El Comité de Evaluación del Poder Judicial desató la polémica tras publicar en el Diario Oficial de la Federación la lista de aspirantes que cumplieron los requisitos para contender por los cargos de jueces, magistrados y ministros.
Entre los 25 nombres que buscan integrarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destacan Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la ex ministra y diputada federal por Morena Olga Sánchez Cordero, y Marisela Morales, exprocuradora General de la República durante el gobierno de Felipe Calderón.
La inclusión de García Villegas Sánchez Cordero ha encendido las alarmas pues se cuestiona si su postulación responde a méritos propios o a una posible ventaja derivada de la influencia de su madre, una figura central en la política nacional y exministra de la SCJN.
Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la ex ministra Olga Sánchez Cordero
Por su parte, la candidatura de Marisela Morales revive las críticas hacia su papel como procuradora durante la llamada “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, una etapa caracterizada por violaciones a derechos humanos y abusos de autoridad.
Mientras estas candidaturas suscitan cuestionamientos, el listado deja fuera a ministras actuales como Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, quienes tienen pase directo al proceso electoral gracias a las disposiciones de la reforma judicial.
Además, la convocatoria abarca otros perfiles clave: nueve aspirantes al Tribunal de Disciplina Judicial, ocho para la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y 573 abogados que buscan una plaza como jueces.
El proceso de selección, enmarcado por la Reforma Judicial impulsada por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta Claudia Sheinbaum, se presenta como un paso hacia la transformación del Poder Judicial.
El próximo paso será la evaluación de la idoneidad de los candidatos por parte de los comités del Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con la publicación de la lista final prevista para el 31 de enero de 2025.
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