obras inconclusas, escasa coordinación institucional y opacidad sobre los acuerdos que obligan a la compañía de Larrea a hacerse cargo de los daños que dejó el desastre.
El papel gubernamental también marca los 12 años del derrame de la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, en Sonora. De acuerdo con las comunidades afectadas, durante tres gobiernos locales y tres presidencias se han enfrentado a la falta de atención médica, la poca coordinación entre autoridades para garantizar la restauración de los ríos Bacanuchi y Sonora, así como la opacidad en los acuerdos que obligan a Grupo México, del multimillonario Germán Larrea, a reparar los daños.
El 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre derramó 40 millones de litros de una solución de sulfato de cobre en el arroyo Tinajas, en Cananea, que alcanzó a los ríos Bacanuchi y Sonora. El derrame afectó a más de 22 mil personas en ocho municipios de la cuenca que siguen sin garantías de atención médica.
"Yo soy originario de Ures, es la población más grande del Río Sonora, y hasta esta fecha, a 12 años del derrame no tenemos nada, ningún avance, puras promesas, como que sólo están administrando el conflicto porque en realidad no tenemos ni atención a las personas que ya están enfermas, ningún programa preventivo que les hemos sugerido y la Secretaría de Salud no ha tomado cartas en el asunto", dijo en entrevista Antonio Romo Paz, profesor e integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora.
Él, como otras y otros habitantes de los municipios afectados, se ha capacitado en los últimos años en toxicología para entender las afectaciones que dejó el derrame, por ello denuncia que sigue sin existir voluntad entre las secretarías de Salud, del Bienestar, el IMSS Bienestar y las autoridades locales.
"Es muy importante que se comuniquen entre las secretarías, pero no hay protocolos de coordinación. Y sí se necesita porque se trata de salvar vidas, se trata de que ya no haya otros accidentes que puedan ser fatales", agregó Romo Paz.
Comunidades afectadas por el derrame de Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi en agosto de 2014 denuncian que las afectaciones siguen sin ser reparadas.
Desde 2022 se realizaron muestras de laboratorio con autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat), las secretarías de Salud y del Trabajo para llegar a una reparación integral. El Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE) realizó muestras a mil 500 personas y encontró 705 casos con plomo en sangre que requieren tratamiento de por vida, también y determinó que el 99 por ciento de la población de la Cuenca está en riesgo. Los Comités de Cuenca del Río Sonora denunciaron que, igual que hace más de una década, las 705 personas identificas siguen sin tratamiento.
"Lo que más me da preocupación es que la Secretaría de Salud sabiendo, porque ellos tienen esos datos, no más nos avisaron: 'Usted tiene plomo, cadmio, arsénico'. Así le dijeron a la población, pero nunca hubo el seguimiento. Nada más asustaron a la población, usted ya va a tener cáncer. Es un desentendimiento tanto del IMSS Bienestar, que es la dependencia a la que le toca en los tratamientos. Hasta la fecha, ni una sola persona ha podido atender. Hay una promesa de un hospital que para el año que viene se va a terminar, pero antes nosotros les dijimos que ya urge la atención. Hasta la fecha no nos ha atendido ningún médico toxicólogo. Ni medicina preventiva, ni atención para los que ya están enfermos", lamentó Antonio Romo,
El 5 de agosto el Gobierno federal colocó la primera piedra del Hospital del Río Sonora, que dará atención en áreas como ginecología, toxicología, además de hacer análisis de metales pesados y seguimiento epidemiológico. Una semana después, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, se reunió con los Comités de Cuenca Río Sonora y denunciaron que el Plan de Remediación Ambiental está incompleto y no ha sido compartido formalmente con ellos.
"El Plan de Remediación Ambiental no ha sido compartido con las comunidades, lo obtuvimos vía transparencia y se encuentra incompleto. En la reunión del 20 de mayo de 2025, encabezada por la Secretaria de Medio Ambiente Alicia Bárcena, se adoptaron compromisos concretos, incluyendo la restauración integral de la cuenca y la publicación del plan en el Diario Oficial de la Federación. Esos compromisos no han tenido continuidad y por lo tanto, no existe un plan con validez oficial ni compromiso más allá de los funcionarios en turno. No queremos volver a empezar de cero cada cambio de personal", plantearon los Comités en un mensaje frente a la Secretaria Alicia Bárcena, la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy, y el Gobernador Alfonso Durazo.
Los pendientes de Grupo México
En octubre de 2023, María Luisa Albores, entonces titular de la Semarnat, informó que la depedencia denunció penalmente a Grupo México porque no había cumplido con la remediación ambiental, además rechazó que el derrame de metales haya sido un accidente, dijo que se trató de una “negligencia de construcción”.
Grupo México y el Gobierno federal firmaron un convenio para que la empresa pague mil 500 millones de pesos para ejecutar acciones de remediación, restauración y salud, pero el monto apenas representa el 7.5 por ciento de los 20 mil millones de pesos en los que autoridades federales ha cuantificado el daño total. Hasta ahora no se publicó el convenio ni la metodología que siguió.
Protesta de organizaciones civiles frente a las oficinas de Grupo México en 2022, a ocho años del derrame minero que afectó al Río Sonora y Bacanuchi.
"La empresa ha instrumentalizado recursos legales en instancias administrativas para obstaculizar la ejecución de sentencias favorables a las comunidades, argumentando como principal razón la supuesta afectación económica que implicaría cumplir con sus obligaciones de reparación y mitigación", señalaron los Comités de Cuenca del Río Sonora en un informe publicado esta semana.
Otro pendiente del Estado es la limpieza del agua y zonas afectadas por el derrame. En 2014 el Gobierno de Enrique Peña Nieto firmó un convenio de colaboración con Grupo México para crear el Fideicomiso Río Sonora, y aunque las comunidades afectadas no fueron incluidas se planteó la construcción de 36 plantas potabilizadoras, el proyecto se redujo a nueve que quedaron en obra negra. Actualmente, solo opera de manera intermitente una planta móvil en San Rafael, Ures.
Para diciembre de 2025,el gobierno federal redujo la meta a 16 plantas potabilizadoras, por ello habitantes de la cuenca del Río Sonora piden conocer la justificación técnica.
"Todavía no se empieza la cuestión donde la remediación, Se va a empezar el mes que entra, el 1 de octubre. Hemos tenido reuniones, pero no hay garantía del monitoreo, no hablan de monitoreo, no hablan de restauración. En cuanto a las potabilizadoras, Conagua trató de ese tema tema, pero hasta la fecha ni siquiera nos han llamado", mencionó el académico Antonio Romo.
Agregó que la falta de protocolos y obligaciones claras para Grupo México han tenido como consecuencia que otros derrames ocurran sin sanciones y cuidado a la población de Sonora. Apenas en julio, Ferromex, un empresa ferroviaria subsidiaria de Grupo México, provocó un derrame químico en el municipio de Cuauhtémoc de Naco, cuando se descarrilaron tres góndolas en el tramo Cananea-Agua Prieta.
Romo señaló que la empresa no neutralizó el ácido derramado, por lo que al día siguiente llovió, el agua reaccionó con los químico y comenzaron a emanar vapores tóxicos, ya que el área seguía sin estar delimitada por Protección Civil la gente que transitó por ahí se expuso a los vapores. Por ello, desde la Cuenca del Río Sonora exigen cumplir los compromisos con las comunidades para no revictimizarlas
"La simulación gubernamental de la reparación se ha convertido en una forma de revictimización institucional. Cada nuevo anuncio, plan o compromiso incumplido prolonga los daños ocasionados por el desastre, perpetúa la exposición de las comunidades a riesgos ambientales y sanitarios y retrasa el acceso efectivo a la justicia, a la verdad y a la reparación integral", señalaron los comités y la organización PODER.
SOCIALES